Cómo el Gobierno de Trump presume de defender la libertad de expresión mientras toma medidas que la restringen

Amenazas con denuncias a periodistas por publicar informaciones perjudiciales sobre el Gobierno de Donald Trump, vetos a medios de comunicación en la Casa Blanca, o detenciones a estudiantes por participar en manifestaciones. Estos hechos han ocurrido en los primeros meses del Gobierno de Trump en Estados Unidos, a pesar de que en su discurso dijo a pesar de que en su discurso de toma de posesión, dijo que iban a “traer de vuelta la libertad de expresión”.

• Prohibición de entrada o detenciones a ciudadanos y científicos europeos y canadienses.

• Trump dice que quitará fondos federales a las universidades que permitan “protestas ilegales” y encarcelará o deportará a quienes participen en ellas.

• Censura en las universidades estadounidenses.

• La Casa Blanca decide ahora qué periodistas forman parte del grupo que cubre cada día a Trump.

• La pelea de la Casa Blanca por imponer el término “Gulf of America” en los medios y sus consecuencias: el veto a AP.

• Trump y Musk atacan a periodistas y piden su despido.

• El Departamento de Justicia pretende revocar la protección del secreto profesional de los periodistas.

• Trump propone cerrar cadenas de televisión y retirarles financiación.

• El Gobierno de Trump investiga violencia contra Tesla como “terrorismo doméstico” y amenaza a quien critique a Musk.

• El Gobierno de EEUU pide eliminar ciertas palabras de webs federales.

Prohibición de entrada o detenciones a ciudadanos y científicos europeos y canadienses

En las últimas semanas, han sido varios los casos de ciudadanos europeos que han denunciado arrestos y expulsiones a su entrada en Estados Unidos, algunos medios han publicado que se deben a críticas en redes a Trump. Dos turistas alemanes fueron devueltos a Alemania a finales de enero después de haber estado varios días internados en centros de detención de migrantes (ICE). Ambos ciudadanos aseguran que contaban con la autorización ESTA para acceder a Estados Unidos durante 90 días, aunque el Gobierno estadounidense alegó que había irregularidades en su documentación.

A principios de marzo, agentes de fronteras estadounidenses detuvieron a un científico francés después de revisarle el ordenador y el móvil y encontrar “mensajes personales críticos con las políticas sobre investigación científica de Trump” y le acusaron de “mostrar odio hacia Trump”, que podrían ser calificados como “terrorismo”. Y el 17 de ese mismo mes, ocurrió algo similar con un investigador indio con visado de estudiante y casado con una ciudadana estadounidense. No se le han imputado delitos y su abogado cree que su detención está relacionada con el pasado palestino de su mujer, con una acusación de tener supuestos vínculos con Hamás (que no se han probado), de haber trabajado en Al Jazeera y las visiones contrarias de ambos a la política de Trump con Israel. 

Alemania, junto a otros países europeos como Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca o Finlandia, han actualizado sus recomendaciones de entrada a EEUU. También el Ministerio de Exteriores español.

También han detenido y deportado a una científica rusa de la escuela médica de la Universidad de Harvard, y una estudiante turca ha sido arrestada en Boston por escribir un artículo de opinión en el periódico de su universidad, de la que, según documentación del Departamento de Estado a la que ha accedido el Washington Post, no han encontrado evidencias de “antisemitismo” ni “terrorismo”.

Trump dice que quitará fondos federales a las universidades que permitan “protestas ilegales” y encarcelará o deportará a quienes participen en ellas

“Se suspenderá toda la financiación federal para cualquier colegio, escuela o universidad que permita protestas ilegales. Los agitadores serán encarcelados o enviados de regreso a sus países de origen de manera permanente. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados ​​de manera permanente o, según el delito, arrestados”. Con este mensaje, Trump prometió perseguir protestas que considere “ilegales” en los campus universitarios. 

A 5 de mayo, ni él ni su Gobierno han especificado a qué se refieren con “protestas ilegales”, pero el 8 de marzo, policías federales detuvieron a Mahmoud Khalil, un estudiante palestino que participó en las acampadas pro-palestinas en la Universidad de Columbia de abril de 2024. Khalil tiene permiso de residencia permanente y visado de estudiante y residía en un edificio propiedad de la universidad. Trasladado desde Nueva York a un centro de migrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Louisiana, no se le han imputado cargos y un juez ha paralizado temporalmente su deportación.

Tanto Trump como la cuenta oficial de la Casa Blanca dijeron que su detención era “la primera de muchas” por participar en actividades “pro-terroristas, antisemitas y anti-estadounidenses”. A través de una orden ejecutiva firmada el 25 de enero, el presidente estadounidense, según la propia web de la Casa Blanca, prometió “revocar” los visados de estudiante a “todos los extranjeros residentes” implicados en “protestas pro-yihadistas”. El caso de Khalil ha sido el primero, pero el Gobierno de Trump ha aumentado la persecución a estudiantes por sus comentarios sobre Palestina y desde el 9 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional monitoriza las redes sociales de personas inmigrantes en busca de comentarios que consideran “antisemitas”. Esta misma directriz se dio también a las embajadas y consulados de EEUU para los solicitantes de visados de estudiante, según CNN. 

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, compartió la noticia de la detención de Mahmoud Khalil con el mensaje: “Revocaremos los visados y/o permisos de residencia (green cards, en inglés) de los simpatizantes de Hamas en Estados Unidos para que puedan ser deportados”. Además, según Axios, usarán inteligencia artificial para determinar a quién revocar estos visados a estudiantes extranjeros a través de la revisión de sus redes sociales.

En 2017, cuando era senador por Texas y con un cartel que denunciaba la detención de dos activistas por los derechos humanos en China, Rubio se sentía “afortunado” porque en Estados Unidos tenías "libertad de expresión" para manifestarte, como contamos en Maldita.es.

El 25 de abril de 2025, medios estadounidenses han identificado que el Gobierno de Trump ha revocado los visados de estudios de al menos 1.879 estudiantes de cerca de 300 universidades diferentes. Ese día, el Departamento de Justicia declaró, durante una audiencia judicial por varias de las demandas interpuestas por al menos 290 estudiantes, que reactivarían las visas de estudiante mientras trabajan en un “nuevo marco para la cancelación de los expedientes” de registro de los alumnos internacionales, vinculados a su estatus migratorio.

Censura en las universidades estadounidenses

Tras la detención de Khalil, el decano de la facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, Jelani Cobb, pidió que los estudiantes extranjeros evitaran publicar en redes sociales contenidos u opiniones sobre Gaza, Ucrania o las protestas y el arresto de Mahmoud Khalil porque “nadie” podría protegerlos, “esto son tiempos peligrosos”, añadió.

Además, la Fiscalía estadounidense está investigando a la facultad de Derecho de Georgetown porque “continúan impartiendo y promocionando las políticas de diversidad e inclusión” (DEI, por sus siglas en inglés), algo que consideran “inaceptable” y le piden aclarar si siguen impartiendo estas políticas y si pretenden eliminarlas de los programas educativos. El decano y vicepresidente de la institución universitaria, William Treanor, respondió que el Departamento de Educación estadounidense les confirmó que “no se pueden restringir los derechos recogidos en la primera enmienda y está legalmente prohibido ejercer un control sobre el contenido de los currículos estudiantiles”. La primera enmienda protege la libertad de creencias religiosas, de expresión y prensa, el derecho de reunión y de petición al Gobierno.

El 14 de marzo, el Departamento de Educación anunció que ha abierto una investigación a, al menos, 45 universidades por aplicar las políticas de igualdad e inclusión, que el Ejecutivo de Trump califica como “prácticas de exclusión racial” y “racismo anti-blanco”. También hay investigaciones a al menos 60 universidades por acusaciones de “antisemitismo” por las protestas pro-palestinas. Entre ellas, la Universidad de Columbia, que aceptó las exigencias del Gobierno estadounidense para poder recibir fondos federales, o la de Harvard, que a 5 de mayo, Trump le mantiene congelados 2.200 millones de dólares por negarse a cambiar sus políticas. Harvard ha demandado a la Administración de Trump por ello.

La Casa Blanca decide ahora qué periodistas forman parte del grupo que cubre cada día a Trump

El 25 de febrero, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que, en una medida que, a su juicio, “devuelve la voz al pueblo”, sería el equipo de comunicación de la Casa Blanca el que decida qué medios conforman el pool de periodistas que sigue al presidente estadounidense, permitiendo el acceso a webs y medios minoritarios, algunos de ellos próximos a Trump. 

El pool de prensa es un grupo reducido de periodistas, conformado, generalmente, por tres periodistas de agencia, dos reporteros de prensa escrita, un periodista radiofónico, cuatro fotógrafos y un equipo de televisión con un productor, un cámara y un técnico de audio, informa el New York Times. Aunque según la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, su tamaño varía en función de las necesidades. Éstos se encargan de transmitir al resto de periodistas qué dice y hace el presidente estadounidense los 365 días del año.

Hasta ahora, era la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) la que se encargaba de fijar qué medios forman parte del pool cada día. Pero ahora serán los asesores de prensa del presidente los que lo decidan, como recoge EFE.

Varios, periodistas, medios, agencias de noticias y la propia WHCA han publicado comunicados condenando la medida adoptada por la Casa Blanca. Este cambio viene precedido de una batalla judicial entre la Administración Trump y la agencia de noticias Associated Press porque esta última decidió no usar siempre el término “Gulf of America”.

La pelea de la Casa Blanca por imponer el término “Gulf of America” en los medios y sus consecuencias: el veto a AP

Donald Trump, en una de sus primeras medidas, decidió, por decreto, cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de Estados Unidos” (Gulf of America, en inglés). Algunos medios aceptaron el cambio de nomenclatura de Trump, mientras que otros, por su audiencia global, mantendrán, en la medida de lo posible, Golfo de México. Es el caso de la agencia de noticias Associated Press (AP), que en un comunicado explicó: “El Golfo de México lleva ese nombre desde hace más de 400 años. Associated Press se referirá a él por su nombre original, aunque reconocerá el nuevo nombre que ha elegido Trump. Como agencia de noticias global que difunde noticias en todo el mundo, AP debe asegurarse de que los nombres de los lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todos los públicos”. Además, el libro de estilo de AP es la base que usan muchos medios en EEUU como guía.

Ante este anuncio, la Casa Blanca acusó a AP de “difundir mentiras” y, según las explicaciones que le dieron a la agencia, por “no alinear sus estándares editoriales con la orden ejecutiva del presidente Trump” y les vetó el acceso al Despacho Oval como miembro del pool. Associated Press mostró su disconformidad porque atentaba contra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa y de expresión. Posteriormente, la Casa Blanca también vetó a AP en el Air Force One, el avión presidencial. Trump dijo que la agencia de noticias “rechaza cumplir la ley” y que seguirían fuera del pool “hasta que acepten que es el Golfo de América”.

Associated Press ha demandado a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, a su número dos y a la portavoz de la Casa Blanca porque “viola la primera enmienda de la Constitución” y porque la jurisprudencia “ha dejado claro que denegar el acceso de periodistas los eventos de prensa de la Casa Blanca basados en el contenido de los discursos de sus periodistas está prohibido” por la Carta Magna. Añade la agencia de noticias que no se puede denegar el acceso de “manera arbitraria o sin dar, al menos cinco razones” para hacerlo, y en este caso, la Casa Blanca “no dio ni pudo dar ninguna razón para su prohibición arbitraria”, sino que se basan “de manera inadmisible en su desagrado” porque AP utilice el término Golfo de México [párrafo 12]. 

En su respuesta judicial, la Casa Blanca reconoce que la decisión de “quitarle el acceso especial a AP” la tomó personalmente Donald Trump [pág. 5]. El juez, en un primer escrito, ha dictaminado que el veto de Trump a AP es inconstitucional: “Según la primera enmienda, si el Gobierno abre sus puertas a algunos periodistas –ya sea al Despacho Oval, la Sala Este o cualquier otro sitio– no puede cerrarlas a otros por sus puntos de vista. La Constitución no exige menos” [pág. 2].

Trump y Musk atacan a periodistas y piden su despido

En su primer mandato, Trump ya lanzó ataques contra los medios de comunicación y llevó a algunos ante los tribunales por informaciones que él consideraba perjudiciales. Pero estas críticas y amenazas se han repetido en su segunda presidencia: Trump ha presentado demandas contra varios medios por opiniones o encuestas que le son desfavorables. 

Tanto el presidente estadounidense como su “empleado especial”, Elon Musk, han pedido el despido de varios periodistas porque no están de acuerdo con su trabajo. El 7 de febrero, Trump puso en su red social: “Eugene Robinson del Washington Post es un INCOMPETENTE. Es muy triste verlo intentar justificar el despilfarro, el fraude y la corrupción en USAID con su patético discurso radical de izquierda. ¡¡¡Deberían despedirlo de inmediato!!!” (sic).

Minutos antes, Elon Musk había llamado “persona asquerosa y cruel” a Katherine Long, periodista de The Wall Street Journal y había pedido también su despido en varios posts en Twitter (ahora X).

En marzo, Trump, en el Despacho Oval, pidió “forzar la dimisión” de Nicolle Wallace y Rachel Maddow, dos presentadoras de MSNBC, por acusarle de utilizar políticamente a un niño con cáncer en su discurso ante el Congreso estadounidense. Trump dijo también que “muy poca gente ve ya” esa cadena de televisión, que ambas periodistas “han perdido toda la credibilidad” y que Wallace “no tiene mucho talento”.

En su discurso en la conferencia conservadora CPAC en febrero, Trump habló de que los medios “están jodidos porque han perdido toda la credibilidad” y dijo de MSNBC que es “una amenaza para la democracia” porque “son muy malos y están temblando”. Sus índices de audiencia se han desplomado. Ni siquiera hablo de CNN, CNN es algo así como, no sé, son patéticos, pero MSNBC son malos, sus índices de audiencia han bajado muchísimo”, continuó entre risas del público [min. 27:27].

Voice of America (VOA) es un conglomerado de medios internacionales públicos de Estados Unidos. Trump, nada más llegar a la Casa Blanca por segunda vez, ha propuesto a Karri Lake, una expresentadora de Fox News y ex candidata republicana al Senado de Arizona que difundió la teoría de la conspiración del fraude electoral en los comicios de 2020, como su directora.

Además, según el New York Times, varios periodistas de VOA están siendo investigados o han sido suspendidos de su puesto de trabajo para una investigación del departamento de recursos humanos por comentarios en redes sociales o su cobertura sobre Trump. Tres trabajadores que el New York Times no identifica aseguran que, en los últimos meses, varios artículos críticos con el presidente estadounidense no se han publicado o han rebajado el tono.

En un discurso ante la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses, Trump insistió en que, desde que volvió a la Casa Blanca, ha “detenido toda la censura del Gobierno y traído de vuelta la libertad de expresión a Estados Unidos” [min. 14:18]. Minutos antes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, (republicano) había expulsado al congresista demócrata, Al Green, por decir que Trump no tenía el poder de recortar el programa de cobertura médica, Medicaid [min. 5:06].

El Departamento de Justicia pretende revocar la protección del secreto profesional de los periodistas

El 26 de abril, el medio estadounidense ABC News publicó que el Departamento de Justicia ha derogado una política creada bajo el Gobierno de Biden que protegía a los periodistas de registros judiciales en sus investigaciones. Según el documento, tiene como objetivo “identificar y castigar la fuente de filtraciones indebidas” a medios de comunicación. 

Trump propone cerrar cadenas de televisión y retirarles financiación

El Gobierno de Trump ha ordenado desmantelar la red de emisoras internacionales de VOA y Radio Free Europe. Esto ha provocado que muchas de las filiales de VOA dejen de emitir en todo el mundo y que sus trabajadores hayan sido suspendidos de empleo y sueldo, por lo que han demandado al Ejecutivo estadounidense porque consideran que la decisión es inconstitucional. El 28 de marzo, un juez federal decretó una suspensión temporal en las medidas adoptadas por Trump y ha ordenado restaurar los servicios de emisión y volver a contratar a los trabajadores. 

La agencia reguladora de medios estadounidense (FCC, por sus siglas en inglés) está investigando a la cadena de televisión CBS después de que Trump dijera que había manipulado una entrevista a favor de Kamala Harris, previa a las elecciones. El presidente estadounidense le pide 10.000 dólares a la cadena porque considera que le perjudicó en campaña. Además, en un post en su red social, ha pedido que la FCC retire la licencia de emisión a CBS y le imponga una multa.

La FCC también investiga a las emisoras públicas NPR, de radio, y PBS, de televisión por haber, presuntamente, violado las leyes federales al emitir anuncios, unas acusaciones que los directores de ambas cadenas niegan. La Casa Blanca ha solicitado al Congreso que retire hasta 1.100 millones de dólares de financiación para NPR y PBS.

El Gobierno de Trump investiga violencia contra Tesla como “terrorismo doméstico” y amenaza a quien critique a Musk

El presidente estadounidense, durante un evento en la Casa Blanca en la que probó varios vehículos de la marca de Tesla, propiedad de Elon Musk, dijo que estaba de acuerdo en que los los ataques a concesionarios de Tesla fueran catalogados como “terrorismo doméstico”.

Ahora, la Fiscalía General de EEUU ha abierto varias investigaciones a ciudadanos estadounidenses por ataques contra coches y concesionarios Tesla, para los que pide un mínimo de cinco años de prisión y prometen “severas consecuencias” para aquellos que “operan entre bastidores para coordinar y financiar” lo que califican de “crímenes”. 

Por otro lado, el Departamento de Justicia envió el 17 de febrero de 2025 una carta al congresista demócrata Robert García para pedirle que aclarara una “amenaza” contra Elon Musk por decir que había que “traer armas reales” para luchar contra las decisiones de Musk de recortar el Gobierno Federal: “Lo que quiere el público estadounidense es que nosotros traigamos armas reales a esta pelea de bar, es una pelea por la democracia y por el futuro de este país, y es importante presionar al presidente del comité.

García, en su intervención hablaba de un comité que se ha creado en la Cámara de Representantes para supervisar las decisiones de Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), y, como explicó después, era una “metáfora” sobre que tenían que actuar en ese comité para controlar sus acciones.

El Gobierno de EEUU pide eliminar ciertas palabras de webs federales

Trump ha declarado la guerra a las políticas de diversidad e inclusión. Ha firmado varias órdenes ejecutivas para cancelar esos programas en la Administración y ha ordenado despidos de los trabajadores encargados de estas políticas. Además, según un análisis de The New York Times, los diferentes departamentos federales están eliminando palabras de sus webs por contribuir a estas políticas de diversidad e inclusión.

La eliminación de estas palabras ha ocasionado, por ejemplo, que el Pentágono haya borrado o marcado para borrar toda mención al Holocausto, a los atentados del 11-S, a recursos para la prevención del cáncer, los abusos sexuales o el suicidio de su web, según una base de datos a la que tuvo acceso CNN. Además, algunas fotografías del avión que lanzó la bomba atómica en Hiroshima, el Enola Gay, también estuvieron marcadas para eliminarlas de las webs del Departamento de Defensa por incluir el término “gay”, informó la agencia Associated Press. 

Además, Elon Musk celebró en redes sociales que despidieran a un funcionario en Texas por no eliminar de su email de trabajo los pronombres personales. Este funcionario explicó que hacerlo iba “en contra de sus creencias personales”.