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El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es una ayuda financiera a la que los Estados miembros y otros países europeos pueden acceder en situaciones de desastres naturales y emergencias sanitarias graves. Tras el impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana y otras zonas de España el 29 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a solicitar financiación de ese fondo para paliar sus consecuencias.
A fecha de hoy, España ha recibido dinero del FSUE en seis ocasiones (con la DANA de 2024 sería la séptima) por un importe superior a 153 millones de euros. Más del 56% de este presupuesto se destinó a cubrir los efectos de la DANA de 2019 en Murcia y Alicante, que acabó con la vida de seis personas. El motivo más repetido por el que se ha repartido este fondo entre todos los países beneficiarios son las inundaciones (86 de 177 ocasiones).
El FSUE es un apoyo financiero después de desastres naturales graves y emergencias sanitarias importantes
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) es uno de los principales instrumentos comunitarios para apoyar económicamente a los Estados miembros y los países candidatos después de desastres naturales graves, como una DANA, un terremoto o un incendio. Se creó como respuesta a las graves inundaciones que sufrieron los países de Europa central en agosto de 2002, cuando las lluvias torrenciales provocaron los desbordamientos de los ríos Elba y Danubio que arrasaron Austria, la República Checa y Alemania.
El Reglamento del FSUE establece que estos subsidios deben limitarse a aquellos siniestros que tengan “repercusiones graves en las condiciones de vida de los ciudadanos, el medio natural o la economía”. Como norma general, pueden aportar ayuda financiera si el daño directo total causado por una catástrofe supera los 3.000 millones EUR (precios de 2011) o el 0,6 % de la renta nacional bruta (RNB) de un país de la UE, eligiendo el de menor valor. Éstas son aquellas consideradas “graves”.
Se plantean dos situaciones excepcionales en las que un Estado miembro o un país que esté negociando su adhesión a la Unión Europea (UE) pueden acogerse a los beneficios de estos fondos (que no podrán recibir más del 7,5% del total del FSUE):
Cuando haya sido afectado por la misma catástrofe que la región vecina.
Cuando, sin llegar a los criterios cuantitativos, se haya visto afectada por una catástrofe extraordinaria con impacto en la mayoría de su población y haya tenido repercusiones graves en las condiciones de vida y la estabilidad económica de la región.
El dinero entregado al país afectado por la catástrofe debe utilizarse en un periodo de un año y estará destinado a financiar operaciones urgentes de primera necesidad, entre las cuales figuran el restablecimiento de las infraestructuras básicas (como energía, agua, sanidad o educación) y operaciones de limpieza, entre otras.
En 2020, cuando la Unión Europea sufría la pandemia de la COVID-19, se amplió el ámbito de aplicación del FSUE: a partir de este año se emplearía también para abarcar las grandes emergencias de salud pública. Para considerar tales circunstancias, las medidas de respuesta implementadas por el país afectado deben suponer una carga financiera pública estimada en más de 1,5 millones de euros (a precios de 2011) o más del 0,3% de su RNB.
Entre 2021 y 2022, la UE destinó más de 500 millones de euros para la administración de equipos de protección y productos médicos, los costes de la asistencia sanitaria y las medidas de prevención, seguimiento y control de la propagación de la enfermedad. Esta fue la primera y última vez que se empleó el FSUE en el contexto de una emergencia de salud pública.
Los países afectados deben solicitar la ayuda y no es un dinero contemplado en el presupuesto de la UE
En cualquier caso, no es un dinero que se distribuye automáticamente entre los Estados miembros cada cierto tiempo (como sucede con otros fondos de cohesión europeos), sino que son los países afectados los que deben solicitar esta ayuda en caso de necesitarla. Así, tras una catástrofe natural o una emergencia sanitaria, el país afectado debe presentar una solicitud formal a la Comisión Europea (CE) en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños. La CE evalúa la solicitud y, si la acepta, propone un importe de ayuda al Parlamento Europeo (PE) y al Consejo Europeo, que deben aprobarlo antes de que pueda abonarse. Una vez adoptada la decisión, el importe establecido se abona inmediatamente en un pago único.
El dinero que se recibe se determina en función de los daños directos totales causados por dicha catástrofe en relación con la riqueza relativa del Estado afectado. La cantidad de ayuda que puede movilizarse tras una catástrofe también depende de las disponibilidades presupuestarias del FSUE. Este fondo se financia con capital ajeno al presupuesto ordinario de la UE: es decir, con dinero adicional recaudado por los países que la conforman. El máximo anual establecido que se puede añadir al fondo es de 500 millones de euros (a precios de 2011), que se suman al dinero restante del año anterior.
La mitad del presupuesto concedido hasta la fecha ha sido por inundaciones
Las inundaciones son, con diferencia, el tipo de desastre al que más frecuentemente se destinan estos fondos. De las 177 concesiones que se han hecho, 86 se han destinado a paliar las consecuencias de este tipo de catástrofes. El presupuesto total de estas intervenciones del FSUE asciende a casi 5.600 millones de euros (el 51,8% sobre el total concedido en dos décadas). Las dos veces que Reino Unido ha recibido dinero de este fondo (en junio de 2007 y diciembre de 2015, ambas cuando todavía formaba parte de la UE) fueron por este motivo.
Los incendios forestales y la sequía son el segundo tipo de catástrofe que más se ha repetido hasta 2022 (un total de 27 veces). Sin embargo, se ha destinado más dinero a paliar las consecuencias de los terremotos (13 concesiones en total) porque son los casos “más devastadores”, según explica la Comisión Europea en su página web. Así, se ha destinado el 32% del total gastado por el FSUE, frente al 2,1% de los incendios.
Las ayudas por tormenta suponen el 7,2% (unos 777 millones de euros repartidos en 19 casos) y las emergencias sanitarias graves no alcanzan el 7% (la COVID-19 supuso para el FSUE unos 728 millones de euros repartidos en 23 países).
La UE ha destinado más de 8.200 millones de euros en 20 años para reducir los efectos de las catástrofes naturales y emergencias sanitarias
Entre 2002 y 2022, el FSUE movilizó más de 8.200 millones de euros para intervenciones en 107 catástrofes naturales y 20 emergencias sanitarias (todas ellas relacionadas con la pandemia de la COVID-19) en 24 Estados miembros, Reino Unido y tres países candidatos (Albania, Montenegro y Serbia). Precisamente 2020 fue el año que más dinero se destinó de este fondo (1.626 millones de euros), repartidos para cubrir los efectos de la enfermedad que se extendió a nivel mundial en 2019 y varios desastres naturales (entre ellos, la tormenta Alex en Francia o los terremotos en Zagreb).
Italia es, con diferencia, el mayor beneficiario del FSUE con más de 3.000 millones de euros recibidos hasta la fecha. En veinte años, el país del mediterráneo ha acudido al FSUE once veces. La primera de ellas en octubre de 2002, por el terremoto de la región de Molise que dejó 29 muertos y centenares de heridos; la última en septiembre de 2022 por las lluvias torrenciales en la región de Marche. La vez que más dinero ha recibido fue tras los terremotos de 2016 en el centro del país que, según la Comisión Europea, supuso una “contribución récord del FSUE” con 1.200 millones de euros.
España, por su parte, ha recibido más de 100 millones de euros para reparar las consecuencias de seis catástrofes naturales (además de 53,5 millones de euros adicionales en junio de 2020 para paliar los efectos de la pandemia); siendo el decimotercer país que más dinero ha recibido del FSUE. En noviembre de 2002, España solicitó por primera vez ayuda a este fondo con el hundimiento del petrolero Prestige, considerada como una de las mayores catástrofes ecológicas de nuestro país. Los daños totales se estimaron en unos 436 millones de euros y con el FSUE se cubrieron 8,6 millones.
También se ha recurrido a este fondo en dos ocasiones por incendios en Portugal (en agosto de 2003 y octubre de 2017) y por el terremoto de Lorca (Murcia) en 2011. En septiembre de 2019, se produjo una DANA en el sur de la provincia de Alicante y en Murcia que causó seis muertes e inundaciones en la zona. Se concedieron 56,7 millones de euros de los 2.269 estimados. La última vez que se utilizó dinero del FSUE fue para hacer frente a las consecuencias de la erupción del volcán de la Palma en septiembre de 2021. En esta ocasión, España recibió 9,45 millones de euros.
El 5 de noviembre de 2024, Pedro Sánchez anunció que ya se había solicitado “formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad” para hacer frente a las consecuencias de la DANA que ha recorrido diferentes partes de España y que se considera una de las mayores catástrofes del país en el último siglo. A fecha de publicación de este texto todavía no se ha aprobado el importe total de esta ayuda, pero sería la séptima vez que España recurre al FSUE. Además, el presidente del Ejecutivo afirmó que el Gobierno había pedido “la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento que nos permitirá reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+” para paliar los efectos de esta catástrofe.
✔️ Se solicita a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad.
— La Moncloa (@desdelamoncloa) November 5, 2024
✔️Petición de aprobación al Consejo y al Parlamento Europeo de un nuevo Reglamento denominado RESTORE, que permitirá reprogramar los fondos FEDER y FSE+ para paliar daños por desastres naturales.
En este enlace puedes consultar todas las veces que un país ha recibido ayuda financiera del FSUE (con fecha), por qué motivo concreto y el importe total destinado para esa catástrofe.
