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MALDITA CIENCIA

La sanidad pública y la Seguridad Social en España: son sistemas independientes y se pagan con ingresos distintos

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Claves
  • El barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2024 revela que gran parte de la ciudadanía confunde cómo se financia la sanidad pública
  • El Sistema Nacional de Salud se encarga de la protección de la salud de los ciudadanos y su funcionamiento se costea mediante los impuestos
  • La Seguridad Social, el otro organismo con el que se confunde, es el responsable de la protección de los trabajadores y se financia mediante las cotizaciones sociales

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El barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2024 preguntó a la ciudadanía cómo cree que se financia la sanidad pública: con impuestos o con cotizaciones sociales. La diversidad de respuestas (un 45,6% cree que con impuestos, un 34,2% sostiene que con cotizaciones y un 15,9% piensa que con ambas) revela que gran parte de las personas confunden el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Seguridad Social. Ambos son sistemas públicos independientes que se financian de forma diferente: el SNS (o sanidad) con impuestos y la Seguridad Social con cotizaciones.

La sanidad y la Seguridad Social son dos sistemas públicos independientes

Aunque, en ocasiones, se hable de ellas como si fuesen lo mismo y se confunda quién es el responsable de cada área, el Sistema Nacional de Salud y la Seguridad Social son dos entes independientes con objetivos distintos. La sanidad pública es la responsable de la protección de la salud de los ciudadanos, mientras que la Seguridad Social es la administración que se encarga de la protección de los trabajadores y de proveer servicios sociales como la pensión de jubilación.

A pesar de que hay veces en las que sus funciones pueden solaparse, son sistemas públicos independientes. Por ejemplo, si un trabajador acude al sistema sanitario porque está enfermo, será el médico de cabecera quien le conceda la baja, pero se hará en función de los datos de afiliación y los procedimientos que marque la Seguridad Social. 

La sanidad se financia principalmente con impuestos; la Seguridad Social, con cotizaciones

El Sistema Nacional de Salud, como la inmensa mayoría de los servicios públicos del Estado, se financia, fundamentalmente, a través de los impuestos. La Seguridad Social, en cambio, es una administración diferente cuyo funcionamiento se costea con otra fuente de ingresos: las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas a la Seguridad Social.

Aunque en la práctica para el ciudadano parezca lo mismo, porque ambas son obligatorias, las cotizaciones sociales y los impuestos no son iguales. Los impuestos son una cantidad de dinero obligatoria que se paga al Estado y que sirven para financiar su funcionamiento. No tienen una contraprestación directa, ya que es la propia Administración quien decide cómo usar ese dinero. 

Las cotizaciones sociales son una cantidad de dinero obligatoria que se paga a la administración de la Seguridad Social (y no al Estado en su conjunto). Esta cantidad de dinero sólo la pagan los trabajadores y sus empleadores (las empresas). El uso de este dinero está restringido a los servicios que tiene la Seguridad Social

A diferencia de los impuestos, algunos servicios de la Seguridad Social son proporcionales a las cotizaciones que cada trabajador aporta. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario más alto y por tanto paga más cotizaciones sociales, su futura pensión de jubilación tendrá un importe mayor.

La sanidad depende fundamentalmente de las comunidades autónomas, mientras que la Seguridad Social es competencia del Gobierno central

Como ya explicamos en Maldita.es, las competencias sanitarias están distribuidas entre las administraciones locales, las comunidades autónomas y la administración central. De ellas, el grueso de los servicios públicos sanitarios, como los hospitales o las listas de espera, dependen de las autonomías al asumir las competencias generales en sanidad e higiene.

La Seguridad Social depende en exclusiva del Gobierno central, aunque la Constitución permite a las comunidades autónomas que puedan ser las responsables de ejecutar sus servicios. Hasta el momento de publicación de este artículo, ninguna comunidad autónoma de España cuenta con esta competencia.

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