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MALDITO BULO

No, ni las comunidades autónomas ni los hospitales reciben 2.500 euros cada vez que un paciente da positivo en COVID-19 en una prueba PCR como dice este vídeo

Publicado martes, 24 noviembre 2020
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Está circulando un vídeo en el que una persona afirma que cada vez que alguien da positivo en COVID-19 en una prueba PCR, la comunidad autónoma o el hospital reciben 2.500 euros. Esto es un bulo.

Como ya os contamos en Maldita.es, han circulado capturas del decreto ley de la Generalitat de Cataluña del pasado 10 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de junio. En este decreto se establece que los hospitales de Cataluña - sólo los de esta comunidad autónoma - pueden facturar al Servei Català de la Salut la "actividad extraordinaria" que supone la atención sanitaria a pacientes de COVID-19, según determinadas tarifas que se han establecido.

En el caso de las pruebas PCR, los hospitales de esta comunidad pueden facturar 93 euros (no 2.500) por cada PCR de COVID-19 realizada, independientemente de si da positivo o negativo. La tarifa de 2.500 euros corresponde a si un paciente de COVID-19 ha ingresado en el hospital sin pasar por la UCI y esa estancia ha sido menor o igual a 72 horas.

Los hospitales de Cataluña pueden facturar al Servei Català de la Salut 93 euros (no 2.500) por cada prueba PCR de COVID-19 realizada, independientemente de si da positivo o negativo

Robert Martínez, la persona que sale en el vídeo, dice que cada vez que alguien da positivo en una PCR, la comunidad autónoma u hospital recibe "2.500 euros o algo así". Según afirma, esto ha sido publicado en el BOE. Podemos ver sus declaraciones en esta entrevista publicada en Youtube, a partir del minuto 38:50 aproximadamente.

Pero no es cierto. De lo que habla es del Decreto Ley 12/2020, de 10 de abril, de Cataluña que establece medidas presupuestarias para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. Fue publicado primero en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y el 4 de junio en el BOE.

En este decreto, se establecen una serie de medidas relativas al sistema de pago de atención sanitaria, que podemos leer en el Capítulo II. Entre otras, se decreta que los centros sanitarios pueden "facturar la actividad extraordinaria derivada de la atención prestada para la lucha contra la COVID-19", de acuerdo a las siguientes tarifas:

Captura del Decreto Ley 12/2020, de 10 de abril, de Cataluña publicado en el BOE

Como podemos ver, los centros sanitarios de Cataluña pueden facturar 93 euros por cada prueba PCR de COVID-19 realizada, independientemente de si el resultado es positivo o negativo.

Por lo tanto, es un bulo que las comunidades autónomas o los hospitales reciban 2.500 euros por cada PCR positiva. Además, las tarifas del Decreto Ley 12/2020 no se aplican a todas las comunidades u hospitales de España. Se aplican a los hospitales públicos, concertados y privados de Cataluña, según nos indicaron desde el Departament de Salut de la Generalitat.

El decreto ley también establece tarifas por estancia hospitalaria

En el vídeo que está circulando, la persona dice: "Hay otro incentivo económico más cuando una persona es ingresada en una UCI. Y hay un incentivo todavía más fuerte cuando el paciente fallece habiendo dado positivo".

Se refiere a las tarifas del Decreto Ley 12/2020 de Cataluña del que os hablamos. Este decreto establece que los hospitales de la comunidad podrán facturar 43.400 euros por cada alta hospitalaria para COVID-19 con estancia en la UCI. En el caso de que la estancia no hubiese requerido entrar en la UCI, se plantean dos escenarios: los hospitales podrán facturar 2.500 si esa estancia ha sido menor o igual a 72 horas o 5.000 euros si ha sido mayor a 72 horas o esa persona ha fallecido.

Desde el Departament de Salut explican que lo que determina la tarifa es el motivo de ingreso que queda informado en el registro CMBD-AH, que es el que recoge la información sobre la patología atendida en un centro sanitario de Cataluña. Dicho registro "se cruza con los datos de la facturación, y en el caso que se hubiese facturado de forma errónea se regulariza", aseguran.

Además, el decreto ley contempla que se encargará una auditoría externa para revisar los gastos facturados por los centros privados cuando "se dé por finalizada la situación de emergencia sanitaria".

La Generalitat justifica las medidas adoptadas en el propio decreto ley y afirma que es necesario paliar el "impacto negativo" que ha tenido la pandemia en los centros sanitarios y que se les debe dotar de "capacidad de tesorería para no conducirlos a un escenario de inviabilidad económica".

Por su parte, la consellera de Salut, Alba Vergés, aseguró en abril en una rueda de prensa que no se conocían los costes reales de la atención sanitaria a pacientes con COVID-19, que las tarifas son aproximadas y que los costes se analizarían a posteriori. Podemos escuchar sus declaraciones a partir del minuto 18:56 del vídeo retransmitido en Facebook por el canal 3/24. Puedes leer más en este artículo sobre el decreto ley de Cataluña.


Primera fecha de publicación de este artículo: 24/11/2020

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