Los países no están haciendo lo suficiente para evitar un cambio climático peligroso para las personas, como han comprobado distintos informes de Naciones Unidas y organizaciones independientes que comparan los compromisos nacionales de reducción de emisiones y las políticas aplicadas con los esfuerzos realmente necesarios. En este contexto, organizaciones ecologistas y activistas medioambientales han encontrado una nueva forma de redoblar la presión para que Estados y empresas aumenten su acción climática: los litigios climáticos.
Los litigios climáticos consisten, básicamente, en emprender acciones legales. Estas demandas a veces reclaman la aplicación de la legislación climática ya existente o que se incluyan objetivos climáticos en otras leyes; también exigen a responsables políticos y empresas que sean más ambiciosos y rigurosos en sus planteamientos sobre el cambio climático, establecen definiciones claras de los derechos humanos y las obligaciones afectados por el cambio climático o solicitan una compensación por los daños causados relacionados con el clima, explica un informe de Naciones Unidas y el Columbia Law School de 2023
En diciembre de 2022, dicho informe contabilizó un total de 2.180 demandas relacionadas con el clima presentadas en 65 instancias procesales. Estas instancias incluyen tribunales internacionales y regionales, órganos cuasijudiciales y otros órganos jurisdiccionales, como los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y los tribunales de arbitraje.
Estos más de dos mil casos son un 40% más de los contabilizados para el último informe (1.550), publicado en 2020, y más del doble de los conocidos en 2017 (884). Reflejan por tanto una situación en alza, aunque se han añadido en este informe casos más antiguos que no estaban incluidos, es decir, es un número acumulativo. Aunque la práctica de los litigios climáticos se está extendiendo a muchos países, la gran mayoría de casos aún tienen lugar en Estados Unidos, indica el informe de 2023.
En Europa es muy conocido el caso de Países Bajos donde, tras cuatro años de sentencias y recursos, en diciembre de 2019 el Tribunal Supremo holandés ordenó al Ejecutivo reducir los gases de efecto invernadero por considerar que debía “proteger al ciudadano del deterioro del entorno” y que “la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general”. El jurado obligó a que para 2020 se rebajaran las emisiones un 25% con respecto a los niveles de 1990. Países Bajos cumplió con la sentencia, pero el cambio se debió sobre todo a los precios de la energía, un invierno cálido y la pandemia que paralizó todo a lo largo de 2020, según la organización ecologista que impulsó el caso.
En España, las organizaciones ecologistas Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción demandaron al Gobierno en 2020 por considerar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC, la norma que establece objetivos de reducción de emisiones y la política energética, actualmente renovándose) era insuficiente para proteger el clima. El documento establecía un objetivo de reducción del 23% y las organizaciones demandantes exigían una reducción del 55%. En 2021, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se unieron al caso.
Este 27 de julio de 2023 la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el caso porque considera que el PNIEC era ajustado a derecho, no arbitrario y supone integrarse en el compromiso asumido por la Unión Europea en esta materia. El borrador del nuevo PNIEC eleva el objetivo de reducción al 32%.
Foto de portada de Vicente Villamón
