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El lunes informábamos de que el Ministerio de Justicia había decidido acudir a los tribunales para no entregar a Maldita.es el informe de la Abogacía del Estado sobre ceder las competencias a las comunidades autónomas para regular los vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify. El Gobierno interponía un recurso contencioso administrativo contra el Consejo de Transparencia, quien había estimado la solicitud realizada por Maldita.es.
Hoy el diario El País publica que ha tenido acceso a ese informe, casi seis meses después de que Maldita.es solicitara el mismo documento a través de una solicitud de información pública.
No es la primera vez que ocurre
El 17 de septiembre de 2018 Maldita.es solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una copia del informe realizado por la Alta Inspección del Estado sobre el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña.
El 26 de septiembre, 9 días después, el diario El Mundo publicaba que había tenido acceso a ese informe de la Alta Inspección.
Pero no es un problema que ocurra solo con el actual Ejecutivo socialista. Con el Gobierno anterior, del Partido Popular, se produjo otro caso parecido: el que le sucedió en enero de 2018 a la Fundación Civio. Entonces, el Ministerio de Defensa facilitó a El País una lista de pasajeros de los vuelos de Estado que Civio llevaba reclamando desde 2015 a través de solicitudes de información pública e, incluso, acudiendo a los tribunales.
Desde Maldita.es defendemos el trabajo periodístico de los compañeros pero consideramos que la administración no debería facilitar o filtrar información que ha sido requerida anteriormente a través de peticiones de transparencia ya sea por un medio de comunicación o cualquier ciudadano. El hecho de actuar así deteriora el derecho de acceso a la información pública y deslegitima la Ley de Transparencia.
*En un primer momento, este artículo titulaba erróneamente “El informe de la Abogacía del Estado que el Gobierno se negó a dar a Maldita y por el que irá a juicio se filtra a El País”.
La periodista Elena G. Sevillano advirtió a Maldita.es que no se trataba de una filtración sino que el informe había llegado a El País a través de una solicitud de información pública.
En Maldita.es solicitamos el informe tanto al Ministerio de Fomento como al Ministerio de Justicia. El primero remitió en su momento al segundo por ser este último el responsable de la Abogacía del Estado y, por lo tanto, el competente para resolver si entregaba o no dicho informe.
Además, como ya publicamos, el Ministerio de Justicia decidió acudir a los tribunales interponiendo un recurso contencioso administrativo contra el Consejo de Transparencia, quien había instado a que se entregara el informe.
El 3 de agosto de 2018, Maldita.es solicitó el informe al Ministerio de Fomento que se escudaba en que en la petición no se señalaba el día exacto de realización de la consulta a la que el informe da respuesta para no entregarlo. Entonces, Maldita.es decidió el 31 de agosto realizar dos nuevas solicitudes de información para conseguir copia de ese informe tanto al Ministerio de Fomento como al Ministerio de Justicia.
Después de negativas y recursos, el pasado 27 de diciembre, el Consejo de Transparencia estimó las alegaciones de Maldita.es e instó al Ministerio de Justicia a entregar el informe.
El 15 de enero, el Ministerio de Justicia informa al Consejo de Transparencia de que va a interponer un recurso contencioso administrativo y ese mismo día Maldita.es recibe la notificación del recurso interpuesto.
El lunes 21 de enero, desde Maldita.es informamos de la presentación del contencioso por parte del Ministerio para no entregar el informe. El martes 22 recibimos copia de dicho recurso y publicamos una captura del recurso.
El día 23 el diario El País informaba de que ha tenido acceso al informe y explicaba su contenido.
