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Qué sabemos del “registro” de la UCO a la sede del PSOE: el juez autorizó el requerimiento de documentación y, en caso de no atenderse, su entrada y registro

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó a la UCO que “acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno”, afirma una nota informativa del Poder Judicial“En caso de no atenderse a dicho requerimiento, subsidiariamente”, el juez autorizaba a la UCO a hacer la entrada y registro en todas las dependencias del PSOE necesarias, indica en el auto, publicado por Demócrata. 

Este magistrado investiga en esta causa a personas vinculadas al PSOE como Santos Cerdán, Leire Diez, Gaspar Zarrías o Ana María Fuentes, entre otros. Los delitos que está investigando este juez, según la nota, son: “Organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias  y delito contra las instituciones del Estado”. Asimismo, menciona a la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, como “autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces”.
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5/27/26
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«La UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en un operativo contra una trama de financiación ilegal»

La UCO entra en Ferraz: operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE https://share.google/mxTYKrmvXaUiSvQTc
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Por su parte, El Confidencial afirma que el “dispositivo” de la UCO es “el resultado de las investigaciones efectuadas durante meses por expertos en delitos económicos de la Guardia Civil tras hallar mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de dirigentes del PSOE y otros individuos de su entorno que habrían desvelado que el partido del Gobierno operaba con una contabilidad paralela” citando “fuentes consultadas” que no identifica.

El magistrado ha realizado los requerimientos debido a que “la actividad presuntamente delictiva” es “grave” tanto por “las penas que pudieran imponerse” como por “el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación”, indica la nota del Poder Judicial.