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Lo que circula: “Medio millón de votos de debajo de una piedra, es criminal. Nos quieren reemplazar” o “regularización = Votos PSOE. Todos lo tenemos claro. No tomáis el pelo a nadie” son algunos mensajes que vuelven a circular después de que algunos medios hayan publicado que un documento demuestra que el Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios la regularización de personas migrantes en situación irregular que se encuentren en España desde antes del 31 de diciembre de 2024.
Verificación: este movimiento del Gobierno supone un nuevo impulso a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de personas migrantes que el Congreso desbloqueó el 24 de septiembre de 2024, pero que no ha tenido más avances hasta la fecha de publicación de este artículo. La regularización no es lo mismo que la nacionalización, por lo que estas personas migrantes no podrán votar ni en las elecciones generales ni en las autonómicas cuando su situación en España se regularice, ya que para ello es necesario tener nacionalidad española..
En el caso de las elecciones municipales, pueden participar ciudadanos europeos o de algunos países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad y en las europeas, ciudadanos de otros países de la Unión Europea que residan en España.
La regularización no implica la concesión de la nacionalidad ni el derecho al voto en autonómicas o generales, pero sí en municipales si hay acuerdos con el país origen
“Medio millón de votos más para la PSOE. Qué miedo” (sic.) Este tipo de mensajes circulan desde que el Congreso de los Diputados desbloqueó, el 24 de septiembre, la tramitación de la ILP para el debate sobre la regularización de medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular y vuelven a circular en mayo de 2025 después de que algunos medios hayan publicado que el Gobierno está tratando de impulsar la regularización extraordinaria de personas migrantes. Hasta la fecha de publicación de este artículo, esta iniciativa no está aprobada y solo está abierta a debate en el Congreso de los Diputados para su posible aprobación o para proponer enmiendas.
Por otro lado, la regularización se traduce en permitir el trabajo y la residencia a las personas inmigrantes que viven en España de manera irregular, pero no supone la concesión de la nacionalidad y, por tanto, no permite que estas personas voten ni en unas elecciones generales ni en las autonómicas. En las municipales solo pueden votar extranjeros con residencia legal en España que sean, o ciudadanos de la Unión Europea, o provengan de países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad.
En las elecciones municipales de 2023, estos países fueron Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago y los países miembro de la Unión Europea. Según una estimación contemplada en un informe de la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III, en 2020 había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular en España, una cifra que se menciona en la ILP. En el informe también se dan algunas cifras del desglose por nacionalidades, como por ejemplo 93.304 en el caso de Colombia y 30.119 en el caso de Perú, países con los que sí hay acuerdo de reciprocidad y, por tanto, podrían votar en las municipales en caso de aprobarse la ILP.
Además, en las elecciones europeas solo pueden participar ciudadanos con nacionalidad española o aquellos procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea residentes en España. Las personas migrantes en situación administrativa irregular, al no poder inscribirse en el censo, no pueden votar en ninguna de estas elecciones.
Para que las personas migrantes regularizadas a partir de esta ILP puedan obtener finalmente la nacionalidad española por residencia, deberán residir un periodo mínimo que va desde los dos años (en el caso personas de países de iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí) hasta los diezde forma “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” en España. Además, tendrán que hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el idioma español y otra sobre conocimientos constitucionales y socioculturales.
*El 20/05/25 se actualizó este artículo para incluir la información sobre el nuevo impulso del Gobierno a la ILP y se ha cambiado el titular de “La posible regularización de 500.000 “inmigrantes ilegales”: no podrían votar en las generales ni autonómicas, sí en las municipales en algunos casos” a “La posible regularización de “inmigrantes ilegales” en España: no podrían votar en las elecciones generales ni autonómicas, sí en las municipales en algunos casos”
Primera fecha de publicación de este artículo: 25/09/2024
