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El proyecto Gobierto ha presentado el ‘Estudio Anual sobre Contratación Pública en España 2021’ en el que analiza casi 373.000 contratos adjudicados entre 2019 y 2021 por administraciones españolas.
Una de sus principales conclusiones es que el 40,29% de los contratos públicos adjudicados en 2021 (excluyendo los menores) fue otorgado a la única oferta que se presentó, es decir, sin que hubiese competencia.
“Un porcentaje tan grande con único licitador es un indicio de que puede haber algún problema en la gestión práctica de la contratación pública”, indica a Maldita.es José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio para la Contratación Pública.
De hecho, la ley de contratos del sector público pide que cuando sea posible se invite a un mínimo de tres licitadores en varios tipos de contratos, pero los contratos adjudicados en 2021 a los que se presentaron menos de tres licitadores representan el 60,45% de todas las adjudicaciones de ese año.
Menos contratos abiertos y más negociados sin publicidad: un problema “evidente” para la transparencia
Cuando la Administración contrata a una empresa puede hacerlo mediante diferentes procesos, que pueden ser más o menos transparentes. En un extremo está el procedimiento abierto, en el que cualquier interesado puede presentar una propuesta, pero no es posible negociar los términos del contrato. Estos eran en 2019 la opción mayoritaria, pues representaron el 54% de las adjudicaciones, pero, tras una bajada en 2020 hasta el 47,47%, en 2021 no se recuperaron. El año pasado, aunque siguen siendo el tipo de contrato más común, están seis puntos porcentuales por debajo de los niveles de 2019.
En el otro extremo están los contratos negociados sin publicidad. Para adjudicar un contrato de este tipo, la Administración no publica un anuncio de licitación para que se presenten los interesados, sino que puede adjudicarlo a la empresa que considere tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos.
De representar el 8% de las adjudicaciones en 2019, su peso se duplicó en 2020 llegando hasta el 16,15%. El año pasado siguió quedando 1,92 puntos porcentuales por encima del año anterior a la pandemia.
Que los contratos negociados sin publicidad supongan cada vez más porcentaje del total es un problema “evidente” para la transparencia, explica Bernabé Palacín, experto en contratación pública invitado por Gobierto a la presentación del estudio. Por eso considera importante utilizarlo sólo en los casos previstos en la ley de contratos del sector público (artículo 168), algo en lo que coincide su compañera Cristina Grimaldos, técnica superior en Derecho y Contratación pública del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Por otro lado, los procedimientos abiertos simplificados y los supersimplificados supondrían una “cierta limitación” de la transparencia, pero no una “ausencia” de transparencia como puede suponer el procedimiento negociado sin publicidad, señala Bernabé preguntado por Maldita.es.
El procedimiento cuyo peso ha crecido más es el de los contratos basados en acuerdos marco. En estos casos, la Administración acuerda con una o varias empresas las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un tiempo determinado. Según el estudio de Gobierto, “este boom parece tener su origen en el artículo 54.2 del real decreto 36/2020”, destinado a distribuir los fondos europeos de recuperación tras la pandemia, que habilita al Ministerio de Hacienda a suscribir acuerdos marco en el ámbito de la asistencia técnica, la consultoría y la auditoría.
Tres de cada 10 contratos de abril de 2020 se licitaron por la vía de emergencia
Otro de los hallazgos del estudio de Gobierto es la irrupción de los contratos de emergencia que llegó con la pandemia de COVID-19. El 28,93% de todas las licitaciones en abril de ese año (incluyendo en este caso los contratos menores) fue tramitada por esta vía.
En 2021 esa tendencia continuó, aunque de forma menos pronunciada. Bernabé comenta sobre este fenómeno que en 2021 hubo licitaciones tramitadas por el procedimiento de emergencia “con causa”, es decir, relacionadas directamente con las necesidades impuestas por la COVID-19, y “sin causa”, es decir, que aprovechaban la pandemia para tramitarse por esa vía cuando no era estrictamente necesario.
El estudio de Gobierto ha analizado casi 373.000 contratos adjudicados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, además de unos 293.000 contratos menores otorgados en 2021, todos ellos publicados en el portal de contratación del sector público y los de Cataluña y País Vasco.
Esto produce una radiografía “bastante fiel” de la contratación de la Administración General del Estado, de la Administración local y de la mayoría de comunidades autónomas, pues publican sus datos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sergio Jiménez, codirector de Gobierto, responde a Maldita.es que para compensar la falta de datos de algunas autonomías han utilizado proporciones para los principales indicadores.
“Hemos evitado cifras absolutas para que en caso de que hubiera oscilaciones en las comunidades autónomas que no estamos reflejando, estas no tuvieran un impacto tan severo”, explica. “Creemos que la fiabilidad es bastante alta cuando hablamos de estos datos y proporciones”, remarca. También han excluido algunas comparaciones precisamente por esta razón.
