Doñana, Sierra Nevada, Picos de Europa, Timanfaya, Oropesa y Monte Perdido… Todos los anteriores son espacios naturales protegidos considerados como parques nacionales. Pero, ¿qué es exactamente un parque nacional? ¿Qué lo diferencia de otras figuras como las reservas de la biosfera o los parques naturales? La respuesta rápida es que es un tipo de espacio natural protegido, declarado a nivel estatal mediante una ley y sujeto a un régimen jurídico que garantiza su conservación.
La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge las figuras de protección con las que pueden contar los espacios naturales del país, como reserva natural o área marina protegida. En su artículo 31 se define qué es un parque y algunas normas que se pueden establecer en los parques protegidos para garantizar su conservación: límite al aprovechamiento de recursos naturales, limitaciones de visitantes, prevalencia de los planes de uso y gestión del parque frente a planes urbanísticos, etc. También se detalla que los parques nacionales tendrán una legislación específica: la Ley 30/2014, de Parques Nacionales.
Es en esta ley donde se define qué puede considerarse un parque nacional (artículo 4), qué requisitos territoriales debe cumplir (artículo 6), qué se busca con esta figura (artículo 5), el proceso de declaración (artículo 8) o cómo se puede perder la condición de parque nacional (artículo 12). También se reconoce la Red de Parques Nacionales (Título III), el sistema estatal que coordina las relaciones entre parques nacionales. No obstante, la gestión de cada parque nacional corresponde a las comunidades autónomas.
Carmen Martínez, ambientóloga y maldita que nos ha prestado sus superpoderes, especifica que los parques nacionales deben contar con un reconocido “valor ambiental, sociocultural y científico”, así como haber sido poco modificados por la actividad humana. Son estas características las que distinguen esta figura de protección de otras, que pueden optar a una protección si tienen valor únicamente ambiental.
Iván Rodríguez, agente forestal de la Comunidad de Madrid y maldito que nos ha prestado sus superpoderes, explica que la Constitución Española especifica que la gestión de la protección del medio ambiente —incluyendo parques nacionales— es una competencia de las comunidades autónomas: ellas son quienes piden declarar estos espacios protegidos y quienes los gestionan.
Esto puede generar situaciones curiosas en parques nacionales situados en varias comunidades. “Por ejemplo, en el Sierra de Guadarrama (que ocupa Comunidad de Madrid y Segovia) hay unas normas distintas en el lado segoviano a las del madrileño, e incluso hay dos equipos y cada comunidad autónoma tiene su propio director-conservador”. Martínez agrega a esto que, tras la declaración de un parque nacional, se suelen crear órganos participativos que incluyen a representantes nacionales, autonómicos y sectores sociales destacados. Por ejemplo, el Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada o el Patronato del Parque Picos de Europa.
Por último, la ambientóloga explica otras figuras de protección para los espacios naturales. Cada comunidad puede crear sus propias figuras de protección autonómica, como parque natural, parque regional o paisaje protegido; la Red Natura 2000, una legislación a nivel de la Unión Europea que es propuesta por cada autonomía al Estado y enviado por este a la Unión; reservas marinas de interés pesquero para proteger este tipo de fauna; los humedales de importancia comunitaria (convenio RAMSAR), de protección internacional; o los espacios protegidos a nivel local.
En este artículo han colaborado con sus superpoderes la ambientóloga Carmen Martínez y el agente forestal Iván Rodríguez.
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La imagen de portada es el Parque Nacional del Timanfaya, en la isla de Lanzarote, y la imagen es de Desmetjes.
