El preacuerdo alcanzado el 28 de septiembre, cuyas condiciones tiene que aceptar Maricarmen, establece que Urbagestión continúe alquilando el piso a la afectada por un precio que no supere el 30% de sus ingresos
El 28 de septiembre se anunció un preacuerdo para que Maricarmen pueda volver a su vivienda, tras una reunión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) con el servicio de intermediación de arrendamientos municipal, representantes de Urbagestión, la abogada de Maricarmen y representantes del Sindicato de Inquilinas.
En una comparecencia tras la reunión, la consejera delegada de la EMVS, Ana de Miguel Cabrera, detalló que se había acordado un alquiler, cuyo arrendatario será Urbagestión (empresa propietaria del piso de Maricarmen), que no supere el 30% de sus ingresos netos. Según aseguró su abogada a los medios el 29 de septiembre, es Maricarmen quien tiene que aceptar estas condiciones. A las 14h del 29 de septiembre, se desconoce si ha aceptado.
El encuentro del 28 de septiembre se produjo después de que la EMVS emitiese un comunicado rechazando la propuesta de Urbagestión de incorporar la casa al Programa ReViVa. La EMVS lo rechazó porque determinaron que no se cumplían los requisitos para incorporar el inmueble al programa. Esta propuesta de Urbagestión, cuyo contenido aparece parcialmente en una publicación de El Economista, ocurrió dos días después del desahucio de Maricarmen.
El programa ReViVa es una iniciativa pública del Ayuntamiento de Madrid en la cual un propietario cede su vivienda vacía a la EMVS durante un periodo de tiempo concreto sin perder su titularidad. En la web de la EMVS se indica que una vez el inmueble se incorpora a su parque de viviendas, el propietario recibe una “renta mensual independientemente de que la casa tenga o no inquilino adjudicado”.
La dirección de Urbagestión aseguró que el Sindicato de Inquilinas no hizo posible que la empresa contactase con Maricarmen
Onda Cero publicó el 25 de septiembre que, según el “propietario de la empresa” dueña del piso de Maricarmen, “la intervención del Sindicato de Inquilinas dificultó el contacto directo con Maricarmen” y que fue “imposible contactar con ella [Maricarmen] para negociar”, antes de que se produjera el desahucio.
Sobre su ofrecimiento para negociar, Ricardo Alonso, uno de los directivos de Urbagestión, declaró el 28 de septiembre a Espejo Público que “hace unos meses” invitaron al Sindicato de Inquilinas a un “acto de conciliación al cual renunciaron” [min. 8:13] y que “hubo un par de situaciones, pero rápido llegó la desconfianza” [min. 4:52].
Alonso también detalló a El Economista el 28 de septiembre que el Sindicado de Inquilinas “creó un escenario de máxima desconfianza con comportamientos que perseguían otros fines y una fuerte politización”.
Ricardo Alonso indicó al programa de Antena3 ‘Espejo Público’, sin mencionar por parte de quién, que en su empresa se han visto sometidos a “coacciones y extorsión”, detallando que se trataría de una “actuación coordinada” en la que les habrían hackeado los teléfonos móviles y los correos electrónicos [min. 6:41]. No aportó pruebas de ello.
La abogada de Maricarmen afirmó el 24 de septiembre que Urbagestión nunca había contactado con la afectada
Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, detalló el 24 de septiembre en el programa de laSexta ‘Al Rojo Vivo’ que durante estos años han intentado negociar con Urbagestión “por activa y por pasiva” [min. 2:50]. Beatriz Duro también ha asegurado que “con Maricarmen nunca han contactado” y que desde Urbagestión “nunca han accedido a escuchar las propuestas de negociación de ningún tipo” [min. 3:10].
Por su parte, Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo el 25 de septiembre en una entrevista en Radio Nacional de España que Urbagestión “se ha negado a negociar durante siete años”.
Maldita.es contactó el 28 de septiembre con Sindicato de Inquilinas, Urbagestión y con despacho de abogados de Maricarmen, Duroa Abogados, y a 29 de septiembre no hemos recibido respuesta.