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Este 30 de junio, siete de las 15 centrales térmicas de carbón que tiene España han echado el cierre porque las compañías eléctricas propietarias han decidido no acometer las “necesarias inversiones para poder seguir operando”, que exigía la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), aprobada por la Comisión Europea en 2010.
Es decir, este 30 de junio era el último día del plazo que tenían las centrales térmicas de carbón para realizar las mejoras ambientales exigidas por Europa. Como siete de ellas no las han hecho, de ahora en adelante “no podrán seguir inyectando energía. De lo contrario, estarían incumpliendo la directiva”, apuntan desde el Ministerio para la Transición Ecológica en declaraciones a Maldita.es.
Las siete plantas que han dejado de operar desde este 30 de junio son Compostilla II y Andorra, (situadas en León y Teruel, respectivamente, y ambas propiedad de Endesa); Velilla (en Palencia y propiedad de Iberdrola); Narcea, La Robla y Meirama (ubicadas por este orden en Asturias, León y A Coruña, y propiedad de Naturgy -antigua Gas Natural Fenosa-); y Puente Nuevo (situada en Córdoba y propiedad de Viesgo).
La central térmica de Lada (situada en Asturias y propiedad de Iberdrola) también ha dejado de estar operativa desde el 30 de junio porque Iberdrola así lo ha estipulado aunque podría seguir produciendo energía dado que, previamente, ha realizado las mejoras y ha implementado las técnicas necesarias para poder operar cumpliendo con los límites de emisión de la normativa europea, como señala la organización Europe Beyond Coal (‘Europa, más allá del carbón’) en las redes sociales.
El resto de centrales son As Pontes, los grupos 3 y 4 de Alcudia y Litoral (las tres de Endesa y situadas en A Coruña, Mallorca y Almería, respectivamente); Los Barrios (ubicada en Cádiz y propiedad de Viesgo); y Aboño y Soto de Ribera (las dos en Asturias y propiedad de EDP). Aunque, hasta este momento, según detalla la prensa, la única compañía eléctrica que no se ha pronunciado sobre fechas concretas de cierre ni ha presentado ninguna solicitud ha sido EDP.
La Unión Europea es quien obliga a realizar estos cierres
Sin embargo, aunque es el Gobierno el que autoriza finalmente el cierre de este tipo de instalaciones, son las propias compañías las que previamente han solicitado el desmantelamiento al no poder cumplir con los requisitos exigidos por la Comisión Europea en la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) de 2010.
Esta directiva medioambiental establece unos valores límite de emisión de contaminantes atmosféricos a las compañías con el fin de reducir la contaminación que causa este tipo de instalaciones. En esta DEI se incluyó un Plan Nacional Transitorio que obligaba a las propias compañías a acometer inversiones para reducir las emisiones si querían seguir operando durante más tiempo. En caso contrario, tenían hasta este 30 de junio para cesar la producción y poner fin a su actividad.
El objetivo de Europa es reducir las emisiones de CO2 en un 95% para el año 2050
Aunque hay algunos países que ya han establecido fechas límite para sus centrales térmicas de carbón, el objetivo de la Unión Europea, tal y como reflejaron los estados miembros en el Acuerdo de París firmado en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de 2015, es reducir las emisiones de CO2 con respecto a los niveles de 1990 en un 40% para el año 2030 y en un 80-95% para el año 2050.
El Gobierno de España, por su parte, ha puesto en marcha iniciativas junto a los sindicatos y representantes de las centrales térmicas. Concretamente, este 17 de abril, firmaban un acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales y de las compañías propietarias de las plantas de carbón que están en proceso de cierre, Endesa, Iberdrola y Naturgy, para el mantenimiento del empleo y la reactivación económica de las zonas afectadas por estas clausuras.
Además, en ese sentido, para favorecer el empleo, las propias compañías que echan el cierre de sus centrales también tienen planes para tratar de reconvertir esas zonas. Por ejemplo, Endesa explica en este comunicado que “la nueva capacidad de generación se construirá en las inmediaciones de la actual central térmica [situada en Andorra (Teruel)] y permitirá compatibilizar los trabajos de desmantelamiento con el desarrollo y construcción del nuevo proyecto”.
Las empresas tienen que pedir el cierre de la central y el Gobierno debe autorizarlo
Aunque la directiva europea marcó el 30 de junio como fecha límite para cesar la producción de energía de aquellas empresas que no realizaran mejoras en sus instalaciones con el fin de evitar la contaminación, como hemos explicado, para que una central térmica eche definitivamente el cierre primero debe solicitarlo.
“La autorización del cierre sigue un proceso administrativo”, explican desde el ministerio, que se ha iniciado ya en el caso de estas centrales “a petición de las propias empresas”. Es decir, es la empresa quien, en primer lugar y siguiendo las directrices marcadas por Europa, toma la decisión de clausurar su instalación y, finalmente, el Gobierno quien lo autoriza.
Aunque a día de hoy, “no se ha producido ninguna publicación” de autorización de cierre oficial de estas centrales en el Boletín Oficial del Estado, añaden desde el ministerio. La autorización final del Gobierno tampoco es una decisión unilateral del Ejecutivo. Para emitir su consentimiento, primero requiere otras autorizaciones administrativas previas.
En primer lugar, se exige un informe de Red Eléctrica de España, que garantice la seguridad del sistema y el suministro eléctrico una vez se cierre la central. Además, se le pide “un pronunciamiento expreso favorable o desfavorable” sobre la clausura de la instalación.
Por otro lado, también se necesita un informe del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno donde esté ubicada la instalación en cuestión; así como un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la cual se remite la propuesta de autorización de cierre, elaborada por la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM).
Por otro lado, se obtienen también informes pertinentes del Observatorio de la Sostenibilidad y, como añaden desde el ministerio, “los cierres de las centrales térmicas se someten al procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada”. Es decir, los desmantelamientos son objeto de una evaluación de impacto ambiental.
“Es la primera vez que se compra más energía a Marruecos de la que se exporta”
En los últimos días, se ha hablado mucho sobre la venta de energía de España a Marruecos a raíz de un comunicado publicado por Vox. En este mensaje, se dice que “el Gobierno cierra las térmicas mientras aumenta en un 656% la compra de electricidad producida con carbón a Marruecos”. Sin embargo, en España, “es la primera vez que se compra más energía a Marruecos que la que se exporta”, según escribe el director de El Periódico de la Energía, Ramón Roca, en su cuenta de Twitter. Concretamente, como apunta en esta red social, “la importación de energía creció un 485%, con un valor de 53 millones de euros en el mercado eléctrico español, un 656% más elevado que en 2018”.
Históricamente el balance con Marruecos ha sido negativo, según los datos de las importaciones y exportaciones realizadas por ambos países entre los años 2016 y 2020 recogidos por Red Eléctrica de España. De hecho, hasta este 2019, las compras de energía nunca habían superado las ventas al país vecino.
Sin embargo, como también indica Ramón Roca en la red social, el porcentaje de energía comprada a Marruecos “parece estratosférico” porque “antes prácticamente no se compraba energía” pero, en realidad, si medimos este porcentaje en energía “es aproximadamente algo más de lo que produce una central nuclear española en solo un mes”.
Pero, ¿cuál ha sido la razón de este cambio? El precio. Como explicó Roca el año pasado en El Periódico de la Energía, “cuando el precio es más barato en España, exporta, cuando lo es en otro país, España compra la electricidad lo más barato posible”. De hecho, como se destaca en El Economista, este 2019, “España le compró a Marruecos más electricidad de la que le vendió, porque en el país vecino empezaron a producir dos centrales térmicas de carbón cuya energía entra en el mercado nacional sin ser penalizada por los costes del CO2”, como ocurre en España. Por lo tanto, 2019 fue el primer año que las ventas con Marruecos dieron la vuelta y se compró más energía a este país de la que se vendió.
Primera fecha de publicación de este artículo: 01/07/2020
