Según explicó la Agencia EFE, en 2024 la Fiscalía Anticorrupción, junto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate de la aerolínea “podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana”. El País y RTVE señalan que el origen de la investigación de Anticorrupción se produce después de que recibiera dos solicitudes de cooperación internacional procedentes de Suiza y Francia, donde se investigaba una presunta organización criminal dedicada a blanquear dinero procedente de Venezuela. Fue a partir de ahí cuando la justicia española comenzó a investigar y con los avances se fue señalando la posible implicación del expresidente. En concreto, el auto del 19 de mayo de 2026 de la Audiencia Nacional lo cita a declarar en calidad de investigado el 2 de junio por “presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales” y por ser el “presunto líder de ‘una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.
En la denuncia presentada por Manos Limpias en 2025 mencionan como “relación circunstanciada de los hechos” una entrevista realizada en el programa “Horizontes en laSexta” (en referencia al programa ‘Horizonte’ en Cuatro) el 18 de diciembre de 2025 a Víctor de Aldama en la que el empresario habla del supuesto importe que recibió Zapatero por el rescate de Plus Ultra, presuntamente por valor de diez millones. También se hace referencia a un vídeo del canal de YouTube “Castillón Confidencial” en el que presuntamente se revela la supuesta cuenta de Zapatero en Panamá en la que habría recibido la comisión.
En enero de 2023, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid archivó la causa en la que investigaban las presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. Pero en febrero de 2026 la magistrada titular de ese juzgado, Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional ya que considera que es el órgano competente para instruir los hechos debido a la “nueva dimensión” del procedimiento. En marzo de este año el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aceptó la competencia para instruir la causa, que ha estado bajo secreto de sumario hasta este 19 de mayo, por tratar asuntos que puedan tener “grave repercusión”, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicó El Mundo.