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MALDITA EXPLICA

Datos y contexto de los trabajadores públicos que el Gobierno ha incorporado a las estadísticas de 2023

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  • Puede que estos días encuentres publicaciones que hablen de que han aparecido cientos de miles de funcionarios en las estadísticas del Gobierno
  • El Ejecutivo ha cambiado la metodología y desde 2023 incluye en las estadísticas a personal en formación y con contratos temporales de menos de seis meses
  • En la estadísticas oficiales no aparece todo el personal público: cargos electos, jueces, fiscales, personal del CNI o de empresas públicas no son registradas

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Puede que estos días te estés encontrando publicaciones que hablan de que han aparecido en las estadísticas del Gobierno 300.000 trabajadores públicos que no se estaban contabilizando bien en España o que no se registraban correctamente. El Gobierno ha cambiado la metodología con los datos de 2023 con los que contabiliza a todas las personas que trabajan en todas las administraciones públicas: desde 2023 incluye a todas las personas con contratos temporales de menos de seis meses y que estén en formación o prácticas.

Cómo se contaba hasta 2022 y por qué ha cambiado la estadística en 2023: el Gobierno dice que es para ofrecer mayor precisión

Cada seis meses, el Gobierno publica un boletín estadístico que recoge información sobre los empleados públicos de todas las administraciones (Estado central, comunidades autónomas y entidades locales). Hasta 2022, el departamento de Función Pública (área del Gobierno que se encarga de publicar este informe y que hasta diciembre de 2023 dependía de Hacienda y ahora de Transformación Digital) no registraba en las estadísticas a las personas que tuvieran contratos temporales de menos de seis meses de duración y a quienes estuviesen en formación o en prácticas.

La estadística hasta 2022 registraba 11 categorías de trabajadores públicos, que diferenciaba los diferentes estados de los funcionarios (de carrera, interino, plazas no escalonadas…), personal laboral (fijo, temporal, discontinuo…) y otras categorías del empleo público. A partir de los datos de 2023, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha decidido incluir las dos nuevas categorías: personas con contratos temporales de menos de seis meses de duración y a personal funcionario o laboral que esté en formación o en prácticas.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública dice a Maldita.es por teléfono que decidió actualizar las estadísticas para “ofrecer una imagen más fiel del empleo público”. “En ningún caso —señala el ministerio a Maldita.esla inclusión de estos dos nuevos grupos supone un gasto extra o la contratación de más personal. Lo único que se ha hecho es incluir en esta estadística a estos dos colectivos que antes no estaban”.

El cambio ha permitido contabilizar hasta 300.000 trabajadores públicos que no se recogían antes en la estadística

Con la inclusión de estas nuevas figuras en las estadísticas de 2023, ha aparecido en los boletines estadísticos de enero y de julio de 2023 un incremento del personal que trabaja para las administraciones públicas: en julio de 2022, entre funcionarios y personal laboral, había 2.731.117 personas, mientras que en julio de 2023, había 2.967.578 personas.

Este aumento de 236.461 personas, según los cálculos de Maldita.es, se debe a dos razones: la inclusión de estos dos grupos (personas con contratos menores a los seis meses y aquellos que estuviesen en formación o de prácticas), y las variaciones del resto de grupos de empleados públicos que ya registraba la estadística.

La suma de los dos grupos nuevos suponen aproximadamente 300.000 personas, según estimaciones del Gobierno que recoge El Mundo. De ahí viene la cifra que se está moviendo. Sin embargo, como el resto de grupos (funcionarios de carrera, personal laboral fijo…) han variado su composición entre julio de 2022 y julio de 2023, el resultado final es un incremento de 236.461 personas más en el sector público.

Que la cifra final sea menor que la suma de los dos nuevos grupos se debe a que otras categorías han descendido. Por ejemplo, el personal laboral fijo se redujo de los 461.363 empleados que había en julio de 2022 a los 271.606 empleados que registró el Gobierno en julio de 2023 (un descenso de 189.757 personas).

[Gráfico]

La estadística de Función Pública no contabiliza a todas las personas que trabajan en el sector público

Aunque esta última reforma ha incluido a dos grupos que antes no se tenían en cuenta (personal en prácticas y con contratos temporales menores a seis meses), la estadística excluye a ciertos grupos de personas que no aparecen en el boletín:

  • Altos cargos de la Administración Pública, como secretarios de Estado o directores generales.

  • Cargos electos: diputados, senadores, parlamentarios autonómicos…

  • Jueces, magistrados y fiscales.

  • Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

  • Personal al servicio de órganos constitucionales y órganos equivalentes de las comunidades autónomas.

  • Personal de empresas, consorcios, fundaciones y otras entidades del sector público.

  • Personal en reserva que no esté en servicio activo.

¿Hay otras fuentes estadísticas que midan el empleo público?

Sí, la principal es la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Economía. Esta encuesta, homologada y común al resto de la Unión Europea, es la principal herramienta utilizada en Europa para conocer la situación del mercado laboral y poder comparar entre países.

Según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2023 (abril a junio, inmediatamente anteriores al último boletín estadístico de Función Pública), en España había 3.517.700 personas trabajando en el sector público, aproximadamente 550.000 personas más que las que registra oficialmente el Gobierno

La EPA, a diferencia del boletín estadístico, es un sondeo realizado a la población, por lo que el trabajador entrevistado responde dónde trabaja. Esto puede generar alteraciones con los registros del Gobierno, ya que una persona puede trabajar en una empresa privada (y contaría como asalariado del sector privado), pero que esta empresa ofrezca sus servicios al sector público (por ejemplo, una consultora, una empresa de mantenimiento, etc.) y conteste en la encuesta que trabaja para el sector público. Además de esto, la EPA estudia a todo el mercado laboral y no excluye grupos, como sí hace el boletín del Gobierno.

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