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La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno “no cumple con la consideración de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno como ejes fundamentales de toda acción política”. Es la denuncia que hace el Consejo de Transparencia en una resolución sobre un caso en el que Moncloa no respondió a la solicitud de información pública interpuesta por Maldita.es ni a las alegaciones que le había pedido el propio Consejo para poder resolver la reclamación.
El caso que acabó con esa resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) trata del viaje del presidente Pedro Sánchez a Nueva York durante el año pasado. Presidencia del Gobierno ha respondido a dos resoluciones en las que el Consejo daba la razón a Maldita.es como solicitante de información de ese viaje, pero no las ha cumplido ni ha entregado la información que se le exigía.
El viaje del presidente Pedro Sánchez a Nueva York fue en septiembre de 2019, cuando asistió a la ‘Climate Week’ de esta ciudad. En una de esas solicitudes Maldita.es había pedido el gasto del viaje, el listado de los acompañantes del presidente y el registro de las reuniones que había mantenido. Pero Moncloa no lo ha entregado a pesar de que el Consejo de Transparencia dio la razón a este medio.
En la otra solicitud, Maldita.es pedía, precisamente, el test de daño (el recurso de las Administraciones para ponderar si algún límite puede prevalecer sobre el derecho de acceso a la información solicitada) que Moncloa decía haber realizado para no dar la información de la solicitud del viaje. Presidencia del Gobierno también se ha negado a hacerlo público, aunque el Consejo haya estimado el caso a favor de Maldita.es, e incluso incluye falsedades en sus respuestas para no entregar una copia de ese test.
La resolución en la que el Consejo de Transparencia critica ese incumplimiento de Moncloa con la transparencia es precisamente la del caso del test de daño. Aunque la falta de respuesta por parte de Presidencia del Gobierno a la petición de alegaciones que hace el Consejo no es nueva. Se trata de una mala práctica que La Moncloa lleva tiempo haciendo desde que Sánchez llegó al Gobierno.
Algo similar sucedió en la primera reclamación sobre la información del propio viaje de Sánchez a Nueva York. El CTBG pidió alegaciones a Presidencia del Gobierno el 11 de diciembre de 2019 y, al no recibir respuesta, volvió a hacerlo el 14 de enero de 2020. Moncloa acabó respondiendo el 21 de febrero, excediendo por mucho el plazo marcado por el Consejo, hecho que este organismo criticó, apuntando que con este retraso Presidencia “dificulta la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública”.
El viaje de Sánchez a la Gran Manzana: Moncloa oculta toda la información que el Consejo de Transparencia ha dicho que tiene que entregar
El caso del viaje del presidente Pedro Sánchez a Nueva York ha sido un nuevo ejemplo de los incumplimientos de Moncloa respecto a lo que dicta el Consejo de Transparencia. Eso sí, esta vez Presidencia ni siquiera ha llegado a ignorar la resolución del Consejo sin decir nada al respecto o a recurrirla ante los tribunales, sino que la ha respondido contraargumentando, una posibilidad que no recoge la legislación española.
La primera respuesta de Moncloa a las resoluciones del Consejo sobre este caso hace referencia a la solicitud del test de daño que habían realizado desde Presidencia del Gobierno. Moncloa contestó con un documento firmado a las 19:20 del 4 de junio por la vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno, María Hilda Jiménez. En él dicen que como esa reclamación trata una materia de otra anterior, que ya había sido reclamada, hay que dar curso a aquella y no a una nueva y que esa primera reclamación sobre la información del viaje se encuentra “en trámite de alegaciones”. Presidencia entendía, según su documento, que, por lo tanto, “no resulta posible atender el objeto de la solicitud de acceso a la información presentada”.
Respuesta de Moncloa a la r... by Maldita.es on Scribd
Esa afirmación firmada por la vicesecretaria es falsa. La otra reclamación ya había sido resuelta hacía tres meses, era pública en la web del Consejo de Transparencia y no había ningún trámite ni de alegaciones ni de otro tipo pendiente. Lo sorprendente del caso es que justo un minuto después de la respuesta de la vicesecretaria a la resolución del Consejo sobre el test de daño, a las 19:21 del 4 de junio, Moncloa contesta la resolución sobre la información del viaje, la que ellos afirmaban que se encontraba “en trámite de alegaciones”. Aún así, en el documento, firmado de nuevo por la vicesecretaria María Hilda Jiménez, tampoco se aporta ninguna información.
Respuesta de Moncloa a la r... by Maldita.es on Scribd
Presidencia del Gobierno en esa respuesta, además, decía que lo solicitado no se “corresponde con la definición de información pública de la Ley de Transparencia”. Contradiciendo así al Consejo de Transparencia que había resuelto precisamente que sí se correspondía.Y se reafirman en argumentos como que la información sobre los viajes del presidente del Gobierno está clasificada, algo que desmontaba el propio Consejo de Transparencia en esa resolución y en otras anteriores.
La agenda incompleta de Pedro Sánchez en la web de La Moncloa
Pero este no es el único argumento en el que Moncloa no acata lo que dice el Consejo de Transparencia. Tampoco aceptan tener que entregar la agenda completa de reuniones de Sánchez en Nueva York, uno de los datos que solicitó Maldita.es a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en un primer momento.
Moncloa resolvió la solicitud dirigiéndonos a la agenda de Sánchez en la web de La Moncloa. En esta agenda, en realidad, no aparece ni el gasto ni los acompañantes de sus viajes. En ella deberían aparecer todas las reuniones del presidente, ya fueran en Nueva York o en España, pero no es así. Por ejemplo, varios medios informaron de que Sánchez se había reunido con el presidente del fondo Blackstone o con la directora de inversiones de la fundación de George Soros durante su estancia en la Gran Manzana. Algo que la agenda de Moncloa resolvía diciendo que se había reunido con “inversores norteamericanos” sin ofrecer ningún detalle más.
Miguel Ángel Blanes, experto en transparencia: "A efectos prácticos el derecho de acceso a la información no existe ante Moncloa"
El doctor en Derecho y experto en transparencia, Miguel Ángel Blanes, explica a Maldita.es que un caso como este es la consecuencia de que las resoluciones del Consejo de Transparencia no sean de obligado cumplimiento para la Administración: “El incumplimiento sale gratis”.
“Es un problema muy grave. La Ley de Transparencia necesita ser reformada, ya que no otorga al Consejo la posibilidad de imponer multas o sanciones a la autoridad o funcionario responsable del incumplimiento de sus resoluciones. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo no puede quedar a la libre voluntad de la Administración. Si no se modifica la Ley de Transparencia para atribuir al Consejo estas armas, la Administración irá incumpliendo cada vez más sus resoluciones, puesto que comprobará, como sucede ahora, que no pasa nada”, detalla el experto.
Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, una organización fundada en 2006 y dedicada a la promoción y protección del derecho de acceso a la información, coincide en señalar el mismo problema debido a la falta de capacidad de actuación del Consejo de Transparencia.
“En un estado de derecho, una institución debe cumplir con las decisiones de cualquier órgano de control. Es cierto que el Consejo de Transparencia no emite decisiones vinculantes. Esto es un fallo en la ley, desde Access Info llevamos años expresando nuestra preocupación y reclamando una reforma de la ley para fortalecer los poderes del Consejo de Transparencia. Sin embargo, aún sin ser formalmente vinculantes, se deben respetar las decisiones del Consejo de Transparencia, o eso o tener el coraje de recurrir ante los tribunales y dejar a los jueces fallar sobre el asunto”, resume Darbishire.
Blanes va aún un paso más allá al hablar sobre la forma de actuar en materia de transparencia de la Presidencia del Gobierno en casos como el del viaje de Sánchez a Nueva York: “Se sienten impunes porque saben que incumplir la Ley de Transparencia no tiene consecuencias. Se están burlando del Consejo de Transparencia y de los ciudadanos. No solo no cumplen con sus resoluciones, sino que se permiten seguir poniendo infundadas excusas, cada vez más peregrinas, para no dar la información”.
“Si las resoluciones del CTBG no se cumplen y apenas nadie puede acudir a los tribunales porque resulta muy costoso en términos de tiempo y dinero, sencillamente, el derecho de acceso a la información pública no vale nada frente a Moncloa. A efectos prácticos, es como si este derecho de acceso no existiera frente a Moncloa. Ni más ni menos. Formalmente existe, porque en una democracia no se podría reconocer legalmente su inexistencia, pero materialmente, en realidad, no existe, porque no puedes acceder a la información pública”, explica Blanes.
Darbishire, por su parte, califica la actuación de Moncloa en este caso como “muy preocupante” y explica que otro de los problemas de la transparencia en nuestro país es “no tener el reconocimiento del derecho de acceso a la información como derecho fundamental”. “Tenerlo reconocido permitiría tener procedimientos vinculantes y sancionadores del incumplimiento de las obligaciones legales. Sin embargo, mientras la ley no ofrezca estas garantías, es necesario que cumplan con sus compromisos públicos hacia la transparencia”, apostilla.
La directora ejecutiva de Access Info, además, acusa al Gobierno de hacer declaraciones públicas a favor de la transparencia, pero después no actuar en consecuencia. “Los líderes del Gobierno desde que estaban en la oposición hasta hoy en día hablan de la importancia de mejorar la transparencia. Por ejemplo, la Ministra Carolina Darias en su comparecencia ante la Comisión de Función Pública del Senado, el pasado 4 de junio, habló de su compromiso para asegurar «la máxima garantía del ejercicio del derecho de acceso a la información», pero después el acercamiento del Gobierno a la transparencia y al Consejo es diametralmente opuesto”.
Moncloa incumplió en 2019 una de cada tres resoluciones del Consejo de Transparencia
En 2019 la Secretaría General de Presidencia del Gobierno incumplió una de cada tres resoluciones del Consejo de Transparencia. El Consejo estimó 30 reclamaciones el año pasado a favor de ciudadanos que habían solicitado información a este órgano directivo de Moncloa. Sobre diez de ellas no consta cumplimiento, según datos de 12 de diciembre de 2019, la última vez que el Consejo los actualizó.
Esto hace que 10 de las 52 resoluciones de 2019 sobre las que el Consejo de Transparencia no tiene constancia de su cumplimiento ni han sido recurridas ante los tribunales sean de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. La única administración que supera a Moncloa acumulando aún más incumplimientos es el Ministerio del Interior, con 17. Alguno de ellos también tras una solicitud y una reclamación de Maldita.es, como con el caso de los informes de la muerte del coreógrafo Pedro Aunión en el festival Mad Cool. Eso sí, Interior incumplió el 27,87% de las resoluciones sobre materias de su competencia, una cifra más baja que el 33,33% de incumplimientos de Presidencia del Gobierno.
Para Miguel Ángel Blanes “no son comparables los incumplimientos de cualquier ministerio con los incumplimientos de Moncloa. Si el representante de todo el Gobierno, es decir, la Presidencia, no da ejemplo siendo transparente, difícilmente los restantes Ministerios que componen el Gobierno se sentirán obligados a ser transparentes”.
El dato de Moncloa de un tercio de incumplimientos de Moncloa sólo lo superan los ministerios de Asuntos Exteriores (44,44%) y Hacienda (50%). Pero los dos ministerios tienen menos resoluciones que Presidencia o Interior, hecho que hace que unos pocos incumplimientos les sitúen directamente en cabeza de la estadística. Pero tanto Presidencia e Interior como Asuntos Exteriores y Hacienda se sitúan bastante por encima de la media de incumplimientos de la Administración General del Estado (AGE), donde se incluyen también empresas públicas. El año pasado la AGE en su conjunto no cumplió ni llevó ante la justicia 52 de las 285 resoluciones del Consejo de Transparencia: un 20,16%.
Primera fecha de publicación de este artículo: 03/07/2020
