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En España, cualquier persona puede firmar ante notario sus declaraciones y que el funcionario dé fe de que se han dicho esas palabras. Es una herramienta utilizada por, entre otros, políticos y activistas: desde hace años utilizan la figura del notario para dar fiabilidad a sus declaraciones o desafiar a sus adversarios. “Prometo ante notario cumplir este programa político”, “prometo ante notario no pactar con este partido”, “prometo ante notario cumplir este acuerdo” son algunas de las ideas que rodean este tipo de afirmaciones. Pero ¿son válidas jurídicamente? ¿Qué consecuencias tiene su incumplimiento?
La mayoría de las declaraciones de este tipo se registran ante notario en un “acta de manifestaciones”, un documento que recoge el testimonio, pero no determina si dichas palabras son ciertas o no. El incumplimiento de las intenciones futuras como una declaración política no implica ninguna consecuencia jurídica, según los expertos consultados por Maldita.es.
Las declaraciones firmadas en actas de manifestaciones no conllevan consecuencias judiciales por su incumplimiento
Los expertos consultados por Maldita.es señalan que, en general, el incumplimiento de la firma de unas declaraciones no tiene consecuencias jurídicas. Eugenia Pérez, abogada y maldita que nos ha donado sus superpoderes, advierte de que habría que conocer documento a documento qué se ha firmado para determinar el carácter obligatorio de dichos acuerdos. Pero explica que la mayoría de las declaraciones y promesas de partidos políticos son “actas de manifestaciones”: “Son documentos en los que el notario recoge las declaraciones que, por ejemplo, los partidos hacen en su presencia, es decir, dejar constancia de que el acuerdo se ha realizado”.
El Consejo General del Notariado explica a Maldita.es que en las actas de manifestaciones el notario no da fe de la veracidad intrínseca de las declaraciones, pero sí recoge su contenido y verifica que esas declaraciones han sido realizadas por una determinada persona y en una determinada fecha.
“Si las intenciones reflejadas en un acta de manifestaciones resultan incumplidas por el declarante, estará faltando a la palabra dada, pero, con carácter general, el incumplimiento no tendrá otras consecuencias jurídicas”, indica el Consejo. Por tanto, el Consejo explica que el acta de manifestaciones firmada ante notario sirve para certificar que una persona dijo la frase que dijo (y jurídicamente no puede negar que lo hiciera en el futuro), pero cambiar de opinión no implica ninguna consecuencia.
Esta situación aplica a cualquier ciudadano, incluidos los políticos y los activistas, que suelen utilizar este instrumento como mecanismo político. Maldita.es ha consultado al Colegio de Notarios de Cataluña sobre la fiabilidad de estas actas en el caso de los representantes públicos. La institución ha remitido una publicación del notario Fernando Gomá en la web de la Fundación Hay Derecho sobre este tipo de acuerdos.
El notario explica que las actas de manifestaciones que recogen promesas de partidos políticos “no producen en ningún caso el efecto jurídico de presumirse que esos hechos son ciertos” y, por tanto, no implica ninguna obligación jurídica. “Si así fuera, se trataría realmente de un contrato y podría forzarse su cumplimiento”, explica Gomá en el artículo.
Victoria Rodríguez, jurista, politóloga y maldita que nos ha donado sus superpoderes, explica que, si se han acordado “materias indisponibles” (derechos a los que no se puede renunciar), no tendrá mucha eficacia ante los tribunales denunciar su incumplimiento. Rodríguez también aporta un ejemplo: “Imaginemos que se han pactado ciertas limitaciones derivadas del ejercicio público o que no habrá transfuguismo a lo largo de un mandato. Si llegado el caso, una de las partes incumple y se acude al Tribunal Constitucional, éste dará razón al cargo público (aunque haya incumplido) porque el artículo 67.2 establece que los diputados y senadores no estarán sujetos a mandato imperativo; por tanto, prevalece la Constitución sobre el acuerdo notarial” y el acta de manifestación firmada quedaría en papel mojado.
En este artículo ha colaborado con sus superpoderes las malditas Eugenia Pérez, abogada, y Victoria Rodríguez, jurista y politóloga.
Eugenia Pérez y Victoria Rodríguez forman parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.
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