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La homosexualidad masculina en Afganistán: castigada explícitamente según el Código Penal de 2017

Publicado martes, 24 agosto 2021
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“No, los homosexuales no corren peligro en Afganistán. Como cultura del encierro femenino que es, la homosexualidad masculina está normalizada. Igualmente era el caso en la Grecia Clásica; en ambos casos con niños y adolescentes”. Esta es la afirmación que realizó en Facebook la catedrática de Filosofía Moral por la UNED y miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel. La publicación, que ya no se encuentra disponible, supuso, tal y como anunció la catedrática en Twitter, la suspensión de su cuenta durante unas horas. También desde el perfil oficial del Consejo de Estado, interpelado por otro usuario, se manifestaron asegurando que las opiniones vertidas por Valcárcel “no representan en ningún caso” al organismo, el cual aseguran “defiende la igualdad de derechos como pilar de la democracia”.

La afirmación de la filosófa generó un debate en redes pero, más allá de la polémica, desde Maldita.es hemos analizado la situación legal y social de la homosexualidad masculina (a la que se refiere la filósofa) en Afganistán y, según los diferentes informes y expertos, está castigada penalmente. 

Captura de la publicación ya eliminada de Facebook.

Las relaciones sexuales con consentimiento entre dos hombres están castigadas explícitamente con cárcel aunque la pena de muerte no está clara

En diciembre de 2020 la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) publicaba el informe Homofobia de Estado, en el que analiza a través de una encuesta mundial las leyes de orientación sexual en los diferentes países. En él, se afirma que en Afganistán, al igual que en otros cinco Estados miembros de las Naciones Unidas (Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia), “no existe plena certeza jurídica de que se impoga la pena de muerte” para los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo, pero sí se encuentra castigada penalmente. 

A pesar de que, según el estudio de ILGA, no hay ejecuciones estatales documentadas por mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la Constitución de la República Islámica de Afganistán señala en su artículo 130 que en los casos en los que no haya ninguna disposición en la Constitución u otras leyes, los tribunales podrán gobernar conforme a la jurisprudencia de Hanafi, una de las cuatro escuelas de jurisprudencia dentro del islam sunní con algunas de las interpretaciones más estrictas de las leyes islámicas. Esto quiere decir, señala en su informe ILGA, que los tribunales podrían basarse en la sharía, un conjunto de normas y comportamientos que rigen y se aconsejan en la vida de los musulmanes, para interpretar la imposición de la pena de muerte por zina (adulterio) y “las relaciones homosexuales podrían ser interpretadas como una forma de zina”. De hecho, el informe del año 2015 de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán sobre la protección de civiles en conflictos armados señala que en agosto de ese mismo año, un “tribunal de justicia paralela” condenó a dos hombres y a un joven de 17 años a ser ejecutados por homosexualidad

Aunque la pena de muerte no esté clara y su aplicación dependa de la interpretación de los tribunales, las relaciones homosexuales (tanto masculinas como femeninas) sí se encuentran tipificadas como delitos dentro del Código Penal de Afganistán, reformado en 2017. En la nueva norma, explica ILGA, la sodomía (la penetración de un órgano sexual masculino en el ano femenino o masculino) está ahora penalizada en el artículo 646 [pag. 578 del Código Penal] y conlleva una pena de hasta dos años de prisión. El artículo 645 tipifica como delito el mosaheghe (relaciones sexuales entre mujeres) con una pena de prisión de hasta un año y el artículo 649 castiga los tafkhiz (actos sexuales entre personas del mismo sexo sin penetración) también con hasta un año de cárcel. 

Captura del informe Homofobia de Estado de ILGA.

Lejos de una situación de normalidad, también otras organizaciones internacionales como Human Right Watch denuncian en sus informes que el nuevo código penal afgano criminaliza explícitamente las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. Del mismo modo, el European Country of Origin Information Network (ECOI, por sus siglas en inglés), un centro de investigación y documentación sobre países de origen y asilo gestionado por la Cruz Roja austríaca, informa en su análisis sobre prácticas de derechos humanos del año 2019 en Afganistán que no existe ninguna ley que prohíba la discriminación o el acoso por motivos de orientación sexual o identidad de género y que las personas LGBTI, las cuales siguen sufriendo, según el informe, detenciones por parte de las fuerzas de seguridad y discriminación, agresiones y violaciones por parte de la sociedad, pueden ser despedidas de sus trabajos por sus preferencias sexuales. Incluso medios de comunicación como la BBC se han hecho eco de las historias de personas LGTBI afganas que, relatan, viven en la clandestinidad. 

María Pilar Bouazizi, mediadora intercultural experta en la lengua árabe, islam y mundo árabe y maldita que nos ha prestado sus superpoderes, lo deja claro: “La homosexualidad está perseguida en todos los países en los que la sociedad aún no ha avanzado en ese tema. Los homosexuales corren peligro en Afganistán, sí, como las mujeres, los hombres que no acepten ese modo de vida [el que imponen los talibanes], los ancianos... cualquiera”. Además añade Bouazizi que tanto la homosexualidad masculina (a la que hace referencia Valcárcel), como la femenina estarían igualmente castigadas por el régimen insurgente. 

El miedo de las personas LGTBI afganas tras la toma del poder de los talibanes

Desde que los talibanes tomaron el poder de Afganistán, medios de comunicación como Reuters o la BBC persa han informado sobre las personas LGTBI afganas que esperan a ser evacuadas del país por temor a sufrir represiones por parte del régimen talibán. En una entrevista el pasado mes de julio en el tabloide alemán Bild, un juez talibán afirmó que “sólo hay dos penas para los homosexuales: la lapidación o pararse detrás de un muro, de entre 2,5 y 3 metros, que cae sobre él”.

Tanto organizaciones LGTBI afganas como activistas por los derechos de este colectivo como Nemat Sadat, el primer afgano en anunciar públicamente su homosexualidad, han pedido ayuda a través de redes sociales para asistir a las personas LGTBI del país. 

En una entrevista en The Times of India, Sadat afirmó que aunque el colectivo LGTBI sigue teniendo que ocultar su identidad de género y orientación sexual por temor a “manchar el honor de su familia” o ser acosada en la sociedad, en Afganistán estaba creciendo una comunidad LGTBI clandestina que se reunía en pequeños grupos y que ahora se ve amenazada por el régimen insurgente.

Igualmente, el pasado 18 de agosto ILGA publicó una declaración conjunta en la que instaban a la comunidad internacional a proporcionar asistencia humanitaria urgente y protección a todos las personas de Afganistán, incluidas las personas LGBTIQ y las mujeres. Según informan en este comunicado, las personas LGBTIQ afganas “viven con miedo a la violencia y los asesinatos desde hace varios años” y desde la organización temen que estas sean aún más criminalizadas y perseguidas con la llegada de los talibanes. 

Los Bacha Bazi, niños explotados sexualmente bajo el amparo de la “tradición”

Cuando Valcárcel menciona en su publicación a los niños y adolescentes se refiere a los llamados Bacha Bazi (ella misma lo afirmó en una respuesta a otro usuario en su publicación ya eliminada de Facebook). Tal y como explican desde la ONG War Child International, los Bacha Bazi (traducido como “jugar con niños”) es, en esencia, “una forma de abuso infantil ampliamente practicada y tolerada”. 

Respuesta de Amelia Valcárcel en su publicación ya eliminada de Facebook.

“Algunos hombres, a menudo ricos o influyentes, obligan a los niños a trabajar como ‘bailarines’ bajo su posesión. Esta práctica suele tener lugar en fiestas y bodas, en las que se viste a los niños con ropa femenina y se les obliga a bailar para los asistentes”, indica en su informe la organización. Sin embargo, la práctica no acaba ahí. War Child International y otros organismos como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés) señalan que los menores suelen ser víctimas de abusos sexuales por parte de estos hombres. 

Como indica Human Right Watch y Unicef, el nuevo Código Penal de Afganistán del año 2017 tipifica como delito el abuso sexual de los niños. En 2019, el gobierno afgano también aprobó la Ley de Protección de los Derechos del Niño en la que se incluyen prohibiciones contra el abuso de menores, específicamente el reclutamiento y la utilización de niños para la práctica del Bacha Bazi. Pero a pesar de ello, organizaciones en defensa de los derechos de los menores como Save The Children han denunciado en informes posteriores que los niños no están a salvo porque los llamados “señores de la guerra” (individuos armados no autorizados, señalan) los siguen utilizando para el Bacha Bazi.

De esta práctica han informado igualmente diversos medios de comunicación como la BBC o El Confidencial y el periodista afgano Najibullah Quraishi realizó en 2010 el documental The Dancing Boys of Afghanistan en el que muestra esta trama organizada de abuso infantil. 

Las mujeres afganas, otro de los sectores de la población más vulnerable tras la llegada al poder de los talibanes

La situación de peligro en la que quedan las mujeres en Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes cuando tomaron su capital, Kabul, el pasado 15 de agosto ha ocupado titulares en todo el mundo. Aunque los talibanes se han mostrado “favorables” a incorporar a las mujeres a la educación y la vida laboral, la comunidad internacional se ha movilizado para acoger a mujeres afganas y en concreto en España, periodistas, escritoras, actrices y políticas han impulsado un manifiesto para instar a los organismos internacionales a “abrir las puertas a Afganistán y a las afganas” y en el que ofrecen sus “casas y cuidados” a las mujeres afganas en situación de extremo riesgo.

Las mujeres constituyen uno de los sectores de la población más vulnerables en el país por su limitación de derechos. Así lo denuncia la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA, por sus siglas en inglés). Según el informe del año 2020 de desarrollo humano elaborado por Naciones Unidas, Afganistán se sitúa en el puesto número 169 de los 189 países analizados en lo que a igualdad de género respecta. Igualmente, otros estudios como el del Fondo de Población de las Naciones Unidas o el de ONU Mujeres indican, respectivamente, que el 87% de las mujeres afganas experimentan al menos una vez en su vida una forma de violencia física, sexual o psicológica y el 62% múltiples formas o que el 28,3% de las mujeres de entre 20 y 24 años estaban casadas o en unión antes de los 18 años.

A estos datos se suma ahora el miedo a perder algunos de los derechos conquistados durante los últimos años con la vuelta al poder de los talibanes, lo que ha provocado que muchas mujeres hayan huido del país como, Nilofar Bayat, capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas, y que otras hayan salido a las calles de Kabul a defenderlos, como la exviceministra de Defensa Nacional, Munera Yousufzada.

En este artículo ha colaborado con sus superpoderes María Pilar Bouazizi, mediadora intercultural experta en la lengua árabe, islam y mundo árabe.

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