El 27 de enero de 2026, el
Consejo de Ministros acordó iniciar la tramitación urgente de una regularización extraordinaria de personas migrantes a través de un real decreto después de que
Podemos llegase a un acuerdo con el Gobierno. Según detalló
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
cifra estimada de beneficiarios de esta regularización es de
500.000 personas que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular. Para poder optar a esta regularización se exige
residir en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditar, al menos,
cinco meses de permanencia continuada en el momento de presentar la solicitud, que el Gobierno prevé que pueda realizarse desde
principios de abril de 2026. Esta
acreditación de residencia en el país podrá hacerse, además de mediante el certificado de empadronamiento, utilizando “
cualquier prueba válida en derecho”, según recoge el
texto provisional de la regularización que se encuentra en audiencia pública.
Irene Montero, eurodiputada de Podemos,
explicó que entre estas pruebas válidas se encuentra un
contrato de luz, un certificado de envío de dinero, una factura o un informe médico. Otro de los
requisitos exigidos es “
no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público”.
La regularización de estas personas es un trámite administrativo que no supone la nacionalización, sino la obtención de una
autorización de residencia legal de una duración inicial de un año, cinco en el caso de familias con hijos menores.
