¿Las residencias que acogen a los menas cobran 4.000 euros mensuales por menor, pero el coste real es la mitad?

Enarbolan la bandera de los derechos humanos, incitan a la compasión y a la obligación de socorrer al necesitado, pero en realidad son máquinas que saquean el erario público, ese dinero de los impuestos cobrado coactivamente a empresas y particulares. Los contribuyentes cooperan así sin quererlo con un ecosistema ligado al mundo woke y a la extrema izquierda. mierda. Poner en entredicho esa labor de rescate y acogida, como yo lo estoy haciendo aquí, es ponerse en la diana de ese buenismo progre que fulmina a quien se atreve a desnudar lo que, en realidad, es una trata de personas que o son realmente vulnerables, o son aprovechados y parásitos, dispuestos a todo con tal de medrar en la todavía opulenta y permisiva sociedad europea. El caso de los menores no acompañados o menas es donde el mecanismo económico queda más al descubierto. Cada residencia que los acoge cobra en promedio unos 4.000 euros mensuales por plaza y menor tutelado, cuando el coste real de manutención, alojamiento y personal ronda la mitad de esa cifra. La diferencia se convierte en margen de beneficio. Y la lógica resulta muy sencilla. Si a una residencia se le paga por cada plaza ocupada, existe un incentivo económico poderoso para mantener esa plaza ocupada. Cuantos más menores permanezcan bajo tutela y más tiempo dure esa tutela, mayor será la ganancia de la entidad que gestiona el centro. además de las ONGs aquellos empresarios del sector hostelero que no les vaya tan bien con la ocupación turística terminan beneficiándose de un sistema que tiene un pagador fiable y constante, el Estado ahí está por ejemplo el caso de Blanca Arbel ex alcaldesa de Canet de Mar por RC que facturaba 8.000 euros diarios por acoger menas en la colonia residencial de su propiedad Lamentablemente, amigos, el problema no termina con quienes hacen el negocio con la acogida de los ilegales. Hay algo todavía más grave, un Estado que multiplica las garantías legales para quienes han entrado ilegalmente, hasta el punto de dificultar incluso su regreso a sus países de origen.