La asistencia religiosa en hospitales es un derecho que está recogido en el Artículo IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979.
En 1985, se firmó la orden que desarrolla este acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, que entró en vigor en 1986. En el artículo 6 de esta orden se establece que "corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente".
Ya en el Anexo III se puntualiza lo siguiente respecto a la financiación: "No obstante lo dispuesto en el artículo 6.º, la obligación financiera relativa al servicio de asistencia religiosa católica seguirá correspondiendo a las Entidades que sean actualmente titulares de los centros hospitalarios públicos. En los centros hospitalarios que sean creados en el futuro por las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Fundaciones Públicas, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica corresponderá a las Entidades fundadoras".
Carles Mulet, exportavoz de Compromís en el Senado, presentó dos preguntas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles en 2020
El contenido circula desde 2020. El 8 de enero de ese año, el entonces portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet presentó dos preguntas escritas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios españoles. En una de ellas, el senador preguntaba qué cantidad se ha destinado a la asistencia religiosa desde 1986. En la otra, qué medidas iba a adoptar el Gobierno para derogar el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos y para derogar el acuerdo sobre la asistencia religiosa católica en hospitales, vigente desde la orden de 1985, "por atentar contra la aconfesionalidad del Estado".
En su respuesta, el Gobierno afirmaba que "un servicio de asistencia religiosa en los centros sanitarios públicos no supone un obstáculo para un Estado aconfesional" y que son las Comunidades Autónomas las encargadas de organizar este servicio:
"Ahora bien, al residir en las Comunidades Autónomas las competencias referidas a la organización y gestión de las asistencia sanitaria en su territorio, a ellas corresponde, por tanto, la organización de sus servicios de salud y el establecimiento de convenios que estimen oportunos para garantizar las asistencia religiosa católica en los centros sanitarios integrados en la red sanitaria pública que les competen."
Después de que ABC publicara que “Compromís pide la expulsión de los curas católicos de la sanidad pública y los equipara a las sectas”, la formación política remitió una nota a ABC diciendo que “en ningún momento se pide expulsar a nadie de los centros sanitarios, son preguntas para que se explique el coste de dinero público de esta asistencia, y para que se expliquen medidas futuras acorde a la aconfesionalidad del Estado”.
El Gobierno no puede derogar con una ley ordinaria los acuerdos con la Santa Sede, por los que se presta asistencia católica en hospitales
El 31 de mayo de 2020, Mulet reiteró su pregunta sobre derogar el acuerdo de entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979. El Gobierno respondió el 13 de julio y explicó que "los Acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede no son una ley estatal que se pueda modificar siguiendo los trámites legislativos ordinarios".
Según el Gobierno, "al tratarse de convenios de naturaleza internacional, están sometidos a lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Constitución". Según el artículo 96, las disposiciones de los convenios internacionales "sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional".
En su respuesta, el Gobierno insiste en que "no basta con una simple derogación" y que "la modificación de los Acuerdos con la Iglesia Católica tiene un carácter bilateral". Además, manifiesta que "la voluntad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, en los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, permanece y el compromiso asumido por el Gobierno en este sentido es firme".
El Gobierno ha abierto "un espacio de diálogo" para "actualizar el marco de sus relaciones" con la Iglesia
El 21 de julio de 2020, Mulet volvió a insistir: "¿Ya pueden ambas partes ponerse de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera convenidos en unos Acuerdos con la Santa Sede considerados por los expertos como preconstitucionales, ¿por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado?".
El Gobierno respondió el 10 de septiembre y aseguró que "los propios Acuerdos prevén mecanismos de interpretación y modificación que requieren de la intervención de ambas partes". En este sentido, en el documento destacan la reunión que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tuvo con el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, el 24 de junio de 2020.
En esa reunión, según la respuesta del Gobierno, se acordó establecer una agenda de trabajo para "avanzar en un modelo que permita la colaboración y la resolución de las posibles discrepancias que pudieran plantearse". Según el documento, "asuntos como la fiscalidad de la iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o la reforma del marco normativo de la Educación, figuran entre las cuestiones que serán abordadas". Según apunta el Gobierno, se ha abierto "un espacio de diálogo con la Iglesia Católica" que permite "actualizar el marco de sus relaciones".
Desde Maldita.es consultamos en 2020 a la Vicepresidencia Primera del Gobierno si entre las cuestiones que se iban a abordar estaba la posible supresión de la asistencia católica en los hospitales, pero no recibimos respuesta.
*Hemos actualizado este artículo el 27/02/2026, cuando ha vuelto a circular, de acuerdo con nuestra nueva metodología y para añadir la respuesta de Obispos del Sur de España.