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Con el anuncio del acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se ha extendido la afirmación de que “el Estado cede el 100% de los impuestos a Cataluña”. Te contamos qué plantea cada partido en materia fiscal dentro del acuerdo. No hay ninguna aprobación oficial sobre el traspaso de competencias fiscales y de recaudación.
En Maldita.es no entramos a valorar en qué puede culminar este acuerdo sino que contamos qué dice cada partido en él. En el texto se habla de un “marco” en el que las partes tienen que llegar a un acuerdo y hacen propuestas pero no significa que sean fruto de un pacto:
Junts:
- Propondrá modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para que establezca una cláusula de excepción para Cataluña que le reconozca “la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat”.
- Con ese cambio de la ley que propone, dice, se busca que “se facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña” a la Generalitat.
La ley de financiación autonómica dice en su artículo 2 que “el sistema de ingresos de las Comunidades Autónomas deberá establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales ni suponer la existencia de barreras fiscales en el territorio español”. Las excepciones existentes son País Vasco y Navarra.
El PSOE:
- “Apostará por medidas que le permitan una autonomía financiera a Cataluña y el establecimiento de un diálogo sobre el régimen actual en dicha comunidad autónoma.
- Además, los socialistas proponen abordar el retorno de las sedes sociales a Cataluña de aquellas empresas que se trasladaron hacia otros territorios como respuesta a la aplicación del artículo 155 en octubre de 2017.
Cada partido tiene una propuesta distinta. En tanto que Junts propone modificar la LOFCA para que se reconozca a Cataluña como una excepción y se facilite la cesión a la Generalitat del 100% de todos los tributos que ahí se paguen, el PSOE aboga por alcanzar medidas que le permitan una autonomía financiera a Cataluña y el establecimiento de un diálogo sobre el régimen actual. No hay, en cualquier caso, ninguna aprobación oficial del traspaso.
