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¿De qué se acusa a Álvaro García Ortiz?
El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de fraude fiscal y falsedad documental contra un particular.
Se trata de la investigación contra Alberto González Amador (pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso), que según la denuncia habría utilizado facturas falsas y empresas pantalla para no declarar todos los beneficios de su empresa Maxwell Cremona SL en 2020 y 2021. La Sala Penal investiga si García Ortiz ha sido el responsable de la filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de González Amador. Es la primera vez en la historia de la democracia que se abre una causa contra un fiscal general del Estado.
En esta causa, se investiga también a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos relativos a la investigación para la elaboración de una nota de prensa difundida por el Ministerio Público para “desmentir el bulo” sobre la actuación de la Fiscalía (que supuestamente habría ofrecido un pacto a González Amador por correo electrónico, según publicó El Mundo).
¿Qué dice el Tribunal Supremo al respecto?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consideró que la nota de prensa publicada por el Ministerio Fiscal el 14 de marzo de 2024 incurría en un delito de revelación de secretos porque incluía datos personales. Así, lo elevaron al Tribunal Supremo, que descarta esta teoría, según la nota de prensa publicada en su página web. En el texto puede leerse: “Aparentemente, no hay información indebidamente revelada”, ya que todos los datos que ahí se incluían ya eran de conocimiento público.
Sin embargo, señala que los correos electrónicos entre el fiscal general y el abogado de González Amador (en poder de García Ortiz y la fiscal jefa provincial de Madrid, entre otros) fueron revelados horas antes de que se publicara el comunicado del 14 de marzo. Y esto, según los magistrados de la Sala de lo Penal del TS, podría constituir un delito de revelación de secretos.
El Supremo considera que en este punto de la investigación “resulta difícil de fijar y deslindar” si la publicación del correo electrónico en el que González Amador reconocía la “culpabilidad de los delitos fiscales” ha causado algún perjuicio, pero estima que “al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa” de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
¿Qué hay que tener en cuenta sobre lo que se dice de "desmentir un bulo" y lo que dice el TS en la apertura de la causa?
Desde que se conoció la decisión del Supremo de imputar al fiscal general, comenzaron a circular desinformaciones en redes sociales. Hay usuarios que afirman que García Ortiz está siendo investigado “por desmentir un bulo”. Estas afirmaciones vienen porque la nota de prensa publicada por el ministerio público buscaba rebatir la idea de que la Fiscalía había propuesto un trato a González Amador, como publicó El Mundo. Según el documento de la Fiscalía, fue la pareja de Ayuso quién se puso en contacto con la institución “vía correo electrónico” para “reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal”.
Sin embargo, el TS no ha abierto una causa contra el fiscal general por la publicación de la nota de prensa con la que pretendía “desmentir el bulo” (en sus propias palabras) publicado por El Mundo. Sino por la supuesta filtración de los correos entre las partes en el caso contra González Amador, lo que supondría un delito de revelación de secretos.
¿Quién tenía acceso al correo?
García Ortiz ha reconocido que la nota de prensa en la que se mencionan los correos electrónicos intercambiados entre las dos partes de la investigación contra García Amador se publicó con su autorización. Según publica el Supremo, el 11 de junio de 2024, el fiscal general envió “un escrito indicando que la difusión de la nota no se hubiera producido sin su autorización y sin sus instrucciones expresas y directas”. Además, el fiscal general ha explicado en 'La noche en 24 horas' (TVE) que “el único propósito de esa nota de prensa era desmentir un bulo”.
En cambio, ha negado que fuera él la persona responsable de filtrar el correo electrónico a los medios de comunicación. Es precisamente esto lo que el Tribunal Supremo investigará en la causa: quién fue la persona que filtró esa comunicación a los medios, ya que el correo estaba en posesión de más personas además de García Ortiz. Tanto las partes interesadas en el proceso contra la pareja de Ayuso, como la fiscal jefa provincial de Madrid y el fiscal Julián Salto Torres también tenían acceso a estas conversaciones.
Según la nota de prensa de el TS, estas personas tuvieron acceso a los correos electrónicos a las 22 horas del 13 de marzo, media hora después de la publicación de El Mundo y casi dos horas antes de que la Cadena SER publicara el email en el que el abogado de González Amador pedía un pacto con la Fiscalía tras reconocer los hechos. Ante la duda que ha surgido en redes sobre las horas en las que diferentes medios publicaron sobre estos correos y si son distintos, desde Maldita.es hemos solicitado el auto para comprobar qué se indica exactamente; sin que haya respuesta a la hora de publicación de este artículo. Los medios de comunicación que compartieron estos contenidos antes de que se publicara la nota de prensa no tienen la obligación legal de revelar la identidad de su fuente.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El paso a paso hasta la imputación de García Ortiz
El 12 de marzo de 2024, elDiario.es publicó el siguiente artículo “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”, que ya explicamos en Maldita.es.
Un día después, a las 21:29 de la noche, El Mundo publicó “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”. En el artículo publica un correo electrónico del 12 de marzo que envía el fiscal que investiga el caso, Julián Salto, donde hablan de la posibilidad de un acuerdo entre el investigado y la Fiscalía para reducir la condena.
Horas después, a las 23:51, la Cadena SER aseguró que “el novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio”. Y ya al día siguiente, El País publicó una captura del escrito de los abogados de González Amador reconociendo el delito y pidiendo llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Ese mismo 14 de marzo, tras la publicación del email por parte de la Cadena SER y El País, el fiscal general del Estado publicó una nota de prensa en la que explicaba que fue la defensa de González Amador la que se puso en contacto con la Fiscalía para proponer el acuerdo y fue posteriormente el fiscal Salto el que respondió indicando que “tomaba nota ‘de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas’”. Estas dos comunicaciones, indica la Fiscalía General del Estado, fueron previas al correo que publicó El Mundo.
El 20 de marzo el Colegio de Abogados de Madrid presentó la denuncia contra la Fiscalía por “revelación de secretos”. En ella aseguran que tanto el comunicado como el contenido del correo electrónico que se publicó “desbordan el deber de información”. Aunque el Supremo indica en su escrito que no hay revelación de secretos en el comunicado. Además, el ICAM pide que sea el juzgado que instruye el caso el que dilucide quién publicó el comunicado que salió de la Fiscalía Provincial de Madrid.
El 16 de octubre el Tribunal Supremo abrió una causa contra el fiscal general del Estado por este caso. Lo que ahora trata de esclarecer el Tribunal Supremo es quién filtró el contenido de estos correos electrónicos antes de la publicación de la nota de prensa del fiscal general.
