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MALDITO BULO

No, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha propuesto gastar 214 millones de euros para demoler el Valle de los Caídos

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Política

En los últimos días se ha comentado mucho cuál podría ser la postura del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez con respecto al Valle de los Caídos o a la Ley de Memoria Histórica. De entre todo lo publicado hemos recibido muchas consultas sobre lo publicado por webs como Alerta Digital, Caso Aislado, Ikusle  que afirma que "El Gobierno de Sánchez gastará 214 millones de euros en demoler el Valle de los Caídos y exhumar los huesos de más de 100.000 republicanos", además de nuevas medidas legislativas relativas a la memoria histórica.

Esta noticia es un ejemplo de hechos reales mezclados con hechos falsos. La analizamos:

El PSOE no ha propuesto demoler el Valle de los Caídos, sino reconvertirlo

En los "presupuestos alternativos" presentados por el Partido Socialista durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del entonces Gobierno del PP se recogía una partida de 21 millones de euros, muy alejada de los 214 millones que afirma Alerta Digital, destinada a "exhumaciones, creación de un banco de datos de ADN, comisión de la verdad, elaboración de censo y retirada de simbología franquista, consejo de la memoria de España, redefinición y reorientación del Valle de los Caídos en El Escorial, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y conforme a los informes del Comité de Expertos".

El informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que se publicó el 29 de noviembre de 2011, no recoge en ninguna de sus 30 páginas la posibilidad de demoler el Valle. Al contrario, recomienda un "esfuerzo económico" para "detener el creciente deterioro de todo el conjunto del Valle de los Caídos" así como "reconvertirlo en un lugar para la memoria de las víctimas y los muertos en la Guerra Civil" y una "resignificación integral" utilizando elementos ya existentes (instalar un elemento artístico en la esplanada delantera, un centro de interpretación, etc…). Las mismas recomendaciones, que evocan un principio resumido en "explicar y no destruir" también recogen mantener el nombre de Valle de los Caídos, así como no alterar el interior de la Basílica ?y realizar obras de conservación y rehabilitación

Sí recoge el informe que para esa resignificación es necesario trasladar los restos de Franco a otro lugar y evitar que los restos de Primo de Rivera ocupen un ligar preeminente.

En el pasado sí ha habido una propuesta para demoler el Valle pero fue presentada por Compromís en el Senado. Fue tumbada con los votos del PP, mientras que Ciudadanos y PSOE se abstuvieron.

Una nueva ley de Memoria Histórica

El artículo de Alerta Digital continua con la posibilidad de una nueva ley de memoria histórica, añadiendo que propone "apropiarse de este monumento [...] Para ello propone demolerlo y reconvertirlo". 

Sí es cierto que el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la ley de Memoria Histórica en diciembre de 2017, pero de nuevo se recoge algo que no es cierto: la proposición no incluye en ningún lugar de su redactado la demolición del Valle. El texto dedica un artículo específico, el 29, a qué debe hacerse con el Valle: derogar ciertos decretos como el de 1 de abril de 1940, que define el objeto del Valle como "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada", el que establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos o aquellos que asignan a Patrimonio Nacional el patronato y representación de la Fundación. También definir un nuevo estatus jurídico y, de nuevo, reconvertirlo en un centro nacional de memoria.

Sí se reflejan en el artículo otras cuestiones que son ciertas y aparecen en la proposición de reforma de la ley, como un apartado de sanciones por incumplimiento de la misma, la destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos o materiales que se utilicen para fomentar, promover o incitar directamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo o la tipificación de la negativa o incumplimiento de la ley para castigar a los funcionarios públicos que rechacen ponerla en práctica.

Imagen: Merce en Flickr.

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