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La Fiscalía Europea es un órgano de la Unión Europea (UE) que investiga delitos que afectan solo los intereses financieros de la UE, como el fraude y la corrupción con fondos comunitarios. Esta asume un caso tras recibir una denuncia sobre un delito que sea de su competencia, iniciando una fase de investigación que sustituye a la nacional de cada país.
Sus funciones son similares a las que tiene un juez de instrucción en España. Los expertos consultados por Maldita.es afirman que no supone la creación de otro proceso judicial a nivel europeo. Si se ven indicios de delito, el caso se lleva a juicio a los tribunales nacionales con la información que ha recabado este órgano, y si no, la causa se archiva.
La Fiscalía Europea tiene competencia para investigar delitos sobre los fondos comunitarios en los Estados miembros
De entre las funciones que tiene la UE en materia de justicia, la Fiscalía Europea es un órgano cuya función es investigar a quienes hayan podido cometer algún delito que puedan perjudicar a los intereses financieros de la organización, como el fraude, la corrupción o el blanqueo de dinero.
Esto hace que pueda investigar de forma independiente supuestos delitos de fraude que afecten, por ejemplo, a subvenciones provenientes de fondos de la UE cuando quien recibe los fondos no usa ese dinero para el propósito que tenía asignado. Su estructura tiene dos niveles:
Uno central con sede en Luxemburgo, donde están el fiscal general europeo y el Colegio de Fiscales Europeos.
Otro a nivel de cada Estado miembro, con fiscales europeos delegados que son los encargados de investigar los delitos.
Que la Fiscalía Europea asuma un caso no significa que se esté creando otro juicio a nivel europeo: sólo se encarga de investigar igual quelo hace en España un juez de instrucción
Para que la investigación de un caso termine en manos de la Fiscalía Europea se ha de poner una denuncia ante la misma, por ejemplo, con un formulario a través de su página web. Una vez recibida, la Fiscalía Europea tiene que ver si es o no competencia suya. Si decide que sí, comienza la fase de instrucción o investigación. Si la causa ya está siendo investigada en uno de los estados de la UE, y el juez encargado no está de acuerdo y se niega a entregarla a la Fiscalía Europea, el Tribunal Supremo de dicho país tiene que resolver el conflicto de competencias.
Lorenzo-Mateo Bujosa, catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Salamanca, dice a Maldita.es que esto no significa "que se haya creado un proceso penal europeo", ya que se trata de "una investigación específica cuando estén en juego estos intereses financieros de la UE". A partir de este momento, la investigación que ha comenzado en la justicia española queda aparcada y se ha de enviar la causa por completo al órgano comunitario. "Ya no hay un Juez de Instrucción que dirige la investigación, sino que lo hace la Fiscalía Europea", indica Bujosa.
Sus funciones y competencias son similares a la de un juez de instrucción. María Concepción Sabadell, fiscal europea en representación de España, dice en una entrevista con la Comisión Europea que puede tomar declaración a los investigados, a los testigos, designar peritos o reclamar documentos, entre otros; al igual que sucede en la investigación de un proceso judicial español. En este proceso, la comunicación entre el Fiscal Delegado de España informa a la sede central de la información que va recabando en la investigación del caso.
Cuando termina la fase de investigación, la Fiscalía Europea decide si formula una acusación y se lleva a juicio o, por el contrario, si considera que no hay pruebas suficientes que indiquen que se ha cometido un delito, y archiva el caso. En caso de que aprecie delito, el acusado va a juicio en el Estado miembro con la investigación que ha hecho la Fiscalía Europea. Por tanto, el caso se juzgaría en los tribunales nacionales de cada país aplicando sus normas y leyes.
Concepción Sabadell indica que, en el caso de haber un fraude con los Fondos Europeos y que la Fiscalía así lo considerara, en España sería competencia de la Audiencia Nacional al tratarse de delitos económicos a gran escala. En caso de no estar de acuerdo, la Fiscalía Europea tiene la capacidad de recurrir la decisión que aplique el juez y elevar la causa a una instancia judicial superior.
