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*NOTA DE MAYO DE 2021: este artículo se publicó originalmente en abril de 2018. Desde entonces, algunos de los puntos de vista de Maldita.es sobre legislar contra la desinformación han evolucionado. Seguimos pensando que la regulación, por sí sola, no solucionará el problema de la desinformación, pero también creemos que puede ayudar a luchar contra ella en algunos aspectos: fomentando la transparencia y la responsabilidad de las plataformas digitales, apostando por la educación y abordando cualquier tipo de reforma con el máximo consenso y respeto a la libertad de expresión. Puedes saber más sobre lo que opinamos de este asunto leyendo nuestro documento ‘Desinformación y legislación: riesgos y oportunidades’.
En Maldita.es pensamos que estamos en un un momento clave en la lucha contra la desinformación. Los partidos apuntan a la vía legislativa para luchar contra ella. Una vía, desde nuestro punto de vista, problemática por su falta de base empírica, su peligro de censura y su muy probable obsolescencia.
Una legislación en caliente en la lucha contra los bulos, en nuestra opinión, es corta de miras y peligrosa para la libertad de expresión y prensa. Necesitamos estudiar el problema de la desinformación para poder resolverlo: comprobar quién y por qué se crea el contenido falso, cómo se viraliza y qué impacto real y medible tiene en nuestra sociedad.
Ante la legislación, nosotros proponemos medidas educativas, una apuesta por una comunidad antibulos y el uso de la tecnología. La Comisión Europea en su informe final elaborado por el grupo de expertos de alto nivel sobre ‘fake news’ (al que pertenece Maldito Bulo) hace especial énfasis en el derecho fundamental de la libertad de expresión y presenta un claro rechazo a cualquier intento de censurar contenidos, alertando de que la legislación, si en algún caso se llegara a implementar, “necesita basarse en definiciones muy precisas que aborden las causas de la desinformación garantizando el debido proceso legal junto a la responsabilidad y la proporcionalidad de las medidas”.
La desinformación es un problema multifacético, no tiene una sola causa raíz, y por lo tanto, no tiene una única solución. Por ello, queríamos lanzar una serie de preguntas a los partidos que quieren optar por la vía legislativa ante los bulos:
- ¿Quién decidirá qué es real y qué no?
- ¿Quién decidirá qué se comprueba y qué no?
- ¿Qué es una “noticia falsa"? ¿Una opinión puede serlo? ¿Cómo se califica una noticia satírica que se viraliza como real? ¿Quién dirá qué es satírico o no?
- ¿Quién ordenará la eliminación de contenidos?
- Si es un juez, ¿quién denunciará ante la fiscalía los contenidos falsos? ¿Cualquier usuario? ¿Una institución?
- ¿Se cerrarán webs de publicación de noticias falsas? ¿Quién lo ordenará? ¿Qué es una web de noticias falsas? ¿Qué porcentaje de ellas debe tener?
- Si esas webs que se lucran con la publicación de noticias falsas no están en España pero están enfocadas a sus ciudadanos, ¿se prohibirá su acceso desde nuestro país?
- ¿Cómo tienen pensando parar las imágenes falsas, las cadenas falsas de whatsapp, los pantallazos que no se corresponden con la realidad y otras formas de desinformación no directamente ligadas a un link o una web?
- ¿Van a buscar compromisos por parte de las plataformas tecnológicas a compartir datos?
- ¿Van a invertir en alfabetización mediática y tecnológica?
- ¿Van a reconocer a la comunidad de verificadores y ‘fact-checkers’ como actor imprescindible para buscar soluciones a este problema?