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El Parlamento de Illes Balears aprobó el 26 de marzo de 2024 una nueva ley de transparencia y control de los cargos públicos que elimina la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Illes Balears. Con la nueva norma, aprobada con los votos de PP, Vox y Unión de Formentera y que no ha sufrido cambios desde su presentación, los registros de bienes de los cargos públicos pasan a depender de un órgano adscrito al Parlamento balear y los expedientes de investigación abiertos de la oficina anticorrupción autonómica serán derivados a la Inspección General de Servicios de las Illes Balears, dependiente del gobierno autonómico.
La exposición de motivos de la ley aprobada dice que se elimina la oficina anticorrupción por “duplicidad de competencias” y para buscar “una administración moderna y eficiente”.
¿Qué era la oficina anticorrupción de Baleares que ahora cierra?
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Illes Balears se creó en 2016 para, entre otras funciones, gestionar las declaraciones de bienes de los cargos públicos baleares; dirimir conflictos de intereses; velar por el cumplimiento de incompatibilidades; e investigar casos de corrupción o el uso irregular de fondos públicos.
La oficina anticorrupción dependía del Parlamento balear y tenía presupuesto y autonomía propia. Además, establecía un régimen de multas por incumplimiento de la ley como, entre otras infracciones, no entregar las declaraciones de bienes, no facilitar información a la oficina o filtrarla cuando está siendo investigada.
¿Por qué se suprime la oficina anticorrupción balear, según la ley?
La ley recién aprobada, propuesta por el PP, dice, en su exposición de motivos, que se elimina por “duplicidad de competencias” y para buscar “una administración moderna y eficiente”: “El funcionamiento y el control parlamentario de la misma ha demostrado que, más allá de la necesidad de regular la gestión de los registros de intereses y actividades y de patrimonio, se ha provocado una innecesaria duplicidad con el resto de administraciones y también se ha comprobado que finalmente la oficina se ha convertido, en el mejor de los casos, en un mero tramitador de expedientes de denuncias”.
Los partidos que han votado en contra de la ley que elimina la oficina anticorrupción han valorado negativamente la iniciativa. En declaraciones recogidas por El País, la diputada del PSOE Pilar Costa ha dicho que es “un desastre de ley” y que el PP actúa “por venganza” de un expediente estudiado por la oficina. Més per Mallorca y Més per Menorca han dicho que el nuevo organismo que tramitará los expedientes, la Inspección General de Servicios, “no es independiente” y no es un organismo que pueda “instruir un expediente por un problema de corrupción”.
¿Qué ha aprobado el Parlamento balear?
El Parlamento autonómico ha aprobado, con los votos de PP (que propuso la iniciativa), Vox y el diputado de Unión de Formentera (32 votos a favor), la ley de transparencia y control de los cargos públicos de Illes Balears. Votaron en contra de la iniciativa PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Unidas Podemos (24 votos en contra). Esta ley plantea varios cambios:
Deroga la ley de 2016 , que suprime la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
Se crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio, que almacenará todas las declaraciones de bienes de cargos públicos baleares, pero que a diferencia de la Oficina de Prevención, no serán accesibles al público: sólo podrán consultarlos los órganos judiciales, la Sindicatura de Cuentas y el Parlamento balear.
Elimina las sanciones que establecía la ley de 2016, que iban desde los hasta 1.000 euros por las más leves hasta los 100.000 euros de las sanciones más graves.
Deriva todos los expedientes abiertos de la oficina anticorrupción a la Inspección General de Servicios de Illes Balears, dependiente del gobierno autonómico.
La ley da un plazo de tres meses para crear el nuevo registro de transparencia.
¿Cuál ha sido la respuesta del director de la oficina anticorrupción balear?
Una vez entre en vigor la nueva ley, el director de la Oficina Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, Cristóbal Milán, cesará automáticamente de su cargo. Milán ha valorado en una entrevista en la Cadena SER que, a su juicio, la eliminación de la oficina anticorrupción supone “un retroceso”: “Las oficinas anticorrupción somos incómodas. Todas, no solo la de Baleares. Está claro que a nadie le gusta que entren en su casa a ver lo que ha pasado después de una denuncia. Esto es un retroceso. Es ir en contra de lo marcan los tiempos”.
Actualizado el 27 de marzo de 2024 para incluir las declaraciones de los partidos que votaron en contra.
