Los fallos de las pulseras: de errores en la ubicación a problemas en el trasvase de datos
Las contradicciones y explicaciones sin pruebas del Ministerio de Igualdad
Los contratos, adjudicados en 2021 a Telefónica y desde 2023 a Vodafone
La valoración del contrato de Vodafone: un 3,6 sobre 10 en la transición de datos
¿Qué ha ocurrido?
La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 recoge fallos en las pulseras antimaltrato que se colocan a los agresores acusados de violencia machista y con órdenes de alejamiento para que no se acerquen a las víctimas. La Fiscalía detalla que se perdió “el elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento” en casos de violencia de género. Lo atribuyen a que durante el cambio de proveedor de las pulseras se habría producido un vacío informativo que habría provocado, en algunos casos, que los datos de los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento no se pudieran conocer por parte de los juzgados.
Además, trabajadores del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) han explicado en El País que se produjeron fallos en el GPS de los dispositivos, como cambios bruscos en la geolocalización del agresor, “imprecisiones geográficas” que no concuerdan con las órdenes de alejamiento que se establecen en los juzgados, o la “congelación” de la posición de las pulseras, generalmente por un “reinicio forzado”, prohibido según los pliegos. También se han reportado casos en los que el agresor se quitaba la pulsera o la apagaba y el centro Cometa no recibía un aviso por ello.
Entre 2021 y 2023, la empresa encargada de proveer el equipo de seguimiento telemático era Telefónica. Sin embargo, en julio de 2023, siete meses antes de que finalizara el contrato, se sacó a concurso un nuevo procedimiento “abierto acelerado”, que resultó en la adjudicación del contrato a Vodafone en octubre de ese año.
Según la memoria fiscal mencionada, “hay víctimas que han perdido juicios por informes incorrectos sobre posicionamientos y, a mayores, hay mujeres que prefieren apagar voluntariamente sus dispositivos ante los errores”. Además, añaden que “hasta la fecha ninguna de las mujeres asesinadas portaba dispositivo de control” [pág. 615].
La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado el 18 de septiembre de 2025 en el que dice que “hubo problemas puntuales debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales” y que esto se había dado durante “un concreto periodo de tiempo”.
En la Memoria de la Fiscalía exponen que Cometa –que cruza información entre los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad– ha informado reiteradamente a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024. Según el portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en marzo de 2024 había 4.810 dispositivos activos, pero no se sabe cuántos de ellos se podrían haber visto afectados.
Los fallos de las pulseras: de errores en la ubicación a problemas en el trasvase de datos
Al hacer el volcado de información de un modelo de pulseras al otro, hay un periodo (hasta el 20 de marzo de 2024 aunque sin especificar fecha de inicio) en el que no se puede saber la ubicación ni los movimientos de algunos de los portadores de las pulseras de control telemático, “lo que implica la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento”. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 23 de septiembre que ese periodo de migración de los datos duró cinco meses, “hubo datos que no estuvieron accesibles para todos los juzgados y la situación se subsanó”.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2024 [pág. 615] reconoce que algunas fiscalías provinciales, como la de Castellón y Pontevedra, “ponen de manifiesto los múltiples fallos que se han detectado con los nuevos dispositivos y con el prestador del servicio”. Además afirman que “han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos y que los equipos son sustituidos con cierto retraso”.
La FGE dice que muchas fiscalías coinciden en que el cambio de prestatario y la nueva adjudicación del servicio han sido los causantes de los problemas en “el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento”. Esto, según las fiscalías, se debe a que no disponen “por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos”. Además, afirman que pidieron “con informes y datos” a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género una “solución, ante la potencial desprotección de las víctimas”. Añaden también que “no tienen constancia” de que el centro Cometa hubiera solventado estos problemas.
Las contradicciones y explicaciones sin pruebas del Ministerio de Igualdad
“Han funcionado en todo momento”. La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), ha repetido en varias ocasiones que “las pulseras y los dispositivos han funcionado en todo momento” y que es “totalmente infundado que hayan fallado”. El 22 de septiembre de 2025 en laSexta dijo que “ni una sola mujer con el dispositivo Cometa ha sido asesinada”. Pero tanto en la memoria de la Fiscalía, como en informes de la Audiencia Provincial de Granada y en testimonios de mujeres en medios de comunicación, queda patente que muchas de ellas se sentían desprotegidas, algunas, incluso, devolvieron las pulseras antimaltrato.
“No han fallado”. Redondo asegura que “pudieron producirse algunos problemas de conectividad o de conexión en aquellos procedimientos por quebrantamiento de condena, pero se iniciaron precisamente porque las pulseras funcionaron correctamente, pero si no, no se habrían podido iniciar. En expedientes de los juzgados publicados por El País se explica cómo se producían “problemas críticos” como que el agresor pudiera quitarse la pulsera sin que llegara un aviso al Centro Cometa o “imprecisiones geográficas” del GPS.
El 18 de septiembre de 2025, El Confidencial publicó que María Ángeles Carmona, ex presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en enero de 2024 (cuando aún ocupaba el cargo) advirtió a Igualdad “de que este servicio [las pulseras] no tenía las garantías”. Sobre esto, la responsable de Igualdad del Gobierno de Sánchez ha respondido que “miente claramente” y ha asegurado tener “pruebas” pero no las ha mostrado: “Hay datos sobre la reunión que mantuvimos, que además fue a iniciativa del ministerio, fuimos al CGPJ a entrevistarnos, por lealtad institucional y por incorporarnos a todos los debates del CGPJ que se estaban produciendo en materia de igualdad, estuvimos reunidas en su despacho y esa reunión se produce en febrero; los problemas detectados por esa migración se producen a partir de marzo que es cuando comienza la migración con el nuevo contrato”.
Por su parte, el Observatorio ha emitido un comunicado en el que aseguran que” las comunicaciones sobre incidencias que puedan recibirse en el Observatorio son trasladadas a los organismos competentes”, en referencia a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente de Igualdad. Añaden también que se notificaron fallos en fechas posteriores a la reunión mencionada por Ana Redondo: desde Granada el 8 de enero y 21 de febrero de 2025, desde Galicia el 27 de febrero de 2025 y que ese mismo día hubo una reunión en la que estuvo el ministerio “y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse”. En diciembre de 2024, Público ya recogió algunos de estos problemas en un artículo.
“No llega al 1%”. En la memoria de la Fiscalía se detalla que esta problemática provocó “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios” [pág. 620]. La ministra de Igualdad dijo el 18 de septiembre que barajaban “un número muy pequeño de casos, que no llega al 1%”. En entrevistas posteriores, Redondo no ha repetido esa cifra y se ha limitado a decir que desconocen cuántos casos ha habido han pedido datos a la Fiscalía y al CGPJ para saber el alcance de los fallos en las pulseras antimaltrato.
El Ministerio Fiscal explica a Maldita.es que no tiene cifras totales porque no le corresponde hacer un monitoreo permanente de las mismas: “Hay que recopilar condenas y ver cuál es la causa de absolución o no en cada una, porque quizás no es la pulsera”. La Fiscalía añade que “tiene conocimiento del fallo de una de las pulseras solo en el caso de que se abra una causa penal por infringir la orden de alejamiento o por mala utilización de las pulseras”. En estos casos, solicitan datos a Cometa y, si no han podido facilitar esos datos, el juez puede recurrir a otros medios de prueba. “Si no hay más, la opción es dictar un sobreseimiento provisional”, aclaran.
La ministra de Igualdad dijo en laSexta en la mañana del 22 de septiembre también que habían trabajado “con discreción” con la empresa responsable de las pulseras para solventar los fallos. Por la noche, le preguntaron en la Cadena SER si se abrió un expediente por ello y no respondió a la pregunta, solamente dijo que habían estado “encima permanentemente de la empresa para ayudar a aportar soluciones y resolver las incidencias”
Yolanda Díaz pide una “pequeña investigación”
Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), ha pedido una “pequeña investigación” por lo ocurrido: “Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que, parece, no funcionaba correctamente y, desde luego, si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos, como es lógico, el derecho a la reparación”.
Los contratos, adjudicados en 2021 a Telefónica y desde 2023 a Vodafone
El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual establece que “el investigado/encausado/condenado llevará una pulsera de pequeñas dimensiones y ligera junto con un teléfono inteligente”. A cargo de su vigilancia está el centro Cometa, conformado por “los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
En el momento de las licitaciones, al frente del Ministerio de Igualdad se encontraba Irene Montero (Unidas Podemos). Preguntada por este asunto en TV3, Montero ha coincido con su sucesora en que las pulseras “nunca han fallado de forma que desprotejan a las mujeres”: “Es un bulo que las pulseras hayan fallado”. Añade que “es uno de los mecanismos más eficaces de protección”.
Entre 2021 y 2023, quien proveía esas pulseras era Telefónica, a quien se había adjudicado la licitación el 13 de septiembre de 2021 para un plazo de 28 meses. Luego, en julio de 2023 se sacó a concurso un nuevo procedimiento “abierto acelerado” con la explicación de que “concurren una necesidad inaplazable y urgente de iniciar un nuevo procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto”. Fue adjudicado a Vodafone el 11 de octubre de ese año.
Montero justifica el cambio de contrato porque “había que hacer mejoras” en los dispositivos, como que la batería duraba poco o que eran muy grandes de transportar, y “Telefónica dice que no quiere hacer esas mejoras, o que no puede, entonces se lleva la adjudicación a otra empresa”. La exministra dice que en el traspaso de datos no se produjeron fallos en las pulseras, sino “una incapacidad temporal de acceder al histórico de quebrantamientos de las órdenes de alejamiento”.
El comunicado de la Fiscalía afirma que en el proceso de migración de la información de las pulseras del proveedor anterior (Telefónica) a las pulseras del proveedor actual (Vodafone) hubo un fallo que impidió conocer los movimientos y la ubicación de los portadores de la pulsera durante un periodo. Este organismo detalla en su memoria que la información faltante es la previa al 20 de marzo de 2024, sin especificar a partir de qué momento. Preguntada Montero por el tiempo que duró esa “incapacidad de acceso”, responde que lo desconoce porque ya no era ministra cuando se produjo la migración de datos.
La ministra de Igualdad ha explicado que “próximamente” se volverá a licitar un contrato sobre estas pulseras, para el que tienen un pliego “con muchas mejoras técnicas derivadas de algunas funciones que se pueden mejorar”.
En Maldita.es hemos preguntado al Ministerio de Igualdad sobre cuáles serían las fechas entre las que se comprende el fallo, pero a 22 de septiembre de 2025 no hemos tenido respuesta. Tampoco sabemos a cuántos de los dispositivos habría afectado.
¿Se compraron en AliExpress las pulseras de seguimiento?
El Ministerio de Igualdad en varias entrevistas, y Vodafone (empresa adjudicataria que es la que se encarga de comprar estas pulseras), a Newtral, lo han negado. Desde Maldita.es también hemos preguntado al Ministerio de Igualdad y a Vodafone, pero no hemos obtenido respuesta aún.
Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, se refirió a este asunto tras la reunión del Consejo de Ministros del 23 de septiembre diciendo: “Yo he escuchado decir en boca de dirigentes del PP que esos dispositivos se compraron en AliExpress y sí, eso es indecente, sí, eso es una mentira y sí, eso genera miedo e incertidumbre a las mujeres víctimas”.
Es cierto que existen dispositivos a la venta en AliExpress o Alibaba que aparentemente se asemejan a los que se utilizan para localizar a los agresores en España, pero no hay evidencias que prueben que sean los mismos y desde Maldita.es no podemos verificarlo de forma independiente.
Al revisar los documentos de la licitación en la que se adjudicó el contrato a Vodafone, no se especifican ni la marca ni el modelo de las pulseras. Sí se habla, en cambio, del precio unitario, pero este tampoco corresponde a las pulseras nada más sino al precio unitario por set. Cada set, como explica la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, está compuesto por dos teléfonos móviles inteligentes (smartphones) y un transmisor de radiofrecuencia de corto alcance ajustado al cuerpo: la pulsera.
El precio unitario de cada set se fijó, entonces, en 696,34 euros.
Ese precio está por debajo, casi a la mitad, del que el Ministerio de Igualdad presentó como estimación dentro de la memoria justificativa de la licitación.
La valoración del contrato de Vodafone: un 3,6 sobre 10 en la transición de datos
A la licitación de 2023 se presentaron dos proveedores, y resultó elegida la oferta de Vodafone. En el informe técnico de ponderación de los criterios de adjudicación queda registro de la calificación que el Ministerio de Igualdad (como unidad que adquiere el servicio) dio al plan de transición de salida (el proceso de traspaso de información) y a la oferta técnica (los dispositivos).
En cuanto a la parte técnica, la valoración fue de 23,9 puntos sobre 30, divididos en 6,5 sobre 10 para los dispositivos electrónicos, 8,4 sobre 10 para el sistema de seguimiento y 9 sobre 10 para el servicio de operación.
Sin embargo, en el apartado del plan de transición de salida, es decir, el procedimiento que se llevaría a cabo para trasladar la información de los dispositivos del antiguo proveedor a los del actual, punto en el que se ha dado el problema según la memoria de la Fiscalía, la valoración final fue de tan solo 3,6 puntos sobre 10.
En el informe de ponderación para la adjudicación se señala que “el plan en cuanto a los trabajos para la transición presenta un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente” y añade que “es poco preciso, el detalle no es lo suficientemente extenso, aunque presenta una coherencia aceptable”.
También señalan que el plan de contingencias “no es suficientemente completo, y el calendario con tareas, hitos, tiempo y la previsión de incidencias no presenta un grado de coherencia adecuado para la complejidad del plan necesario para acometer las tareas”.
Cómo funcionan las pulseras
De acuerdo con la explicación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el sistema consta de tres partes: un transmisor de radiofrecuencia de corto alcance, que es la pulsera, y un teléfono móvil inteligente (smartphone) para el acusado, y otro teléfono móvil inteligente para la víctima.
El transmisor está vinculado al teléfono móvil inteligente y a un módulo de comunicación celular y de localización satelital, con lo que se logra saber, en tiempo real, “que el dispositivo de control está efectivamente siendo portado” y su ubicación.
El móvil de la víctima, por su parte, permite el “control, rastreo y comunicaciones de voz, datos y SMS a través de las redes celulares 2G, 3G y 4G de los principales operadores de telefonía móvil en España”, además de permitir la geolocalización de la persona. De tal manera se logra conocer si la orden de alejamiento se está cumpliendo o no.
El caso de diciembre de 2024: la víctima no llevaba puesto el receptor de señal en el momento de la agresión
Circulan contenidos que afirman que el asesinato de una mujer a manos de su expareja ocurrido el 10 de diciembre de 2024 se debió a un fallo en el sistema de alerta de la pulsera telemática que él llevaba, como se publicó en un primer momento. Pero es falso.
Posteriormente, la Policía Nacional determinó que la alerta no se emitió porque la víctima no llevaba puesto el receptor de señal cuando se produjo la agresión, por lo que no pudo avisar del quebrantamiento de la orden de alejamiento.
La Policía cuenta a Maldita.es que se comprobó posteriormente el funcionamiento de la pulsera y del receptor de señal y ambos dispositivos funcionaban correctamente.
Qué dicen el resto de ministros: de la “pequeña investigación” de Díaz al “todo se ha aclarado” de Bolaños
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), ha pedido una “pequeña investigación” por lo ocurrido: “Si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que, parece, no funcionaba correctamente y, desde luego, si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos, como es lógico, el derecho a la reparación”.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños (PSOE), dijo el 19 de septiembre que “la Fiscalía y el Ministerio de Igualdad aclararon todos los aspectos de ese episodio que sucedió en el año 2024 y que se resolvió”. Bolaños ha añadido que “en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. El Observatorio del CGPJ explicó en su comunicado del 22 de septiembre que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de las “conclusiones sobre las disfunciones advertidas en el sistema”.
Pilar Alegría ha dicho el 23 de septiembre que “la tecnología no es infalible” y trabajan en “aminorar esas incidencias”. La portavoz del Gobierno ha añadido que cuando una mujer víctima de violencia machista entra con su dispositivo en una sala sin cobertura o se produce un momento de apagón, “esa incidencia va a saltar y va a ser puesta en conocimiento”. En ese proceso se avisa a la víctima, a los policías que llevan el caso y se contacta con el agresor, ha detallado.
*Artículo actualizado a las 14:15 del 23/09/2025 para incluir contexto sobre si las pulseras se compraron en Aliexpress, declaraciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría, y una respuesta de la Fiscalía General del Estado.