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Este texto se ha publicado originalmente en Verificat.es, una organización de fact-checking que lucha contra desinformación en Cataluña reconocida por la International Fact-Checking Network (IFCN) y el European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), como Maldita.es. Esta es su metodología.
La campaña electoral de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se ha caracterizado por destacar aquellas medidas, datos y reglamentos que el partido considera más relevantes de su paso por la Generalitat. Una de las últimas medidas por las que ha sacado pecho ha sido por el tope de los precios del alquiler, que se aplica desde el 16 de marzo de 2024.
En un mitin de las juventudes de ERC, Jovent Republicà, el candidato y actual presidente, Pere Aragonès, ha asegurado que “la regulación de los precios del alquiler no la ha impulsado Salvador Illa”, sino que la han impulsado “desde ERC” [min 01:33]. Actualmente, Cataluña es la única comunidad autónoma donde se regula el precio de la vivienda, pero ¿cómo se ha llegado hasta esta limitación?
Una ley catalana declarada inconstitucional
En septiembre de 2020, durante la legislatura presidida por Quim Torra (Junts per Catalunya) y con ERC en la vicepresidencia, el Parlament de Cataluña aprobó una ley para contener los precios del alquiler (12/2020). Fue propuesta por los grupos JxCat, ERC, Cataluña en Común-Podemos y la CUP a iniciativa del Sindicato de Inquilinos, que había presentado una Proposición de Ley de Contención y Moderación del Precio del Alquiler en julio del mismo año.
Esa regulación establecía que cualquier contrato de alquiler de un piso que ya estuviera en el mercado no podría subir de precio, y obligaba a los propietarios a mantener las cuotas para nuevos alquileres por renovación de inquilinos. También debían equipararse los precios que estuvieran por encima del índice de precios marcado por la Generalitat, entre otras medidas.
Sin embargo, el Partido Popular recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional porque, según argumentaron, regular la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda invadía competencias estatales. Dos años después, el Tribunal declaró la ley inconstitucional y la anuló (ST 37/2022) y Cataluña volvió al régimen anterior de precios de la vivienda.
La regulación actual: estatal, pero en manos de las CCAA
En 2023, el Gobierno central liderado por Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar) impulsó una ley de la vivienda (12/2023) de ámbito estatal para regular los precios del alquiler. La normativa establece un índice para limitar los precios del alquiler. La ley se aprobó con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, PRC y Teruel Existe, pese a los votos en contra del PP, Vox, Cs, PNV y Junts.
Esta ley, pese a tener alcance estatal, deja en manos de las comunidades autónomas la aplicación de los topes del alquiler. Cataluña es, a día de hoy, la única comunidad autónoma que la aplica.
El alquiler puede limitarse en los municipios donde la escasez de viviendas a un precio asequible dificulta encontrar un hogar o incluso mantener el que ya se tiene. En Cataluña, estos municipios suman un total de 140 y el Departamento de Territorio ya ha comenzado la tramitación para añadir otros 131 municipios a la lista, elevando la cifra hasta 271. Entre todos, aglutinan el 90% de la población catalana, unos siete millones de personas.
La ley establece que, en los municipios incluidos en esa lista, el alquiler de los nuevos contratos no puede superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años, una vez aplicado el IPC. El texto también dice que los nuevos pisos que entran en el mercado de alquiler y cuando son propiedad de un gran tenedor (personas físicas o jurídicas con al menos cinco inmuebles en propiedad), el alquiler no puede superar el precio que marca el índice de referencia para una calle determinada.
En cuanto a la obra nueva, no está sometida a estas limitaciones y, si se han realizado reformas importantes en el piso, también está permitido subir el precio.
