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Podemos y varios de sus miembros han sido investigados durante más de tres años por presuntos delitos de financiación ilegal en el conocido como ‘caso Neurona’. Se remonta al verano de 2020 y de este caso se desprendieron varias líneas de investigación sobre diversos aspectos: una supuesta ‘caja B’, sobresueldos, el presunto uso irregular de personal de Podemos para cuidar a los hijos de la exministra de Igualdad, Irene Montero, y el entonces exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en horario laboral, o, entre otras, los supuestos pagos del partido a la consultora mexicana Neurona por trabajos en la campaña electoral de las elecciones generales de 2019.
Todas las líneas de investigación enmarcadas en el ‘caso Neurona’ se han archivado. La última (relacionada con los pagos a la consultora) se cerró el 11 de diciembre de 2023, al considerar que Podemos se ajustó a los precios de mercado al hacerse con los servicios de la compañía latinoamericana, según los autos del juez recogidos en medios de comunicación y agencias de noticias.
El proceso comenzó en 2020 con la denuncia de un exabogado de Podemos
Las investigaciones comenzaron seis meses después de que Podemos llegara al Gobierno. En enero de 2020, el partido liderado por Pablo Iglesias entró por primera vez en el Gobierno, en el primer Ejecutivo de coalición desde el inicio de la democracia en España. En las elecciones generales de noviembre de 2019, la coalición liderada por Pablo Iglesias obtuvo 35 escaños y formó un gobierno de coalición junto al PSOE, que consiguió 120 diputados.
En julio de 2020, José Manuel Calvente, exabogado del partido, denunció presuntas irregularidades en la financiación de Podemos. Calvente formó parte del equipo legal de Podemos desde 2014 hasta diciembre de 2019. Salió del partido acusado de presuntos delitos de acoso sexual, laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones; pero este caso fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid a finales de 2020.
1. A diferencia de todos los casos de corrupción de partidos en España, en Podemos no estaríamos ante la presunta corrupción de un partido, sino ante una presunta “corrupción dentro del partido”, una presunta “financiación ilegal” de algunos dirigentes.
— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 13, 2020
En agosto de 2020, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid imputó a varios miembros de la cúpula del partido tras las declaraciones de Calvente y las sospechas de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de la consultora Neurona para la campaña electoral de las elecciones de abril de 2019. También se mantuvo en la causa a Podemos, como persona jurídica.
En septiembre de 2020, compareció como testigo Mónica Carmona, exabogada de Podemos cesada en diciembre de 2019. Calvente aseguró en su relato, y en su cuenta oficial de Twitter, que había investigado las presuntas irregularidades durante meses y que Carmona estaba al tanto de ellos. Meses más tarde, en enero de 2021, la exabogada presentó un escrito en el que denunciaba nuevos hechos que no formaron parte de su primera intervención y que dieron pie a la apertura de nuevas piezas.
En enero de 2021, el juez archivó dos líneas de investigación del ‘caso Neurona’
Una de las líneas de investigación de este caso giró en torno a las obras de rehabilitación de la nueva sede nacional de Podemos. En la denuncia, Calvente aseguró que las obras se licitaron por 649.000 euros y se adjudicaron por más de 1,3 millones de euros. También se investigó sobre el acceso sin consentimiento al disco duro del ordenador de Marta Flor, trabajadora del partido, por lo que se imputaban cargos de revelación de secretos y vulneración de la intimidad.
En enero de 2021, el juez instructor del caso archivó estas dos líneas de investigación. No ha quedado acreditado que se produjera "una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras (...) para pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación", según el auto recogido por El Confidencial. Además, este documento explica que el caso del acceso al disco duro de la empleada queda archivado porque las partes interesadas (Marta Flor y el partido) no interpusieron denuncia.
En enero de 2022, se archivaron las investigaciones sobre la supuesta ‘caja B’ de Podemos
También se investigaron los supuestos desvíos de fondos a la Caja de Solidaridad de Podemos (fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales). En su denuncia, Calvente puso el foco en 50.000 euros que la asociación #404 Comunicación Popular había solicitado de la Caja de Solidaridad del partido. Sospechaba que estos fondos no se habían destinado a los fines para los que estaba prevista la Caja. El responsable de estas operaciones, según su relato, era Rafael Mayoral, exdiputado (2019-2023).
En octubre de 2020, el juez que dirige el ‘caso Neurona’ archivó esta parte de la investigación al no encontrar indicios de administración desleal. Según recoge RTVE en su página web, el magistrado Escalonilla expuso en el auto que los hechos descritos "no resultan indiciariamente expositivos de una presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral Pérez".
En febrero de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la investigación sobre la supuesta ‘caja B’ de Podemos, admitiendo así los recursos presentados por Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron, según recoge El País, que “una vez practicadas las gestiones acordes, su resultado ha venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito”.
En julio de 2021, el juez Juan José Escalonilla archivó por segunda vez esta línea de investigación al no existir “indicios racionales de la presunta comisión de un delito de administración desleal”, según expuso en el auto mencionado por El País. En enero de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso presentado por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas (apoyado por Vox) y ratificó la decisión de Escalonilla de no continuar con esta parte del ‘caso Neurona’.
En julio de 2022 el juez ordenó el sobreseimiento del ‘caso Niñera’
Otra línea de investigación se centró en determinar si algunos trabajadores de Podemos con cargos en la administración pública cuidaron de los hijos de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y del exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante su jornada laboral. El documento presentado por la abogada señaló directamente a Teresa Arévalo, asesora ministerial de Irene Montero. Elena González, exescolta de la ministra, aseguró que Gara Santana, miembro del gabinete de prensa de Montero, también se encargaba de esta labor.
En abril de 2021, se abrió esta línea de investigación. En este caso, está derivada del escrito presentado por la exabogada Mónica Carmona. Permaneció abierta durante poco más de un año.
En julio de 2022, el juez instructor del caso, Juan José Escalonilla, acordó el sobreseimiento de la causa porque “no consta” que nadie del partido, excepto sus progenitores, cuidaran de los menores.
El juez Escalonilla archiva el falso “caso niñera”
— Irene Montero (@IreneMontero) July 29, 2022
¿Cómo se repara el daño causado por esta mentira y esta persecución a mis compañeras Tere Arévalo y Gara Santana, a nuestras familias y amistades, a Podemos? Seguimos, juntas y firmes para cambiar nuestro país 💪🏼💜
Según recoge la agencia de noticias Europa Press, el auto de Escalonilla hace referencia directa a Teresa Arévalo y Gara Santana, y explicaba que “no consta acreditado que persona alguna, ajena a los padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”.
En diciembre de 2023, Escalonilla cerró el caso sobre los contratos con las consultoras para las elecciones generales de abril de 2019
También se investigaron los contratos de Podemos con dos consultoras para prestar sus servicios durante la campaña electoral de las elecciones generales celebradas en abril de 2019. Se analizaron las relaciones contractuales entre la formación política y la consultora mexicana Neurona. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas consideró que el contrato podría ser simulado, lo que supone dos delitos: uno de falsedad documental y otro de fraude electoral. También se investigaron los acuerdos con la consultora portuguesa ABD Europa LDA.
En octubre de 2020, el juez instructor del caso, Juan José Escalonilla, acordó archivar parte de esta investigación. Según el auto recogido por Europa Press, el Tribunal de cuentas no apreció “irregularidad alguna en los gastos efectuados por el partido en base a los contratos formalizados con ABD Europa LDA”.
En febrero de 2021, Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, es imputado en el ‘caso Neurona’. Calvente señaló a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, como intermediario y le acusó de cobrar comisiones. Se le acusó de recibir un pago de más de 26.200 euros de la consultora para, presuntamente, conseguir el contrato para prestar sus servicios en las elecciones de 2019.
En septiembre de 2023, el juez instructor dejó fuera del caso a Podemos (que estaba imputado como persona jurídica) y a Juan Carlos Monedero, uno de los cofundadores del partido. El juez encargó un informe pericial para evaluar el importe que pagó la formación a Neurona por sus servicios.
En diciembre de 2023, Escalonilla cerró esta línea de investigación. Según recogen los medios de comunicación, el informe pericial final concluyó que Podemos se ajustó a los precios de mercado al hacerse con los servicios de la compañía latinoamericana. Ésta era la única causa que seguía abierta dentro del ‘caso Neurona’: las investigaciones en torno a Podemos se cerraron tres años después de que iniciara el proceso judicial.
Este texto se actualizó el 13 de diciembre de 2023 para añadir que la última línea de investigación del ‘caso Neurona’ se cerró.
Primera fecha de publicación de este artículo: 13/09/2023
