La declaración de la emergencia climática por parte del Consejo de Ministros en enero de 2020 contemplaba la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que contaba con la participación de los jóvenes. Más de dos años después, en junio de 2022 se han presentado las recomendaciones de la que se ha denominado Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC). Os contamos qué es este colectivo, quiénes lo forman y sus propuestas.
Un total de 100 miembros representativos de la población española
Esta asamblea de carácter deliberativo es “un foro de participación ciudadana para generar reflexión, conocimiento colectivo y conocer las valoraciones y las propuestas de la ciudadanía” y “reforzar los mecanismos de participación ciudadana ya existentes”, indica la orden ministerial que especificó sus características.
La han compuesto 100 personas escogidas de forma aleatoria pero representativas de “la diversidad de la sociedad española” según criterios como la edad, el género, el nivel educativo, la procedencia geográfica y la residencia en área urbana o rural. Estas personas no podían ser miembros de los parlamentos o gobiernos nacionales, autonómicos o locales ni empleados de partidos políticos. Sus identidades han sido anónimas hasta la presentación de sus propuestas.
Estas 100 personas han contado con el apoyo de un grupo de expertos y expertas con funciones de apoyo y asesoría en el ámbito del clima, un equipo de personas facilitadoras para garantizar “un adecuado diseño del proceso participativo y la dinamización de las sesiones” y otro grupo de personas de “coordinación independiente” para facilitar los trabajos de preparación, puesta en marcha y apoyo logístico de la asamblea.
Tenía como mandato debatir en torno a la pregunta cómo hacer “una España más segura y justa ante el cambio climático”. De esta manera se ha debatido sobre cómo construir “un país más seguro con menos emisiones de gases de efecto invernadero, menos vulnerable frente a los riesgos y los impactos del cambio climático y que requieren considerar la solidaridad, la equidad, la justicia social y la transición ecológica justa”.
La ACC se ha reunido en siete sesiones una vez al mes desde noviembre de 2021 a mayo de 2022 junto con personas facilitadoras. De ahí ha salido un informe de recomendaciones y propuestas que es público, se ha remitido al Gobierno y está previsto que se presente al Pleno del Congreso de los Diputados.
172 recomendaciones para limitar la subida de las temperaturas
El trabajo de las 100 personas de la ACC ha dado como resultado 172 recomendaciones y 58 objetivos organizados en cinco áreas: consumo, alimentación y usos del suelo; comunidades, salud y cuidados; trabajo y ecosistemas.
Dentro del área de consumo, para lograr objetivos como facilitar el ahorro de energía y el consumo de renovables, la ACC recomienda promover el autoconsumo energético e implantar un modelo energético con control público y regulación de precios justos. Otros consejos son crear espacios públicos de ocio gratuitos sin necesidad de consumo y con aseos públicos, bancos del tiempo donde se intercambian servicios y centros de reparación para alargar la vida útil de los productos.
Respecto a alimentación y usos del suelo, los asamblearios han acordado recomendar la promoción de la ganadería extensiva agroecológica y reducir la industrial, aumentar el uso de fertilizantes orgánicos frente a los químicos, favorecer la venta directa de producto local y en la agricultura usar variedades tradicionales adaptadas al clima local.
Sobre salud y cuidados, la ACC recomienda, por ejemplo, minimizar los vuelos domésticos en España cuando haya alternativas de tren, promover los carriles bici y recuperar el uso de viviendas, y tierras abandonadas o en desuso en zonas rurales.
Respecto al trabajo, los asamblearios han acordado pedir impulsar las energías renovables en las empresas y centros de trabajo, auditorías ambientales obligatorias en las empresas con impacto ambiental significativo, fomentar el teletrabajo y la reducción de la jornada laboral a 4 días o 30 o 32 horas para reducir los desplazamientos.
El quinto bloque, ecosistemas, incluye crear brigadas profesionales de reforestación y regeneración de ecosistemas especializadas en cambio climático e incluir el ecocidio como delito en el marco jurídico
español en casos de daño masivo y de la destrucción del ecosistema.
Francia y Escocia también han tenido asambleas por el clima
En otros países ha habido experiencias similares previas. En Francia se formó en 2019 la Convención Ciudadana por el Clima a iniciativa del presidente de la República Emmanuel Macron con 150 ciudadanos seleccionados aleatoriamente con criterios que les hiciesen teóricamente representativos del país con el objetivo definir medidas para lograr una reducción de al menos el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 “con un espíritu de justicia social”.
Finalmente aprobaron en 2020 149 propuestas y Macron aceptó públicamente todas salvo tres: reescribir el preámbulo de la Constitución, limitar la velocidad de las autopistas a 110 kilómetros por horas y un impuesto del 4% sobre los dividendos de las empresas que superen los 10 millones de euros para "participar en el esfuerzo de financiación colectiva de la transición ecológica".
Por su parte, los 106 miembros de la asamblea del clima de Escocia se reunieron siete fines de semana entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. Posteriormente, en junio de 2021 presentaron 81 propuestas al Parlamento escocés. Los integrantes también fueron escogidos por sorteo.
En Suecia no fue el Gobierno sino la ciudadanía quien creó el Parlamento Popular del Clima en 2014. Escogieron 12 propuestas que presentaron ante el Parlamento sueco.
