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MALDITO DATO

Más de 185.000 manifestaciones convocadas desde 2015: así protestó España

Publicado lunes, 17 febrero 2020
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Sevilla, Albacete, Barcelona, Cáceres, Bilbao, Madrid… El 8 de marzo de 2018 cientos de miles de personas se manifestaron por el Día de la Mujer en ciudades de toda España. En Madrid, por ejemplo, la marcha que paralizó el centro de la ciudad y a la que asistieron alrededor de 170.000 personas, según la Policía Nacional, fue tan solo una de las 188.751 que se convocaron entre 2015 y 2018 en todo el país. Durante esos cuatro años hubo una media de 129 manifestaciones convocadas al día en España.

A través de diversas solicitudes de información pública, desde Maldita.es hemos accedido a los datos recopilados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y por los gobiernos autonómicos de Cataluña y País Vasco de las manifestaciones convocadas entre 2015 y 2018.

Una de cada 4 manifestaciones se convocó en el País Vasco

Según estos datos, entre 2015 y 2018 el 26,4% de manifestaciones se convocaron en el País Vasco, el 18,1% en Andalucía y el 8,9% en Cataluña. Estas tres comunidades autónomas acumularon más de la mitad de las manifestaciones convocadas en todo el país en este período. Sin embargo, atendiendo a la población de cada una de las provincias, la relación de convocatorias por habitante muestra cuáles fueron aquellas donde hubo una mayor frecuencia de convocatorias.

Concretamente la provincia donde hubo una mayor tasa de convocatorias por habitante fue en Gipuzkoa, con más de 26 convocatorias por cada 1.000 habitantes, y Bizkaia fue la provincia donde se convocaron más manifestaciones en números absolutos con 23.368. Estas dos provincias lideran el ránking de convocatorias en España tanto en número total de manifestaciones como en convocatorias por número de habitantes.

Las menos reivindicativas, en cambio, fueron Girona y Badajoz, con apenas 1,5 convocatorias por cada mil personas.

2018 fue el año con más convocatorias en 32 de las 52 provincias

En 2018 se registró el mayor aumento de convocatorias desde 2015 llegando a las 53.726. De hecho, aumentaron un 20% con respecto al año anterior, pero fue en la provincia de Barcelona donde más aumentaron en números absolutos desde 2015 a 2018, ya que pasaron de convocarse 1.787 a 5.047. Por otro lado, el 2018 en Cataluña fue un año marcado por el ‘procés’ y sus consiguientes manifestaciones callejeras.

En otras provincias como Pontevedra o Cádiz, que son, además, dos de las más activas en cuanto a manifestaciones convocadas, se redujo la cifra de protestas en esos cuatro años.

Las manifestaciones deben ser comunicadas pero no necesitan permiso de las autoridades

Las manifestaciones, por ley, deben ser comunicadas a las autoridades. En el caso de Cataluña y País Vasco deben comunicarse a las consejerías encargadas en materia de seguridad y en el caso del resto de España, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Según establece la Ley 9/1983 del derecho de reunión, se considera manifestación toda concentración temporal de más de 20 personas y con una finalidad determinada. Además deben ser comunicadas con una antelación mínima de 10 días, siempre que no haya “causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria”. En estos casos se permite un plazo de 24 horas anteriores a la celebración de la convocatoria.

La ley también dispone que las manifestaciones no necesitan autorización previa, pero si las autoridades consideran que “existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público” pueden prohibirlas [art. 5 de la Ley 9/1983], hayan sido estas comunicadas o no.

Hay diferencias entre los datos gestionados por el gobierno estatal y por los de Cataluña y el País Vasco. El gobierno estatal no recopila datos de estas comunidades autónomas porque la competencia en materia de seguridad está transferida a las mismas.

Por ejemplo, País Vasco es la única comunidad autónoma que contabiliza las manifestaciones que al final llegan a celebrarse, mientras que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio del Interior no recopilan esta información. En el caso de Interior argumentan que no realizan cálculo debido a la “ingente cantidad” de comunicaciones realizadas.

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