El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes 12 de julio durante su intervención inicial del debate sobre el estado de la nación la creación de un nuevo impuesto de carácter temporal a las grandes compañías eléctricas, entre otras medidas. Según sus propias palabras, este irá dirigido a los “grandes grupos dominantes del sector” eléctrico, gasista y petrolero y aspira a recaudar alrededor de 2.000 millones de euros durante los años 2022 y 2023. Además, Sánchez también anunció la intención del Ejecutivo de implantar otro impuesto a “las grandes entidades financieras” con el que pretende recaudar unos 1.500 millones.
La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, explicó este jueves en la Cadena Ser que se trabajará para “evitar que ese gravamen se traslade a los consumidores y si alguna empresa se separa de la legalidad se tomarán sanciones”. “Que aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común para que la población más vulnerable no tenga que sufrir, como ha ocurrido en anteriores crisis financieras cuando estaba el PP en el Gobierno", ha asegurado Montero. El Ejecutivo ya se pronunció al respecto sobre la adopción de esta medida a finales del pasado mes, cuando informaron de la toma de decisión de dicha medida al sector eléctrico.
En este mismo sentido, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó este pasado miércoles en Onda Cero que el impuesto, aún por diseñar, repercutirá en el diferencial de beneficios obtenidos por las eléctricas con los mismos ingresos y que el Ejecutivo español ha tomado como referencia impuestos similares ya adoptados por otros países, como el del Gobierno de Mario Draghi en Italia.
Este tipo de impuestos se catalogan como una tasa a los “beneficios caídos del cielo” o windfall profits tax o windfall benefits tax en inglés. Según explican distintos expertos a Maldita.es estos beneficios proceden del diseño del actual mercado eléctrico en el que el precio lo determina el último ofertante, por el que las eléctricas aumentan beneficios por encima del crecimiento de los costes de producción. Mario Sánchez-Herrero, director de ECOOO Energía Ciudadana, explica que el auge del precio del gas, empleado en las centrales de ciclo combinado, está detrás de este alza que ya se inició en 2021 y la guerra en Ucrania ha agudizado.
“Sin embargo, las eléctricas cuentan con más tecnologías para producir electricidad, como placas fotovoltaicas, plantas eólicas o presas hidráulicas, donde su producción resulta más barata. Por lo que están disfrutando de estos llamados beneficios caídos del cielo, ya que el precio del gas no depende de su gestión, sino de los mercados internacionales”, asegura Sánchez-Herrero. Es por lo que otros países europeos ya han adoptado medidas similares, como Italia o Reino Unido, y otros están estudiando implantarlas a corto o medio plazo. Aunque expertos como Rafael Pampillón, catedrático de Economía en CEU-San Pablo, señalan que existe un riesgo que estas cargas fiscales “terminen repercutiendo en el consumidor y los precios finales”.
La Unión Europea ya había pedido la adopción de un gravamen de este tipo
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, defendió el pasado mes de mayo la adopción de medidas como “impuestos a los beneficios caídos del cielo” para mitigar los “inusuales altos precios” que están pagando los consumidores en su factura eléctrica. “Estamos proponiendo medidas a corto plazo a los países miembros y estamos enfocándonos en áreas donde el actual diseño del mercado eléctrico se puede mejorar”, matizó Timmermans.
En la batería de medidas adoptada por la Unión Europea ‘REPowerEU’ para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania y la dependencia energética del gas ruso, la Comisión dio su visto bueno a que los países de la alianza “considerasen la adopción de impuestos” a los beneficios obtenidos por las eléctricas. “Tales medidas deben cumplir ciertos criterios para garantizar que sean proporcionales, limitadas en el tiempo y que eviten distorsiones indebidas del mercado”, detalla el organismo internacional a través de una nota de prensa.
Asimismo, en línea con la implantación de un impuesto a las grandes corporaciones financieras anunciado también por Sánchez, el Banco Central Europeo (BCE) también manifestó la semana pasada su intención de limitar sus “ganancias millonarias” a través de un aumento de tasas. Según detalla el Financial Times, estas se habrían obtenido gracias a la concesión de préstamos baratos por parte de la entidad europea durante la pandemia.
Al menos cinco países europeos ya cuentan con un impuesto a los beneficios de las eléctricas
Según se detalla en el informe National policies to shield consumers from rising energy prices, redactado por el think tank europeo Bruegel y publicado el pasado 6 de julio, cinco países de Europa ya cuentan con un impuesto a los beneficios de las eléctricas. Estos serían Reino Unido, Italia, Rumanía, Bulgaria y Hungría. Otros países como Grecia, Bélgica, Irlanda, Portugal o República Checa ya han anunciado que barajan la imposición de este impuesto dentro de este contexto.
Asimismo, el Gobierno de coalición de Alemania se encuentra en pleno proceso de negociación interna sobre la implantación o no de este gravamen. El ministro de finanzas germano, Christian Lindner, manifestó su negativa a la adopción de esta medida el pasado mes, según recoge ABC News. Asimismo, IntelliNews detalla que el Ejecutivo eslovaco rechazó la implantación de este impuesto tras negociar con su principal productor, Slovenske Elektrarne (SE).
Reino Unido
El Gobierno británico aprobó el pasado mes de mayo un impuesto del 25% a los productores de gas y petróleo. Según Reuters, el por entonces ministro de finanzas del país, Rishi Sunak, explicó en el parlamento de Westminster que este tendría un carácter “específico y temporal” y que recaudaría en torno a 5.000 millones de libras (aproximadamente unos 6.900 millones de euros al cambio actual) en los próximos 12 meses.
Italia
En esta misma línea, el Ejecutivo italiano ya aprobó el pasado mes de enero un impuesto a los beneficios obtenidos por las empresas de la producción eléctrica. Según Bloomberg, este gravamen se sitúa en el 25%, a pesar de que se situó en el 10% en el momento inicial de su implantación. La hacienda italiana espera recaudar un total de 11.000 millones de euros a través de este tributo.
Hungría
A principios de junio el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, anunció la entrada en vigor de un impuesto a los “beneficios caídos del cielo” que afectaría al sector energético, de banca y de telecomunicaciones del país, según explica Bloomberg. Las compañías petroleras que importen gas ruso, como Mol Nyrt, pagarán un impuesto del 25 % sobre la diferencia del precio entre el crudo ruso y el barril de Brent.
Rumanía
El Ejecutivo rumano ratificó un nuevo impuesto sobre las ganancias obtenidas por las eléctricas del país. Este gravamen del 80 % ha estado vigente durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
Bulgaria
El pasado mes de octubre el Gobierno búlgaro aprobó un impuesto a los beneficios generados por las compañías eléctricas que únicamente afectaría a la planta nuclear de Kozloduy, tal y como explica Euractiv. Según detalló su ministro de Energía, Alexander Nikolov, los 225 millones de euros que se esperaban recaudar a través de esta medida ayudarían a mitigar el aumento en los precios de la electricidad del 75% en el país.
