Las narrativas desinformadoras sobre la ILP de la regularización de migrantes: ni es una propuesta del Gobierno ni se les ha regularizado o nacionalizado ya

El Congreso de los Diputados ha iniciado la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la “regularización extraordinaria para personas extranjeras en España”. Esto no quiere decir que se vaya a regularizar de manera inmediata a las alrededor de 500.000 personas migrantes (cifra que estiman los proponentes de la ILP) que hay en España. Este es únicamente el paso previo a que se empiece a debatir en el Congreso esta propuesta.

Algunos contenidos dicen que esta iniciativa ha surgido del Gobierno, pero es falso, surge de la sociedad civil, en concreto de una plataforma que incluye a 900 organizaciones y que han obtenido más de 700.000 firmas. Otros contenidos dicen que estas personas, una vez se regularice su situación en España, podrán votar en las próximas elecciones. Esto también es falso.

No se ha aprobado la regularización de los migrantes, sino la admisión a trámite de la iniciativa en el Congreso

La proposición de ley no se ha aprobado todavía, al contrario de lo que afirman algunos contenidos que se difunden. La votación en el Congreso ha marcado su admisión a trámite para que se debata en las comisiones de la Cámara Baja, donde se podrán presentar enmiendas, continuará su recorrido parlamentario y finalmente será aprobada o rechazada. 

De ser aprobada, la regularización se realizaría a través de un real decreto del Gobierno en los seis meses posteriores a esa aprobación.

Regularizar no es conceder la nacionalidad

Regularizar a una persona migrante no es lo mismo que concederle la nacionalidad. La regularización permite que personas migrantes que residen en un país puedan estabilizar su situación, es un proceso meramente administrativo. Según detalla la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la regularización contribuye a que “disminuyan las probabilidades de que las personas afectadas por ella puedan ser explotadas, aumente la recaudación fiscal y las aportaciones a la seguridad social del Estado, mejore la disponibilidad de datos exhaustivos sobre el mercado laboral y la migración irregular, y debilita la economía sumergida”.

En España para obtener la nacionalidad por residencia se exige haber residido, al menos, 10 años “de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” en España. Además, deberán hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el conocimiento del idioma español y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En ningún caso la regularización supone la obtención de la nacionalidad.

Qué propone esta Iniciativa Legislativa Popular

La ILP propone un cambio en la ley de Extranjería. Actualmente, la ley en vigor dice en su disposición transitoria segunda lo siguiente: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión autorización de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años”.

La proposición de ley pretende modificar este fragmento para cambiar 1999 por 2021 y que el texto quede así: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”. De esta manera se podrían acoger a esta disposición un mayor número de personas migrantes en situación irregular.

No es una iniciativa del Gobierno ni de Sumar, es una iniciativa popular a partir de una recogida de firmas que ha entrado a trámite por una votación en el Congreso

Con la admisión a trámite de la propuesta, circulan contenidos que aseguran que “el Gobierno ha iniciado los trámites para regularizar a todos los inmigrantes ilegales”. 

Pero es falso que esta iniciativa parta del Gobierno. Esta proposición de ley la impulsa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una vía para que los ciudadanos puedan presentar propuestas directamente en el Congreso. Este mecanismo lo recoge el artículo 87.3 de la Constitución, que establece que se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas para poder presentar una ILP. 

En este caso, la iniciativa parte de la plataforma ‘Regularización YA’, que agrupa a más de 900 organizaciones que han obtenido más de 700.000 firmas, según informa la plataforma en su página web. Ha sido el Congreso de los Diputados, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, el que ha admitido a trámite la proposición de ley, no el Gobierno.

Otra de las narrativas desinformadoras asegura que es una “iniciativa de Sumar” y que “el mapa electoral podría ser radicalmente diferente en las próximas elecciones”.

Como ya hemos explicado, la iniciativa no la ha presentado Sumar, es a propuesta de varias organizaciones sociales a través del mecanismo de las ILP. Sumar ha votado a favor y sí que ha animado al resto de grupos a que apoyaran la iniciativa: “Queremos instar al conjunto de fuerzas políticas del Congreso de los Diputados a apoyar la toma en consideración de esta ILP”, aseguró el 8 de abril el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Una persona regularizada no puede votar en unas elecciones generales ni autonómicas

Algunos de los mensajes que se están difundiendo afirman que con esta regularización se pretende influir en las “próximas elecciones”. Cuando se registró la ILP, en febrero de 2023, algunos contenidos aseguraban se había iniciado la regularización “masiva” de los migrantes para que votaran en las elecciones, porque “aparecía en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”. Pero es un bulo.

Los migrantes no pueden votar en todos los procesos electorales en España. En las elecciones generales y en las autonómicas solamente pueden votar aquellas personas con nacionalidad española, no por tener regularizada su situación. En las elecciones municipales, como contamos en Maldita.es, pueden votar aquellas personas de países que tengan acuerdos de reciprocidad con España, tras haber vivido de manera “legal e ininterrumpida durante, al menos, los cinco años anteriores a la inscripción en el censo electoral”.

Además, no salió publicado en el BOE, fue en el Boletín Oficial del Congreso (BOCG). Este recogía el registro de la proposición de ley creada a partir de la Iniciativa Legislativa Popular y que había sido revisada por la Junta Electoral Central, órgano encargado de la revisión de estas iniciativas. Pero no, la publicación del BOCG no fue “un anuncio de una “regulación masiva” de personas inmigrantes para las elecciones”.

Otros  contenidos que se han difundido están relacionando el anuncio de la tramitación de esta ILP con la detención de un ciudadano belga en la estación madrileña de Méndez Álvaro por tener armamento en su maleta. La Policía Nacional asegura a Maldita.es que el hombre detenido es de Bélgica, que no está relacionado con el terrorismo y que tenía antecedentes por delitos de narcotráfico.