El texto publicado en el BOE, que no se convalidó, afirmaba que “la extraordinaria y urgente necesidad en el caso de Renfe se relaciona con sus inversiones previstas para el año 2026”. Y señalaba que los 671 millones se requerían para contratos que ya estaban “en ejecución”, así como para “contratos vigentes de adquisición o pendientes de próxima materialización”.
El PP afirmó que el decreto no concurría en su “extraordinaria y urgente necesidad” y cuestionó la falta de “previsión” del Gobierno en la financiación de Renfe
María Pilar Alía Aguado (PP) indicó en el pleno del 25 de junio de 2026: “¿Cómo puede venir aquí a lloriquear presupuesto cuando desde el año 2023 no han traído a esta Cámara ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado?” [min. 5:17:04]. La diputada popular calificó de “incumplimiento legal” y de “falta de voluntad” que el Gobierno no hubiese presentado los presupuestos [min. 5:18:48].
Respecto al crédito de 671 millones de euros, Alía cuestionó si habían firmado ya los contratos: “¿Ha asumido ya los compromisos de esas cuantías sin tener garantizada la financiación? ¿Inversiones de esa cuantía eran tan difíciles de prever?” [min. 5:20:36]. También cuestionó que se tramitase mediante real decreto, ya que estos sólo se pueden “dictar en situaciones y casos de extraordinaria y urgente necesidad” [min. 5:22:11].
Vox lo rechazó alegando que suponía “más deuda” y Junts apuntó a la falta de de “mayoría parlamentaria” del Gobierno, que no había presentado los PGE
Por su parte, Pablo Sáez Alonso-Muñumer (Vox) también apuntó en el pleno del 25 de junio de 2026 que el Gobierno llevaba “tres años” sin presentar presupuestos [min. 5:04:03]. Alonso-Muñuner aseguró que “las pérdidas de tres millones de euros a pesar de haber recibido 2.000 millones de euros de subvenciones de explotación” de Renfe, el “desequilibrio patrimonial” y las “deudas a largo plazo con entidades de crédito por 4.442 millones de euros” eran un “claro ejemplo de gestión incompetente” por parte del Ejecutivo [min. 5:01:14].
Josep Maria Cruset (Junts) aseveró en esta misma línea que el Gobierno no había aprobado los PGE. “Sin presupuestos, incumpliendo todos los acuerdos, sin mayoría parlamentaria y con esta actitud que va engrandeciendo cada vez más a la extrema derecha, con esto no pueden contar con nosotros”, dijo Cruset [min. 4:52:23].
Algunos contenidos mencionan otro decreto de febrero de 2026 al que también votaron en contra
También es cierto que, como aseguran algunos contenidos que se han viralizado, PP y Vox votaron en contra en febrero de 2026 de otro real decreto-ley que limitaba las subidas de precios en emergencias declaradas, incluídas las del transporte. El Gobierno anunció la norma en el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2026 y se publicó en el BOE al día siguiente.
El texto indicaba que no se podían producir incrementos del precio “en contextos de urgencia, riesgo o necesidad” en determinados bienes y servicios, como el “transporte aéreo o de otras modalidades”, sólo cuándo lo autorizase expresamente la Comisión Europea. En la votación para su convalidación del 26 de febrero de 2026 en el Congreso de los Diputados decayó con los 177 votos en contra del PP, Vox y Junts y la abstención de UPN, frente a los 172 votos a favor del resto de grupos parlamentarios.
El PP advirtió de la “arbitrariedad” con la que el Gobierno podría dictar los precios, Vox cuestionó su encaje constitucional y Junts criticó que se podría intervenir “sin ningún límite”
La ‘popular’ María Pilar Alía Aguado dijo en el pleno del 26 de febrero de 2026, que esta limitación de los precios podría dictarse por parte del Gobierno con “arbitrariedad”. “Esto les da vía para fijar precios en cualquier momento” [min. 5:40:53]. Aguado también aseguró que esta medida podría hacer aparecer “los mercados negros” e incrementar el precio de los productos. También cuestionó qué vía utilizaría el Gobierno para establecer el “precio de referencia” en los productos [min. 5:43:03].
Por su parte, el diputado de Vox Carlos Flores Juberías dijo que la medida podría vulnerar “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado consagrada por el artículo 38 de la Constitución, al contemplar una intervención directa en la formación de precios” [min. 4:31.01].
En esta misma línea, Josep Maria Cruset, de Junts, indicó que el Gobierno pretendía “obtener la capacidad de intervenir en el mercado sin ningún límite” [min. 5:17:48].