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En Telegram, la app de mensajería instantánea, hay canales públicos donde se ofrece la compra de armas, algo que en España sólo está permitido en catálogos y webs especializadas. Las políticas de la plataforma, con un bajo nivel de moderación de contenidos, y el anonimato que ofrece a los usuarios han permitido que los ciberdelincuentes opten por usar esta aplicación para desarrollar sus estafas, según los expertos en ciberseguridad consultados por Maldita.es.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) establece que plataformas como Telegram tienen la obligación de eliminar contenido ilegal si saben de su existencia. Según Telegram, no están permitidas actividades reconocidas como ilegales en la mayoría de los países, como la venta de armas de fuego. Sin embargo, a 25 de marzo de 2025 aún continúan operativos canales que ofrecen armas o dinero falsificado en chats que, entre otros contenidos, difunden desinformación sobre migración.
Este artículo es la tercera entrega de las tres que componen una investigación desarrollada por Maldita.es en la que se han analizado las publicaciones de nueve canales abiertos de Telegram entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024. Mediante la revisión de sus mensajes enviados en este periodo de tiempo se ha detectado que hay usuarios que aprovechan el contenido y el tono de los chats abiertos en estos canales, identificados previamente por difundir desinformación, para intentar estafar a través de la supuesta venta de armas.
Anonimato y privacidad en una plataforma cuyo CEO fue detenido por no colaborar para frenar su uso delictivo
Hay canales abiertos en Telegram, identificados por difundir desinformación, en cuyas publicaciones hay comentarios promocionando canales en los que supuestamente se pueden adquirir productos ilícitos, como tarjetas de crédito clonadas o armas. Estos mensajes aparecen entre otras reacciones de usuarios como “dos tiros y se arregla”.
Germán Andrés Olano, experto en seguridad informática y maldito con superpoderes, explica que esta plataforma brinda herramientas que permiten mucho anonimato, como la posibilidad de ocultar tu número de teléfono y otros datos. Esta particularidad permite que “los grupos de odio y los grupos violentos generen acercamiento y atracción”. El anonimato otorga “una supuesta sensación de protección por la que puedes decir lo que quieras, vender lo que quieras y filtrar a compradores que verdaderamente están alineados con tu ideología o intereses”, añade Olano.
Remontándonos al origen de Telegram, esta aplicación fue fundada por los hermanos Pavel Durov y Nikolai Durov con el objetivo de concentrar a las personas que Vladimir Putin, presidente de Rusia, considera “disidentes”, para que puedan comunicarse de manera segura. “Pero dentro de este grupo de disidentes hay tanto activistas por los derechos humanos como terroristas”, detalla Paula González, jefa en ciberseguridad de GMV y maldita con superpoderes.
En aras de esa seguridad y libertad, los creadores de Telegram se blindan en la privacidad y libertad de expresión para no facilitar información cuando un país les ha reclamado contenidos de un canal que estaba incumpliendo con su legislación, explica Olano. De hecho, la Justicia Francesa imputó a Durov, CEO de la plataforma, por blanqueamiento de delitos y negativa de comunicar información a las autoridades el 28 de agosto de 2024. Como las autoridades francesas afirmaron, su detención se produjo como parte de una investigación por presuntos delitos de fraude, tráfico de drogas, difusión de contenido pedófilo y delincuencia organizada, entre otros cargos, y por no colaborar con las autoridades frenar el uso delictivo de la aplicación.
El 23 de septiembre de 2024, días después de la detención de Durov en Francia, la empresa modificó sus políticas de privacidad para incluir que colaborará con las autoridades en la investigación de delitos que se cometan en su aplicación. Afirman que podrán elevar la dirección IP y número de teléfono si reciben una orden judicial que confirme que un usuario es sospechoso en un caso relacionado con actividades criminales que violan los Términos de Servicio de Telegram.
Pero hasta ese día, Telegram especificaba que solo se atenderían esas peticiones de información por parte de las autoridades en los casos de terrorismo, como se puede comprobar en una captura de la página realizada el 21 de septiembre en Web Archive.
Falta de transparencia en la moderación y protección a los usos delictivos y la desinformación
Tampoco está claro en base a qué se llevan a cabo los mecanismos para moderar los contenidos. Paula González y Andrés Olano coinciden en que nadie sabe muy bien cómo funciona el sistema de moderación de la aplicación, ya que sus fundadores argumentan no tener acceso a la información que se mueve dentro de su plataforma. “Toda persona que quiera utilizarlo para hacer el mal se ve protegida de alguna manera”, asegura González.
Aunque en la página de preguntas frecuentes la empresa indica que el contenido de los canales y grupos disponibles públicamente puede ser reportado, Telegram defiende una política de no interferencia en el contenido de la aplicación. Limita sus intervenciones al mínimo argumentando que no bloquearan a quienes “expresen pacíficamente opiniones alternativas”.
Esto permite que en Telegram se ofrezcan todo tipo de productos ilícitos, como redes dedicadas a vender documentos falsos. También da vía libre a que, por ejemplo, también se mueva la desinformación. Una investigación de Maldita.es en colaboración con la Universidad de Granada confirmó que en Telegram hay “canales alternativos”, como ellos mismos se definen, que disfrazan de información lo que, en realidad, son bulos. Estos canales tienen más impacto y son capaces de crear grandes comunidades de usuarios que reciben constantemente esa visión engañosa de los acontecimientos de actualidad que centran el debate público.
Telegram indica que no están permitidas actividades ilegales (como la venta de armas), pero siguen activos canales y mensajes que las ofrecen en chats públicos
Todo esto genera un caldo de cultivo perfecto para que en Telegram se lleve a cabo la supuesta venta de armas. Pero, ¿es legal? Según la plataforma, no están permitidas actividades reconocidas como ilegales en la mayoría de los países. Aquí se incluyen el abuso de menores, la venta u oferta de bienes y servicios ilegales (drogas, armas de fuego, documentos falsificados) o compartir datos personales de otras personas para intimidarlas o acosarlas. En su único apartado sobre cómo modera contenido, no especifica las medidas concretas de moderación que lleva a cabo en esos casos y, como hemos indicado, defienden una política de no interferencia en el contenido.
Más allá de las condiciones de Telegram, en España sólo está permitida publicidad de armas en publicaciones especializadas. Concretamente, el artículo 45 del real decreto que regula el uso de armas en España establece que las pertenecientes a las categorías 1ª (pistolas y revólveres) y 2ª (escopetas y armas de fuego largas para caza mayor) solo podrán ser objeto de publicidad en revistas, catálogos o folletos especializados. Sin embargo, esta normativa no recoge la existencia de la venta de armas online.
Por ejemplo, Compactum, una web especializada, publicó una circular de la Guardia Civil que asegura que no está permitido anunciar rifles ni armas cortas en webs de anuncios de segunda mano si no son webs especializadas en armas. Sólo se podrían anunciar siempre y cuando el anuncio redireccione a la página de una web especializada en venta de armas, como una armería.
En conversación con Maldita.es, desde el Grupo de Tráfico de Armas de la Jefatura de Información de la Guardia Civil se refirieron al acto de comprar un arma en Telegram como “ilegal” y señalaron que “la mayoría de lo que existen son estafas”. También señalan que así es como se aprovechan de los “estafados” porque las víctimas no van a poner una denuncia. De ser así, estas personas estarían reconociendo que “querían cometer un delito”, afirman. Además, para adquirir armas de fuego en España es necesario haber obtenido una autorización previa o una licencia necesaria para el uso del arma expedidos por las autoridades competentes, como dispone el reglamento.
Por su parte, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) establece una serie de obligaciones para los servicios y plataformas en línea, entre los que se incluye Telegram. Según esta ley, las plataformas son responsables de los contenidos ilícitos que publican los usuarios si tienen conocimiento de que estos circulan. Si una vez tiene conocimiento de su existencia, no los elimina, puede enfrentarse a sanciones.
A pesar de todo esto, a 25 de marzo, en Telegram siguen activos canales que ofrecen dinero falsificado o armas, y también siguen disponibles mensajes que ofrecían estos productos publicados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024.
Además, como una medida de transparencia, Telegram tiene la obligación de publicar informes anuales sobre la moderación de contenidos que llevan a cabo. Según los plazos señalados por la DSA, las empresas en el rango de obligaciones en el que está Telegram tienen de plazo hasta el 16 de abril de 2025 para publicar el primer informe.
En este artículo han colaborado con sus superpoderes los malditos Germán Andrés Olano, experto en seguridad informática y Paula González, jefa en ciberseguridad de GMV.
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