En los últimos meses, el precio de los carburantes y de la electricidad ha aumentado en España (y en Europa) hasta alcanzar máximos históricos. Estos productos están muy relacionados con los combustibles fósiles, pues la mayoría de los carburantes son gas natural o derivados del petróleo (como la gasolina o el diésel) y la capacidad española para generar electricidad (la potencia instalada) depende de los fósiles en torno a un 30%.
En general, en España las energías renovables reciben más ayudas fiscales que los combustibles fósiles, según el Tribunal de Cuentas de la Comisión Europea [pág. 32]. No obstante, organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de la Energía en su informe de 2021 recomiendan a España revisar su fiscalidad para acelerar la transición energética.
El impuesto fijo sobre la gasolina en España es el décimo más bajo de los 27 países de la Unión Europea (UE) y el decimotercero más bajo para el diésel, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Por su parte, el IVA de los carburantes (21%) está en un puesto intermedio entre el 27% de Hungría y el 8% de Polonia, tras la reducción que realizó el Gobierno polaco este mes de febrero.
Además, España no tiene un impuesto directo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), cuyas principales fuentes son el transporte y la industria. El único tributo que grava de forma directa las emisiones de gases de efecto invernadero es el impuesto sobre los gases fluorados, pero estos sólo representan el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero españolas, según la organización de analistas fiscales Tax Foundation.
España es el 10º país de la UE con el impuesto más bajo sobre la gasolina y el 13º sobre el diesel
Los impuestos que gravan los carburantes que repostan los ciudadanos de a pie en la gasolinera son el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que es fijo y se establece cada mil litros, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un porcentaje extra que se aplica a cualquier producto antes de su venta al público. Para poner una cifra al impuesto de hidrocarburos, los países de la UE deben moverse en los márgenes establecidos en la directiva 2003/96, que regula los impuestos a los productos energéticos y de la electricidad.
El impuesto español sobre los hidrocarburos es el décimo más bajo de la UE para la gasolina (0,4727 € por litro) y el decimotercero más bajo para el diésel (0,379 €/l), no muy lejos de los mínimos marcados por la directiva (0,359 €/l y 0,330 €/l, respectivamente). Además, el segundo es menor aunque el diésel emita más dióxido de carbono que la gasolina considerando su ciclo de vida completo, como ya explicamos en Maldita.es.
En cuanto al IVA, el tipo español (21%) está en un puesto intermedio en la UE. El IVA más bajo es el de Polonia, pues el Gobierno polaco lo redujo del 23% al 8% este febrero dentro de un paquete de medidas para frenar la inflación. No es el único Gobierno que ha actuado. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 2022, ocho países de la UE han modificado su impuesto sobre los hidrocarburos para atajar la situación con los precios, como refleja el histórico del Boletín Petrolero de la UE.
El precio final de la gasolina o el diésel y el peso que tienen los impuestos en él es diferente en cada país. En España los impuestos son un componente menos importante que en otros países de la UE. Por ejemplo, el 4 de abril, el 46,66% del precio de la gasolina 95 y el 40,37% del precio del diésel fueron impuestos mientras que en esa misma fecha en Malta se pagó un 56,25% de impuestos en la gasolina y un 54,30% en el diésel y, en Francia, un 54,39% y un 48,88% respectivamente, según los datos del Boletín Petrolero de la UE.
Para paliar el incremento en el precio de los carburantes, el Gobierno aprobó el 29 de marzo una rebaja de 20 céntimos por litro en el precio de la gasolina, el gasóleo y el gas natural, entre otros. Esta rebaja al consumidor final, que ya está en vigor pero debe convalidarse en el Congreso de los Diputados, supone una ayuda fiscal a los combustibles fósiles.
Sin embargo, en el último informe del IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas) publicado hace unos días, los autores apuestan por retirar estas ayudas fiscales: “Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles reduciría las emisiones, mejoraría los ingresos públicos y el desempeño macroeconómico y generaría otros beneficios ambientales y de desarrollo sostenible” [pág. 63].
España no tiene un impuesto al dióxido de carbono y el que grava los gases fluorados sólo cubre el 3% de las emisiones
Como hemos dicho, en España no existe un impuesto al carbono, es decir, que grave directamente las emisiones de CO2. Esto significa que las industrias españolas sólo pagan por el CO2 que emiten si están incluidas en el mercado de emisiones de la Unión Europea (EU ETS). En el EU ETS, ciertas industrias están autorizadas a emitir gases de efecto invernadero hasta un límite y, si lo exceden, deben comprar derechos de emisión.
Pero las cantidades que se pagan en el mercado de emisiones, “por mucho que aparezcan registradas como impuestos en las cuentas nacionales y en los datos de Eurostat”, no son impuestos, considera Marta Villar Ezcurra, catedrática de Derecho Financiero y Tributario especializada en fiscalidad medioambiental y de la energía. Las razones principales son que las empresas no pagan siempre, sólo si emiten más de lo autorizado, y el precio de los derechos de emisión lo fija el mercado, explica la experta a Maldita.es.
El único impuesto español al carbono en sentido amplio, en vigor desde 2014, es el que grava los gases fluorados. Estos gases no se producen al quemar combustibles fósiles sino en algunas actividades industriales, pero también contribuyen a la emergencia climática porque tienen un potencial de efecto invernadero muy elevado y permanecen muchos años en la atmósfera. No obstante, su presencia es minoritaria, con lo que este tributo sólo cubre el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero españolas, según Tax Foundation.
España es, de hecho, uno de los países europeos que menos porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero cubre con este tipo de impuesto. En Europa hay al menos 20 países que aplican un impuesto al carbono, 14 de ellos de la Unión Europea, con tasas que varían desde los 0,07 € por tonelada de CO2 equivalente emitida a la atmósfera en Polonia hasta los 116,33 € en Suecia y con porcentajes de cobertura hasta el 71% de las emisiones, según Tax Foundation.
Por otro lado, aunque tampoco es un impuesto directo a las emisiones, el impuesto de matriculación español está relacionado con el CO2 que emita cada vehículo: los coches de bajo consumo están exentos, mientras que los que más emiten deben pagar hasta el 14,75% de su coste antes del IVA, explica a Maldita.es el consultor sobre automoción Aurelio Suero.
Pero, de la misma manera, el hecho de que el tipo impositivo aumente con el CO2 “no lo convierte sin más en un impuesto al carbono en sentido técnico”, sino que sigue teniendo “finalidad recaudatoria, pero con elementos ambientales”, recuerda Villar. “El impuesto español de matriculación, además, introduce una distorsión adicional al contemplar tanto el potencial de emisión como el precio del vehículo”, señala a Maldita.es Xavier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidad de Vigo especializado en sector energético y cambio climático.
Tanto Villar como Labandeira han participado en la elaboración del Libro Blanco sobre la reforma tributaria encargado por el Ministerio de Hacienda y que incluye un capítulo sobre la fiscalidad medioambiental.
La navegación y la aviación, exentas del impuesto a hidrocarburos por la normativa europea
En España, la fabricación o importación de carburante para la aviación, la navegación y la producción de electricidad en centrales eléctricas está exenta del impuesto sobre hidrocarburos. Esto se debe a que la directiva europea que regula los impuestos a la energía obliga a que los “productos energéticos” empleados para estos usos estén exentos de impuestos (eso sí, se excluye la navegación privada "de recreo" aérea o marítima*).
No obstante, el paquete de propuestas que aprobó la Comisión Europea en julio de 2021 para reducir las emisiones en el continente un 55% en 2030 (conocido como ‘Objetivo 55’) ha planteado eliminar la exención fiscal del queroseno para la aviación y el petróleo pesado del transporte aéreo de pasajeros en los trayectos interiores de la UE, explica Villar Ezcurra.
Por otro lado, la directiva permite a los Estados miembros aplicar reducciones de impuestos a los hidrocarburos cuando se usan como carburante en ciertas profesiones. En España, el Estado devuelve a los vehículos dedicados al transporte de mercancías y pasajeros por carretera y los taxis 49 euros por cada mil litros de gasóleo que compran, es decir, al final pagan el mínimo marcado por la directiva para el gasóleo (330 € por mil litros). Esta devolución se realizaba cada tres meses, pero el Gobierno decretó este 29 de marzo que fuera mensual, junto al resto de medidas aprobadas para abordar la subida de los precios.
Por su parte, el gasóleo utilizado en la maquinaria agrícola tiene un impuesto de hidrocarburos más barato que el gasóleo general (en España, 0,09671 €/l frente a 0,379 €/l). Además, los agricultores reciben una devolución de 0,06371 € por cada uno de esos litros que demuestren que efectivamente han empleado en la agricultura, según la ley de impuestos especiales.
*Corrección el 14 de septiembre de 2022. En la versión original decíamos erróneamente que la navegación privada de recreo incluía los vuelos en jets privados y por tanto su carburante sí debía pagar impuestos; sin embargo, la directiva la define como aquellos vuelos privados con "fines no comerciales". Según la European Business Aviation Association, la mayoría de vuelos en jets son supuestamente por negocios, por lo que están exentos de pagar impuestos por el carburante.
