¿A quiénes afectará esta regularización?
A las personas inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que hayan residido al menos 5 meses. La cifra estimada de beneficiarios de esta regularización es de 500.000, como anunció Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 27 de enero.
Además, Saiz también aseguró que los menores a cargo de estas personas migrantes en situación irregular y los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 también podrán beneficiarse de la regularización.
Según el último informe del centro de análisis Funcas, elaborado con datos del año 2025, a 1 de enero había 840.000 personas no comunitarias en situación administrativa irregular en España.
¿Qué requisitos se exige a las personas migrantes para poder beneficiarse de esta regularización?
Haber residido en España durante al menos 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditarlo, según adelantó Irene Montero en el programa ‘Aquí Catalunya’, de la Cadena Ser, y también aseguró Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Para llevar a cabo esta acreditación no solo será válido el padrón, sino que también se aceptará “una factura, una cita médica, un informe médico” o también “un contrato de luz o un certificado de envío de dinero”. Otra de las medidas exigidas será demostrar no tener antecedentes penales, como ha contado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así, aquellas personas con una orden de expulsión vigente por la comisión de algún delito, no podrían optar a esta regularización.
Saiz también explicó en ‘La Hora de la 1’ que se espera que las solicitudes puedan empezar a presentarse a principios de abril de 2026 y que el proceso esté abierto hasta el 30 de junio. Además, en cuanto a la resolución de las solicitudes, la ministra aseguró que se prevé “un plazo de no más de tres meses”.
¿Qué alega el Gobierno para tramitar la regularización a través de un Real Decreto?
Durante la entrevista en ‘La Hora de la 1’, la ministra Elma Saiz aseguró que, dado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes que llegó al Congreso en abril de 2024 estaba “guardada en un cajón”, han optado por utilizar la figura del Real Decreto, recogida en el marco constitucional, para llevar a cabo la “modificación del reglamento de la Ley de Extranjería”.
Ante este anuncio, VOX afirmó, por medio de una nota de prensa en su página web, que en cuanto la medida se publique en el Boletín Oficial del Estados (BOE), interpondrán “un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo”. Además, consideran que la medida, que al tramitarse mediante Real Decreto no pasa por la votación en el Congreso, no cuenta con “las garantías necesarias de seguridad”.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) tuiteó que la regularización es una medida “para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”.
¿Regularizar es lo mismo que nacionalizar?
No, la regularización y la nacionalización son procesos diferentes. La regularización es un proceso administrativo por el cual las personas migrantes que están irregulares en el territorio obtendrán una autorización de residencia legal. Esta autorización tendrá una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de las familias con hijos menores, según explicó Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, las personas migrantes que soliciten esta regularización podrán trabajar desde el momento en el que su solicitud sea admitida a trámite, un periodo que se estima que no se prolongue más de quince días.
Por otro lado, la nacionalidad por residencia en España es un procedimiento que requiere, al menos, 10 años de residencia “de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”. En el caso de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí, el periodo de residencia se reduce a dos años. Además, deberán hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el conocimiento del idioma español y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En ningún caso la regularización supone la obtención de la nacionalidad.
Además de esta vía, las personas extranjeras también pueden optar a la nacionalidad por opción, por carta de naturaleza o por posesión de estado.
¿La regularización concede derecho a voto?
Estar regularizado no concede automáticamente el derecho a voto. En el caso de las elecciones generales y autonómicas, este es un derecho reservado únicamente a las personas con nacionalidad española.
En cuanto a las elecciones municipales, las personas migrantes que tienen derecho a votar son aquellas que residen legalmente y que o bien son ciudadanas de la Unión Europea, o bien proceden de alguno de los países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad. En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023, pudieron votar extranjeros de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago que hubieran residido cinco años en España (tres en el caso de Reino Unidos y Noruega).
En el caso de las elecciones europeas, el derecho a voto es para ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea que residan en España y a personas con nacionalidad española.
¿Esta es la primera regularización extraordinaria de personas migrantes?
No. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España ha habido otras seis regularizaciones extraordinarias antes de la prevista para 2026. La primera de ellas se produjo en 1986 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y otras dos en 1991 y 1996, con un total de 174.011 solicitudes aprobadas. En 2005 hubo otra regularización de 576.506 personas bajo un gobierno socialista, esta vez durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En el año 2000 y 2001, el gobierno de Aznar (PP) concedió la regularización a cerca de 500.000 personas en situación irregular en sus dos legislaturas.
¿Las personas migrantes regularizadas pueden ser deportadas?
Sí, si cometen algún delito con una pena de prisión superior a un año, como recogen la Ley de Extranjería y el Código Penal. Así lo estableció también el Tribunal Supremo en 2018. Esta expulsión conlleva “la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España”, así como “el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado”.
¿Las personas migrantes regularizadas pueden optar a la reagrupación familiar?
Sí. Según recoge la Ley de Extranjería, las personas extranjeras residentes en España tienen derecho a la reagrupación familiar, después de la renovación del primer permiso de residencia, de su pareja, de sus hijos menores de edad o los de su pareja y de los hijos mayores de edad en situación de dependencia. Además, si consiguen la residencia de larga duración, obtenida tras cinco años de residencia legal y continuada en España, también podrán reagrupar a los ascendientes en primer grado mayores de 75 años.