A través de redes sociales y con el apoyo de la Asociación de Vecinos y Vecinas Somos Santa Eulalia y el Sindicat d’Habitatge de L’Hospitalet, Olga compartió su historia en varias ocasiones y realizó varias denuncias sociales antes de su muerte el 7 de septiembre de 2026. “Me llamo Olga, tengo 52 años, nací en Santa Eulàlia, en L'Hospitalet. Llevo 52 años aquí, aquí me he criado, aquí me casé, aquí me separé y aquí he criado a mis dos hijas”, narró en un vídeo en 2024.
En su testimonio, Olga dice que era madre monoparental, que el padre de sus hijas llevaba alrededor de dos años sin pagar la pensión y que tenía reconocida una discapacidad. Desde la asociación también explicaron que durante varios meses sus ingresos habían sido de unos 600 euros.
El inmueble fue vendido por Banco Sabadell a Promontoria Coliseum en 2020
Olga y la asociación vecinal explicaron a través de un comunicado en 2024 que ella compró el piso hace unos 20 años y que, tras separarse y perder su empleo, dejó de poder hacer frente a la hipoteca. Ante esta situación, acordó con Banco Sabadell una dación en pago: el banco se quedó con la vivienda y ella pasó a vivir allí con un alquiler social, cuyo importe se estableció en función de sus ingresos. En 2020, Banco Sabadell vendió el inmueble a Promontoria Coliseum Real Estate, que, según el relato de Olga, no mantuvo las condiciones del alquiler social.
Mientras continuaba pagando el alquiler, Olga relató en un vídeo de 2024 que un hombre acudió a su domicilio y le comunicó que estaba ocupando una propiedad privada. Posteriormente recibió una demanda judicial para recuperar la vivienda. Según su versión, el fondo sostenía que le había comunicado mediante burofax la finalización del contrato, pero ella aseguraba no haber recibido dicha comunicación y por eso continuó abonando el alquiler.
Olga contaba con una protección legal que fue derogada. La Ley catalana 1/2022 establecía la obligación de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a determinados hogares en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en octubre de 2024 el Tribunal Constitucional anuló varios preceptos de esta norma, entre ellos algunos relacionados con la obligación de ofrecer o renovar estos alquileres. En enero de 2026, el Congreso rechazó el decreto que prorrogaba, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Tras el fin de estas medidas, el procedimiento de desahucio de Olga se reactivó.
El desahucio se ejecutó en abril de 2026 tras dos años de procedimiento judicial
Tras dos años de batalla legal, la jueza resolvió el procedimiento a favor del fondo inmobiliario y el desahucio quedó fijado para el 15 de abril de 2026, informó la Asociación de Vecinos y Vecinas Somos Santa Eulalia. Asimismo, estos compartieron que la noche anterior al desahució Olga fue ingresada en las urgencias psiquiátricas del Hospital de Bellvitge después de amenazar con quitarse la vida. La asociación sostiene que su abogado solicitó la suspensión del desahucio por su estado de salud, pero que el juzgado no accedió a esa petición. Al día siguiente, fue ejecutado el desahucio y Olga se trasladó temporalmente a casa de una vecina.
Olga relató que encontró en Solvia, la plataforma que gestionaba el inmueble, un anuncio de venta de su antigua vivienda dirigido a inversores. En el anuncio, según su testimonio, se indicaba que el inmueble estaba ocupado y tenía un precio de venta de unos 120.000 euros menos que el que ella había pagado aproximadamente dos décadas antes.
En abril de 2024, Olga participó en la Comisión de Estudio sobre la Salud Mental y las Adicciones del Parlamento de Catalunya, como usuaria del proyecto Comunitat Activa, donde declaró que su situación de desempleo le había provocado una depresión, diagnosticada por un psiquiatra, que le recetó antidepresivos.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet dijo a Maldita.es que los servicios sociales trabajaban con Olga desde 2020 y habían acreditado oficialmente su situación de vulnerabilidad, así como la emisión de informes para procedimientos judiciales y coordinación con recursos especializados de vivienda y con el Fondo Social de Vivienda. Aseguraron que durante 2026 se tramitó “una ayuda económica extraordinaria para facilitar una alternativa temporal de alojamiento".
El 7 de septiembre de 2026, Olga se suicidó a los 54 años, según el comunicado publicado por la asociación de vecinos. La asociación y la familia vinculan su muerte con el proceso de desahucio y con la situación de vulnerabilidad que atravesaba.
La vivienda estaba gestionada por Solvia, según Banco Sabadell
Maldita.es ha contactado con Banco Sabadell, quien ha dicho en octubre de 2024 cuando el Sindicat d’Habitatge de L’Hospitalet trasladó el caso, Sogeviso (Sociedad de Gestión de Vivienda Social, propiedad de Banco Sabadell) informó inmediatamente de que la vivienda ya no pertenecía a Banco Sabadell desde 2020. En su respuesta, el banco dice que se facilitaron los datos de contacto de Solvia (la gestora del inmueble, propiedad de Promontoria, sociedad del fondo Cerberus) y de los canales específicos de mediación social habilitados para dicha cartera de Promontoria.
Asimismo, Sabadell declaró que en diciembre de 2024, el caso fue revisado y derivado directamente por Sogeviso a Solvia para que gestionara la situación con el colectivo y con Olga Matute. Además, según la información proporcionada, Banco Sabadell se comprometió a trasladar la situación a Promontoria Coliseum para favorecer una posible solución mediante alquiler social
Desde Maldita.es contactamos con Solvia. Desde la dirección de comunicación de la empresa, informaron que no harán comentarios. También contactamos con la Generalitat de Catalunya. Hasta el 9 de octubre de 2026 no hemos obtenido respuesta.