El 22 de mayo de 2021 entró en vigor la ley española de cambio climático y transición energética, una norma que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abordar una reforma en el sistema energético. Una de sus principales metas es que España sea neutra en carbono antes de 2050, es decir, que sólo emita los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos de manera natural por el planeta.
Junto a este objetivo, la norma despliega una serie de medidas y objetivos a corto y largo plazo en los sectores del transporte, de la energía o de la movilidad. En el primer aniversario de la ley, analizamos algunas de las metas que se marca y si se han cumplido o aún están por abordar.
Objetivos a corto plazo incumplidos: mapa con puntos de recarga eléctrica
En los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, el Gobierno debía publicar un mapa con los puntos de recarga eléctrica para vehículos. Sin embargo, la web que los incluirá, geoportalgasolineras.es, aún no ofrece esta información. En marzo de 2022, el Gobierno aprobó un real decreto para regular los servicios de recarga de vehículos eléctricos y entonces anunció que “una orden ministerial en tramitación” regulará el tipo de información que se deberá enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para publicar este mapa oficial.
Uno de los principales objetivos marcados a corto plazo por la ley es que “antes de 2023” las grandes ciudades aprueben planes de movilidad sostenible que incluyan zonas de bajas emisiones (ZBE). En concreto, la ley obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer este tipo de áreas restringidas al tráfico. Según el padrón municipal de 2021, son 149 municipios los que están obligados y habría que añadir a las islas y a los municipios de más de 20.000 habitantes con problemas de contaminación atmosférica.
Sin embargo, hasta ahora sólo Madrid y Barcelona cuentan con zonas de bajas emisiones. A falta de menos de un año para que acabe el plazo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha empezado a asignar de forma provisional parte de los fondos europeos de recuperación que permitirían crear 62 nuevas zonas de bajas emisiones y el Gobierno ha esbozado las características que deberían cumplir.
Objetivos a corto plazo cumplidos: facilitar el autoconsumo fotovoltaico y la ley de residuos
Para los primeros seis meses de su entrada en vigor, la ley contemplaba nombrar a un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal “que valorará la fiscalidad verde”, es decir, los impuestos dirigidos a reducir los impactos sobre el medioambiente, como los impuestos a los combustibles fósiles. En marzo de 2022, la ministra de Hacienda recibió el Libro blanco sobre la reforma tributaria en España, incluyendo un capítulo sobre este tema.
Un objetivo conseguido es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para “facilitar y flexibilizar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propiedad horizontal”, es decir, en comunidades de vecinos. El Ejecutivo lo hizo el 6 de octubre de 2021, antes del plazo de un año marcado por la norma.
Otra meta se cumplió antes incluso de que entrase en vigor la propia ley. La norma preveía que el Gobierno enviara a las Cortes un Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para dar un impulso a su tramitación y renovar la anterior ley de residuos, de 2011. El Ejecutivo remitió el borrador al Congreso el 18 de mayo de 2021, cuatro días antes de que entrase en vigor la ley climática. La nueva ley de residuos fue aprobada finalmente el 31 de marzo de 2022 e incluye medidas como la venta a granel en los supermercados, censos municipales de amianto y dos impuestos al plástico.
Situación de algunos objetivos a largo plazo: favorecer las renovables y reducir emisiones
En cuanto a las metas para los próximos años, de cara a 2030, el objetivo es tener un sistema eléctrico donde el 74% de la generación de electricidad provenga de “energías de origen renovable”. En 2021 las renovables produjeron el 46,6% de toda la electricidad en España, según el balance anual de Red Eléctrica. Este avance supuso un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto a 2020. Por otra parte, la ley de cambio climático prohibió el fracking, una técnica para extraer gas o petróleo (combustibles fósiles) poco accesibles que provoca impactos ambientales y que está prohibida en otros países europeos, como Francia o Bulgaria.
Otro de los grandes objetivos a largo plazo es la reducción de gases de efecto invernadero. La ley climática busca para 2030 reducir al menos un 23% las emisiones con respecto a 1990. En 2020, un año marcado por el confinamiento y una menor movilidad y actividad económica, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 5,3% con respecto a 1990, según el inventario nacional de emisiones elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Pero los datos de 2021 aún no se han publicado y de momento es difícil evaluar aún el cumplimiento de este objetivo.
Aunque sin fecha, la ley de cambio climático también obliga al Gobierno a presentar a las Cortes un proyecto de ley de movilidad sostenible, que ya está en proceso de consulta pública previa. También sin fecha, la norma establece la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático a nivel nacional con la tarea de preparar un informe de recomendaciones y propuestas que será público y se enviará al Gobierno y al Congreso para “facilitar la toma de decisiones” sobre cambio climático. El organismo se reunió por primera vez en noviembre de 2021 y está previsto que publique sus conclusiones entre el 21 y el 22 de mayo de 2022, coincidiendo con el primer aniversario de la ley.
