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MALDITO BULO

No, el BOE no dice que la responsabilidad de las residencias durante el estado de alarma es del Gobierno: sigue siendo de las CCAA

Publicado lunes, 8 junio 2020
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Está circulando un mensaje en el que se dice que según el BOE la responsabilidad de las residencias durante la crisis de la COVID-19 era del Gobierno. En concreto se hace referencia a la orden ministerial SND/322/2020 dictada por el Ministerio de Sanidad y publicada el pasado 4 de abril en el BOE.

Es un bulo. Durante el estado de alarma, las competencias sobre las residencias de mayores las tienen los distintos gobiernos de las comunidades autónomas. Las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio de Sanidad ampliaron estas competencias para que éstas pudieran intervenir en los centros públicos y privados y garantizar su correcto funcionamiento, así como para mantener al Gobierno informado de su situación. 

La orden SND/322/2020 publicada el 4 de abril especifica la forma y la frecuencia con que las autonomías tienen que informar al Ministerio de Sanidad. Ni en esta orden ministerial ni en el resto del BOE se ha recogido que la “responsabilidad” de las residencias durante la crisis sea del Gobierno, ya que sigue siendo de las comunidades.

Las competencias sobre las residencias son de las CCAA en España

Como ya os contamos en Maldita.es, en España las competencias sobre los centros socio-sanitarios, como las residencias de mayores, pertenecen a las comunidades autónomas, ya que las competencias en materia de servicios sociales están transferidas a las comunidades (art. 148 de la Constitución Española).

Durante el estado de alarma, el Ministerio de Sanidad, que es la máxima autoridad en materia sanitaria, ha dictado varias órdenes ministeriales en las que ha ampliado la capacidad de intervención de las comunidades sobre los centros. Concretamente, desde el 21 de marzo, a través de la orden SND/265/2020, el Gobierno autorizó a las comunidades a intervenir en todas las residencias (públicas y privadas) para gestionar su personal y dotarlas de material sanitario.

Más tarde, el 24 de marzo, se declaró a las residencias como servicios esenciales y se dictó la obligación a las comunidades de monitorizar el estado de todos los centros para informar al Gobierno.

La orden SND/322/2020, publicada el 4 de abril, entre otras cosas dictó la forma en que se debían gestionar los casos de COVID-19 en los centros y especificó la información y la frecuencia con la que se debía informar de su situación.

El Ministerio que dirige Pablo Iglesias repartió un fondo de emergencias a las CCAA y coordina las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias también ha participado en las medidas que afectan a las residencias. Desde el 17 de marzo, su ministerio se encarga de coordinar un fondo extraordinario de 300 millones de euros para prestaciones sociales. Este fondo fue repartido a las comunidades autónomas y entre algunas de sus finalidades está la de contratar a personal para las residencias y la compra de material de protección, aunque cada comunidad decide la forma en que lo gasta en materia de prestaciones sociales.

El 20 de marzo, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial de Derechos Sociales, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, dependiente del ministerio de Pablo Iglesias, dictó de forma provisional durante la crisis la flexibilidad en la contratación de trabajadores de servicios sociales, permitiendo que también sean contratados sin tener las titulaciones necesarias, pero demostrando que “tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes”.

El Ministerio de Derechos Sociales se encarga además de coordinar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para actuar en las residencias que les indican las comunidades autónomas.

Por lo tanto, en nuestro país las competencias sobre las residencias de mayores han sido y siguen siendo, durante el estado de alarma, de las comunidades autónomas, ya que se han visto reforzadas por las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno y han ampliado su alcance a las residencias privadas. 

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