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“Medio millón de votos de debajo de una piedra, es criminal. Nos quieren reemplazar” (sic.) Mensajes como este están circulando por redes sociales después de que se desbloqueara la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a medio millón de personas migrantes. Sin embargo, a 25 de septiembre esta iniciativa no ha sido aprobada y, además, busca la regularización, no la nacionalización de estas personas. En España, sólo las personas con nacionalidad española pueden votar en las elecciones generales y autonómicas.
En el caso de las municipales, pueden participar ciudadanos europeos o de algunos países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad y en las europeas, ciudadanos de otros países de la Unión Europea que residan en España.
La regularización no implica la concesión de la nacionalidad ni el derecho al voto en autonómicas o generales, pero sí en municipales si hay acuerdos con el país origen
“Medio millón de votos más para la PSOE. Qué miedo” (sic.) Este tipo de mensajes circulan desde que el Congreso de los Diputados desbloqueó, el 24 de septiembre, la tramitación de la ILP para el debate sobre la regularización de medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular. Por un lado, a fecha de 25 de septiembre de 2024, esta iniciativa no está aprobada. Solo se ha aprobado la tramitación para poder debatir su posible aprobación o las enmiendas en el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, la regularización se traduce en permitir el trabajo y la residencia a las personas inmigrantes que viven en España de manera irregular, pero no supone la concesión de la nacionalidad y, por tanto, no permite que estas personas voten ni en unas elecciones generales ni en las autonómicas. En las municipales solo pueden votar extranjeros con residencia legal en España que sean, o ciudadanos de la Unión Europea, o provengan de países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad.
En las elecciones municipales de 2023, estos países fueron Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago y los países miembro de la Unión Europea. Según una estimación contemplada en un informe de la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III, en 2020 había entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular en España, una cifra que se menciona en la ILP. En el informe también se dan algunas cifras del desglose por nacionalidades, como por ejemplo 93.304 en el caso de Colombia y 30.119 en el caso de Perú, países con los que sí hay acuerdo de reciprocidad y, por tanto, podrían votar en las municipales en caso de aprobarse la ILP.
Además, en las elecciones europeas solo pueden participar ciudadanos con nacionalidad española o aquellos procedentes de un Estados miembro de la Unión Europea residentes en España. Las personas migrantes en situación administrativa irregular, al no poder inscribirse en el censo, no pueden votar en ninguna de estas elecciones.
Para que las personas migrantes regularizadas a partir de esta ILP puedan obtener finalmente la nacionalidad española por residencia, deberán residir, al menos, 10 años de forma “legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición” en España. Además, tendrán que hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el idioma español y otra sobre conocimientos constitucionales y socioculturales.
